En Colombia, la prohibición del aborto representa para muchas mujeres una sentencia de muerte, sufrimiento, estigmatización y enfermedad, sostenida a partir de la violación de la Constitución Política Nacional, que proclama al país como un Estado laico.
Sin embargo, los diferentes gobiernos han hecho uso de pseudoargumentos, provistos de una alta carga religiosa, al tiempo que soslayan el elevado índice de muerte infantil. Así sucede, por ejemplo, en La Guajira, donde de 2010 a 2018 murieron 4.770 niños indígenas a causa del hambre y el abandono estatal.
Dichos pseudoargumentos tienen el objetivo de manipular la opinión de un sector analfabeto políticamente y coartar desde el Ejecutivo, tal como lo evidencian las declaraciones de Iván Duque en 2020: "Soy una persona provida, creo en la vida desde la concepción". Sin manifestar argumentos científicos, desconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y, con ello, se le condena a asumir los riesgos físicos y psicológicos que conlleva la interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina.
La prohibición del aborto es un tema de salud pública, pero también político. Y en el caso de la posición oficial, en Colombia expresa una doble moral de quienes se han declarado provida y fomentan, al mismo tiempo, la estigmatización y penalización de las mujeres que se ven obligadas a abortar clandestinamente.
Estas posturas y políticas oficiales son las mismas que lamentablemente han facilitado la inviabilidad de una maternidad planificada y deseada, porque la decisión autónoma de las mujeres ha sido suplantada por las posturas provida acientíficas propagadas por los herederos de la inquisición, quienes simultáneamente defalcan el presupuesto para salud, alimentación y educación, entre otros, incluyendo la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos, que podría minimizar el índice de embarazos adolescentes e indeseados.
Dicho presupuesto económico se pierde en la maraña de la corrupción, la publicidad provida y la disminución del mismo para estos temas. La expresión de esta doble moral se evidencia en que, por ejemplo, prohíben el aborto esgrimiendo el derecho a la vida, pero ordenan el bombardeo contra niños, la desaparición, tortura, violación y asesinato de cientos de jóvenes. Al tiempo, declaran que exigir la despenalización del aborto es, por ejemplo, según la opinión de un congresista del partido ultraderechista Centro Democrático, aludir “al falaz argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo”.
Sin duda, la despenalización del aborto no solo dignificaría a la mujer y reconocería sus derechos sexuales y reproductivos, sino que también daría solución a una necesidad apremiante, ya que de acuerdo con estudios realizados por la organización Médicos del Mundo, “la mitad de los abortos practicados en el mundo son inseguros, incluyendo 8 millones de prácticas que utilizan métodos altamente arriesgados, como la inserción de cables en el cuerpo de las mujeres”. En Colombia, conforme a informes del Institute Guttmacher, el 33 % de las mujeres que abortan de manera clandestina sufren complicaciones médicas, llegando este índice al 53 % en zonas rurales, lo cual reafirma que la tipificación del aborto también acentúa la desigualdad social.
Según informes de la OMS, la despenalización del aborto reduce el riesgo de mortalidad por interrupción voluntaria del embarazo en un porcentaje de uno por cada 100.000 abortos, ya que las mujeres tienen acceso oportuno a procedimientos seguros; por lo anterior, la penalización de este, lejos de ser una solución, es un obstáculo jurídico y moral que pone en riesgo la integridad física y psicológica de millares de mujeres. Muchas de quienes abortan sufren de hemorragias, infecciones, desprendimiento del útero y demás patologías que si no causan la muerte, a mediano o largo plazo pueden generar infertilidad e incluso cáncer.
Para que Colombia avance en este tema, es necesario que el Estado y la sociedad en su conjunto reconozcan integralmente los derechos de las mujeres; entre ellos, el derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual implica, a su vez, una transformación sociocultural. La tipificación del aborto, aparte de atentar contra la vida de las mujeres, las discrimina y ciertamente fomenta la cultura patriarcal y machista aún muy arraigada este país. Por todo lo anterior, es un imperativo social y político el reconocimiento del aborto como derecho universal de las mujeres.
