El 30 de octubre pasado el entonces alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo recibió la bandera panamericana en Santiago de Chile que acreditaba a la ciudad como sede de los juegos Panamericanos del año 2027, estas justas son la más alta dignidad en el ciclo olímpico que se le otorga a una ciudad por ser la antesala de los juegos olímpicos cada cuatro años y es el evento olímpico más importante del ciclo.
Ser sede tiene un costo económico que se le paga a Panam Sport, la empresa organizadora del evento, pero este es infinitamente más bajo que el derrame de recursos que genera esta competición que puede multiplicar hasta por 10 veces la cifra invertida.
En el caso de Barranquilla, el gobierno nacional debía entregarle a Panam Sport, empresa dueña de los derechos de los juegos 8 millones de dólares, se esperaba que los juegos le dejaran al país más de 400 mil millones de pesos en ingresos con la llegada de atletas y turistas del continente americano entre los que está la potencia de los Estados Unidos, una de las naciones más importantes en el mundo en temas deportivos.
Otra de las grandes ventajas de ser sede es que en las olimpiadas se alcanzan más cupos y por ende un mayor número de medallas que en el mundo olímpico significa dinero y desarrollo para los países.
Las ciudades sedes de los juegos desarrollan la infraestructura deportiva a niveles inigualables por tratarse de un evento antesala de los juegos olímpicos.
Desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro y con la sede ya otorgada empezaron a aparecer los reparos del ministerio de Deportes a la realización de los juegos.
Primero, la ministra María Isabel Urrutia manifestó que Barranquilla no debía ser la sede y presionó para que esta se le otorgara a Cali.
Como Panam Sport es una empresa privada y lo que se firma es un contrato que no está sujeto a decisiones de gobernantes ni privados y ese documento tiene fuerza de ley para las partes esa solicitud no fue siquiera escuchada, pero dejó un gran sinsabor en Panam Sport.
Al llegar Astrid Rodríguez al ministerio del Deporte en reemplazo de Urrutia se reencaminó el tema de la sede, pero la nueva jefe de la cartera sujetó la entrega de los recursos a que las justas se desarrollaran en todo el caribe, Panam aceptó abrirlas, como nunca lo había hecho a 4 ciudades, Cartagena, Sincelejo, Santa Marta y Barranquilla, el gobierno pidió que se hiciera en los 8 departamentos del caribe incluido San Andrés.
En Santiago de Chile al finalizar los juegos Panamericanos el pasado mes de octubre el gobierno colombiano asumió el compromiso de entregar los 8 millones de dólares en dos plazos, uno de 4 a más tardar el 30 de diciembre de 2023 y el segundo al finalizar enero de 2024. Los recursos quedaron en reserva presupuestal del año 2023 y los juegos se garantizaron.
Ayer 2 de enero y ante el incumplimiento total del gobierno colombiano con la fecha de entrega del dinero, el presidente de Panam Sport, Neven Ilic, pidió a la junta de su organización una reunión urgente, expuso el caso, los riesgos de un evento sometido al vaivén de la política, las rencillas internas y las malas relaciones del gobierno Petro con quienes fueron sus contrincantes en la contienda electoral.
La junta le dio poderes plenos para negociar con Asunción de Paraguay, que al escuchar la oferta consignó de inmediato el monto teniendo en cuenta el incumplimiento contractual de Colombia y le otorgó la sede a esa ciudad rescindiendo inmediatamente el contrato y aplicando la cláusula de incumplimiento.
Cuando se notificó la decisión a la alcaldía de Barranquilla el recién posesionado alcalde Alex Char suplicó a la organización reconsiderar la decisión, a la charla se unió la ministra del deporte Astrid Rodríguez que entre asustada y arrepentida manifestó su decisión de hacer el pago de inmediato ya que el dinero estaba provisionado.
El presidente de Panam Sport en tono cortante y decidido les manifestó que era imposible reconsiderar la decisión, que era un riesgo hacer un evento con un gobierno, el nacional, tan variable y advirtió que la decisión de retirar la sede de Barranquilla vendría con sanciones.
Esa sanción es tan grave como la propia decisión de retirar la sede y consiste en que Colombia como país no sería invitado a los Juegos Panamericanos, esta vez en Asunción en 2027 lo que en la práctica haría muy pobre la participación en los Olímpicos de Los Ángeles en 2028.
Ahora Colombia queda mal calificada para ser tenida en cuenta como sede de eventos deportivos internacionales ante este antecedente.
Por ejemplo, la Fórmula 1 que tenía designada a Barranquilla como ciudad elegida para realizar el Gran Premio del Caribe y que exigió una carta del gobierno nacional manifestando su beneplácito por este evento, ya que esta es una actividad netamente privada donde no hay recursos públicos, se quedó a la espera de ese documento que para esa empresa es fundamental y que genera la confianza de ser bien recibida en la nación donde se realiza este evento, tal vez el más importante del mundo junto a la Copa Mundial de futbol.
El gobierno Petro no generó la carta, manifestó en varias oportunidades su desacuerdo con la llegada de este evento mundial y la organización prefirió escuchar a otros países de la cuenca del caribe para realizar esta válida allí.
La Fórmula 1 en México por ejemplo deja en cuatro días de realización más de 100 millones de dólares diarios de derrame a la economía del DF, llega medio millón de turistas y tiene el apoyo económico de Claro, la empresa de Carlos Slim.
La decisión de Panam no solo afecta a Barranquilla, afirman expertos en temas deportivos, afecta a todos los deportistas de Colombia que no podrán participar en este evento, hacer marcas y llegar a los juegos olímpicos en cuatro años con buenos guarismos.
