Cualquier acción que violente la condición humana será siempre deleznable por ser violatoria de los derechos de los seres humanos, máxime si esos seres son niños o niñas. Estoy de acuerdo con castigos ejemplares a los asesinos y violadores de los infantes, pues por su indefensión deben ser protegidos por los mayores. Es repudiable que atenten contra la integridad de los pequeños, pero también lo es infringir las normas, valiéndose del poder político. No se puede seguir aceptando que los detentadores del poder estatal sigan haciendo de la carta magna una colcha de retazos con normas acomodadas a sus propósitos. Eso es lo que sucede con tantas leyes adecuadas a protervos intereses partidistas.
Cabe señalar que nuestros legisladores, honorables senadores y representantes de la república, están obligados a buscar marcos jurídicos constitucionales para presentar leyes beneficiosas para la nación, en general, y sus ciudadanos, en particular. Asimismo, que las leyes no infrinjan la Constitución Política del país, pues estamos en un Estado social de derecho y este debe respetarse. He allí la cuestión de la importancia de no abusar de los derechos de los asociados. Los legisladores no pueden valerse de su poder para acomodar normas en beneficios e intereses electorales. Que no haya sesgo religioso ni político ni económico en su presentación y aprobación, no obstante, la costumbre arraigada en el país de "hecha la ley, hecha la trampa".
La carta magna no puede ser vulnerada por intereses mezquinos ni por criterio ideológico, soportando modificaciones que violenten los derechos de los ciudadanos como ha venido sucediendo. Debe haber sindéresis en la presentación de leyes enmarcadas en la legitimidad y la legalidad, como también en las propuestas de actos legislativos que pretendan cambios sustanciales de la Constitución Política. No es presentar por presentar ni modificar por modificar con intencionalidad maquiavélica, poniendo contra las cuerdas a quienes aprueban o desaprueban acorde a la norma de normas.
Sin ser un conocedor del derecho, creo que la ley de cadena perpetua es violatoria de nuestra carta magna, pues en una parte del artículo treinta y cuatro reza literalmente esto: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación". ¿Se ha hecho alguna reforma a la Constitución para modificar ese artículo, entre otros? Si es así, ¿entonces por qué no se le ha aplicado a muchos violadores y asesinos de infantes?
Lo anterior me hace seguir lanzando preguntas. ¿No será que, ante el descalabro de lesivas políticas gubernamentales a los intereses de la nación, algunas eminencias gobiernistas, conocedores de la Constitución, desempolvaron la propuesta y debatiendo on line, pero con protervos intereses, quieren atacar y ablandar a los magistrados de la corte constitucional para que los colombianos manipulados, por lo medios, en sus emociones frustradas de justicia los consideren enemigos de Colombia? ¿Habrá intenciones malsanas de aprobarla a sabiendas de que será declarada inexequible por la Corte Constitucional? Pues los magistrados seguramente decidirán apegados a la Constitución y los ignorantes de la norma no comprenderán la inexequibilidad de esta, lanzando infundios.
¿Qué patraña habrá en aprobar un proyecto de ley que fue rechazado más de 19 veces y nunca fue avalado, sino hasta ahora en una crisis de salud mundial? Creo que a esa aprobación, hecha por senadores, le faltó tener en cuenta el análisis y las observaciones de los expertos. O si no, ¿por qué y para qué se consultó desde hace tiempo a expertos y especialistas? Como lo expresa el periódico El Tiempo, “en un informe elaborado por Comisión Asesora de Política Criminal, por petición del Ministerio de Justicia, y que fue entregado en mayo del 2019, los miembros que conformaban ese grupo, de académicos y abogados expertos en política criminal, le dijeron al gobierno que la cadena perpetua no solo no sería útil para prevenir estos delitos contra niños, sino inconveniente y violatoria de tratados internacionales”. Es decir, consultar para desdecir y demostrar que se sabe lo que no se sabe.
Estoy seguro, a pesar de las buenas intenciones de quienes han luchado por una justicia más fuerte contra esa vileza humana, de que hay una despreciable burla contra la inteligencia del pueblo colombiano. Se han valido de la poca criticidad e ignorancia del común de las gentes para presentarles esta ley como la panacea contra la violación de nuestros infantes.
Entonces, en un año o más, veremos a algunos políticos valiéndose de esa ignorancia y esas emociones, aupadas a través de los medios, para que el pueblo aborregado considere a los magistrados de la Corte Constitucional enemigos de la democracia y proclive al castrochavismo. Asimismo, expresarán que los magistrados no son más que áulicos del socialismo del siglo XXI que desea apoderarse de las riquezas del país hasta llevarlo a la ruina. O sea, por la ignorancia de un pueblo manipulado por los medios, utilizando el recurso emocional, más que la reflexión y el raciocinio sosegado, se causará un corto circuito neuronal en el análisis racional y crítico de los individuos. Según Noam Chomsky, el empleo del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente del individuo para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducirlo a comportamientos jamás imaginados. Esto es, estaremos presenciando a individuos maleables, sin racionalidad y criticidad. Conviviremos en el gran redil soñado por algún potentado de la finanzas y la economía.
