Estos últimos meses la plácida y tropical vida cartagenera se ha visto vulnerada de forma imprevista por el horrible hedor proliferado en cantidades mayúsculas por los desechos dejados de recolectar por la empresa de aseo urbano Veolía.
Al parecer, las personas que tienen a cargo esta inmaculada ciudad no se dan cuenta de la gravedad del problema, que no solo pasa a hacer una simple crisis por la falta de recolección de desechos, sino también una vulneración sistematizada de las garantías constitucionales a las cuales tiene derecho el ciudadano de a pie.
Para los amantes de las leyes y el orden jurídico justo no será un secreto que la vulneración precitada con anterioridad encuentra su sustento constitucional en el artículo 79 de la carta magna, toda vez que este indica el derecho que todas las personas tenemos de gozar un ambiente sano y el deber del estado a propender por su cuidado; asunto el cual no está siendo revisado por los funcionarios que tienen a cargo esta exigencia legal.
Por consiguiente, es necesario anotar que según la Asociación Española para la Calidad (AEC), este tipo de problema se conoce en el mundo científico con el nombre de contaminación odorífera; causada por los malos olores provocados a consecuencia de actividades industriales, depuradoras, vertederos, etc. Se ha de decir que a pesar de no ser tóxicos puede ocasionar problemas respiratorios, alteraciones psicológicas, etc.; además de todo esto, existe el problema de los vacíos legales que desfavorecen las actuaciones que buscan acabar por el problema, en el entendido de que no existe un fundamento normativo.
La suerte está echada, las reuniones con el Concejo y los innumerables puestos de mando unificado entre alcaldía y la empresa Veolía, parecen dar un resultado que entristece de sobremanera a la población cartagenera, en el entendido de que no están funcionando las políticas públicas en esta materia.
Con toda esta situación, que parece estar más alejada de una casualidad y estar más cerca de algo sistemático e indiscriminado es hora de que las autoridades, en lugar de estar arrellenadas en los sofás de sus oficinas, se pregunten si todavía es beneficioso para la ciudad continuar con esta empresa para el manejo de desechos o será mejor dar por terminada esta concesión; pero creo, queridos amigos, que esto será materia para una próxima conversación.
