¿Quién entiende a Luis Almagro? Quizás la pregunta deba hacerse en función de las razones particulares que tenga el secretario general de la OEA para abominar de la democracia como lo hizo el 17 de mayo en Bolivia cuando apoyó la inconstitucional y cuarta presidencia consecutiva de Evo Morales.
Sabido es que Morales luego de perder en 2016 el referéndum para una reelección indefinida que impulsó para mantenerse en el poder hasta 2022 y completar un total de 16 años en el gobierno, presionó y obtuvo que el poder judicial desconociera la constitución “plurinacional” que solo admite una reelección consecutiva y así escamotear la voluntad ciudadana desfavorable a las aspiraciones continuistas.
Con esa constitución reformada había logrado ser reelecto en 2014 tras haber sido reelecto también en 2009.
Un nuevo “derecho humano”
Evo Morales, a través del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, innovó en la jurisprudencia de derechos humanos y justificó su obsesión continuista —lo que postergaría su anunciado retiro para disfrutar de la vida junto “a una quinceañera” como afirmó en 2014— con el absurdo enunciado de que la reelección presidencial por encima de la ley boliviana es “un derecho humano”. Se hizo candidato mediante el control del Tribunal Electoral pese al rechazo de más del 70% de los bolivianos. Buen discípulo de Pepe Mujica y su célebre “lo político está por encima de lo jurídico”.
Hubo muchos cuestionadores dentro y fuera de Bolivia a esa alcaldada del exdirigente cocalero. Entre ellos Almagro, quien en 2017 sostuvo que "Evo Morales deberá respetar la decisión popular que dijo no a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo".
Almagro reiteró su crítica a Evo Morales un mes después, apoyado en un informe que había solicitado a la Comisión de Venecia, órgano asesor de la Unión Europea formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, que resultó confirmatorio “del criterio planteado por las Misiones de Observación Electoral de la OEA”.
En esa oportunidad Almagro fue enfático en presentarlo no como “una opinión política”, sino como “un documento con plena validez jurídica”.
Borrar con el codo
¿Y qué dijo Almagro días atrás durante su estadía en Bolivia? Que “Si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales y decir que Evo Morales no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos, más allá de los posicionamientos filosóficos al respecto, más allá de los posicionamientos políticos al respecto”. Como dijo una cosa en 2017, ahora dice otra.
No es la primera vez
A Almagro le costó entender el desvirtuamiento democrático existente en Nicaragua desde por lo menos nueve años atrás. Eso le llevó a errarle en la homologación de las fraudulentas elecciones de 2016 en que Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez consecutiva; en no haber entendido en qué consistió la reforma constitucional acordada con el corrupto expresidente Arnoldo Alemán, por la que Ortega llegó nuevamente al poder en 2006; en no ver la desarticulación de la oposición pergeñada por el sandinismo; en sus conversaciones con Ortega a lo largo de los primeros años de estar al frente de la Secretaría General de la OEA. Erró también en el envío de representantes suyos a dialogar con la dictadura nicaragüense en 2016 y 2017, con la instrucción de que no atendieran a la oposición. Recién a partir de abril de 2018, cuando los muertos se sumaban en las calles de Managua y en otras ciudades del país de los volcanes, Almagro asumió un rol decisivo en la condena a un régimen que ha superado en vesania al somocismo.
También erró en Perú
Cuando se inició la crisis peruana por el pedido de renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), también hubo críticas a Almagro y su equipo. En diciembre de 2017, un día antes de debatirse por primera vez la vacancia del entonces presidente PPK, arribaron al Perú dos comisionados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviados en misión: el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, el uruguayo Jean Michel Arrighi; y el empresario argentino Gustavo Cinosi, Asesor de Asuntos Institucionales de esa misma organización; el mismo que la semana pasada calificó de “ignorantes” a algunos de los legisladores bolivianos de la oposición que cuestionaron el respaldo de la OEA a Evo Morales.
La periodista peruana Laura Grados relató que en 2017, diferentes legisladores que propiciaban la renuncia de PPK consideraron que Almagro intervino más de lo que le correspondía en aras de evitar la renuncia del entonces presidente peruano. En esas reuniones que el personal de la OEA mantuvo con legisladores peruanos y con el propio PPK, este llegó a preguntar cómo se consideraría internacionalmente un indulto al exdictador Fujimori, carta desesperada de PPK para salvar su pellejo.
Los esfuerzos de Almagro fueron vanos pues finalmente PPK renunció y hoy enfrenta juicio por corrupción.
Mis preguntas a Almagro
¿Almagro no ha percibido que los actuales dictadores de Nicaragua y Venezuela han utilizado a la democracia y sus instituciones para llegar al gobierno y entronizarse en el poder?
¿No cree que Evo Morales pueda estar siguiendo el mismo derrotero?
¿Qué si bien las tres administraciones de Morales han tenido sus innegables logros, no justifican pervertir los mecanismos democráticos?
¿No conoce Almagro el daño hecho por el caudillismo latinoamericano en los siglos XIX, XX y XXI?
¿Por qué en el caso venezolano reivindica el pronunciamiento ciudadano que en 2015 otorgó mayoría legislativa a la oposición al chavismo, y en el caso boliviano desatiende el resultado del referéndum de 2016?
No es un asunto de equilibrio personal o de comprensión democrática del secretario general de la OEA. Es la democracia latinoamericana la que está en juego en cada uno de los procesos en que las naturales fisuras que ofrecen los sistemas republicanos se transforman en grietas cuyos resultados son trágicos como en Nicaragua y Venezuela, o dividen hasta el paroxismo a una sociedad como se constata en Argentina
