Históricamente en Colombia ha habido patrones de violencia que dieron origen al conflicto armado y han mantenido su persistencia. El despojo tierras a campesinos por parte de terratenientes; la violencia directa del Estado como recurso para cerrar el paso a fuerzas políticas populares; la colaboración entre las distintas ramas del poder público -controladas todas por la misma clase política y económica- para dejar en desventaja a los partidos minoritarios en la contienda democrática; el apoyo de algunos gremios económicos a la estrategia paramilitar; la corrupción y el narcotráfico.
El Acuerdo de La Habana quiso atacar en profundidad y de manera integral y estratégica estos patrones de violencia, como condición ineludible para superar el conflicto armado y avanzar en la construcción de una paz “estable y duradera”. Lastimosamente, la no implementación durante el periodo de gobierno de Iván Duque (2018-2022), al que se le recuerda por su consigna de “hacer trizas el Acuerdo”, dejó intactas las causas sociales y políticas del conflicto armado en el país. Esto ha sido determinante para que los espacios dejados por las antiguas FARC-EP, fueran ocupados por los demás actores armados ilegales, tanto políticos como delincuenciales.
De otro lado, el Estado con sus Fuerzas Armadas ha seguido guiándose por la doctrina contrainsurgente y su vocación antidemocrática. El odio histórico que contra las FARC existió en sectores de las élites políticas y en la institución castrense no cesó en esta etapa del posacuerdo, reflejándose en la estigmatización que muchos de sus agentes practican, la que incide de forma decisiva para que los firmantes de paz sean asesinados. Con la lógica consecuencia del fortalecimiento de organizaciones paramilitares como las AGC que se han extendido por distintas regiones y constituyen grave amenaza contra firmantes y líderes sociales, muchos de los cuales han caído asesinados por sus balas.
A los actores de violencia anteriores, se sumó la presencia de dos nuevos grupos armados procedentes de las antiguan FARC-EP: las denominadas disidencias “Estado Mayor Central” y “Segunda Marquetalia”. La primera, acusa a los firmantes del Acuerdo de La Habana de haber traicionado los ideales de Manuel Marulanda y el proyecto político que siempre mantuvo las antiguas FARC-EP. La segunda, aunque reconoce el Acuerdo, descalifica a la dirigencia del partido surgido del mismo y se proyecta la construcción de una nueva alternativa política con la antigua base social de las FARC.
La situación de amenaza para los firmantes se agrava en tanto que las dos “disidencias” están en guerra entre ellas. Los escenarios de la confrontación son los territorios dejados por las antiguas FARC-EP, precisamente en donde la mayoría de firmantes hacen sus procesos de reincorporación social, económica y política. Ello hace que los excombatientes, al igual que muchos líderes sociales, queden en medio de la confrontación, siendo, muchos de ellos, acusados de simpatizar con el grupo contrario, y por tanto caen asesinados.
El ELN se suma como actor victimario contra los firmantes al mantener una alianza con la Segunda Marquetalia. Situación empeorada porque, según la región de que se trate, ya sea el ELN, la Segunda Marquetalia o el “Estado Mayor Central”, son acusados por su contraparte de estar comprometidos en una alianza con el Ejército Nacional.
Tal sucede en el “Cauca, donde se han concentrado buena parte de los combates con el ELN al que, paradójicamente, los disidentes acusan de mantener tratos con el Ejército, una acusación similar a la que el propio ELN hace contra la disidencia en Arauca[1].
De ser verídico esto, se daría validez, de cierta forma, a la tesis de algunos analistas quienes sostienen que en el fondo de esta tragedia existe una perversa estrategia de la inteligencia militar para exterminar a los exguerrilleros y líderes populares, instrumentalizando para este propósito a los distintos grupos armados que se lucran del narcotráfico y de la minería ilegal, a los que se les otorga una especie de franquicia, dependiendo de la región en la que operen.
En medio del complejo entramado de intereses, estrategias y tácticas de guerra de tantos actores armados, la institución encargada de adelantar las investigaciones no aporta resultados contundentes sobre los autores y causas de los 370[2] asesinatos a firmantes acaecidos desde la firma del AFP. Ello hace que se mantenga la confusión y que cada actor violento “pesque en río revuelto”.
El diagnóstico que aquí se expone, también desdibuja la tesis de otros analistas, quienes entienden el actual conflicto armado como un conjunto de focos, remanentes de violencia, esparcidos en la geografía nacional. Esta mirada simplificadora, puede llevar a invisibilizar los hilos criminales que unen los “focos” entre sí, como parte que son de varias estrategias nacionales que se cruzan. Derivando de allí el equívoco que la forma de superar el conflicto es sofocar los incendios mediante la acción militar del Estado.
En conclusión, el desangre contra los firmantes de paz solo se puede parar con un ajuste de la estrategia de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Debe empezarse por el cumplimiento integral del Acuerdo de La Habana. Simultáneamente, exigir a las organizaciones armadas en proceso de conversaciones de paz, el respeto al DIH sobre la base de un acuerdo de cese de hostilidades que proteja la vida, la seguridad y la integridad personal de toda la población civil, sin excepciones. Acuerdo que debe ser verificado mediante un mecanismo de monitoreo efectivo, con acompañamiento internacional.
*Firmante del Acuerdo de Paz de La Habana
[1] ¿Dónde y por qué se enfrentan el ELN y las disidencias de FARC de Iván Mordisco? Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-donde-y-por-que-se-enfrentan-el-eln-y-las-disidencias-de-farc-de-ivan-mordisco/?utm_source=interno&utm_medium=hipervinculo&utm_campaign=la_editora_recomienda&utm_content=secciones_editora_recomienda[2] El dato es tomado a la fecha del 23 de abril de 2023
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