Anoten en su calendario este día: el sábado 28 de septiembre es el día mundial del derecho a saber. Este derecho consiste en que cada ciudadano está en la capacidad de exigir que se le informe sobre aspectos que le interesen, ya sea porque quiere lograr un cambio, o por simple curiosidad.
Existen varias normas y sentencias que indican que este derecho solo se puede limitar por medio de criterios limitados: la existencia de una ley que lo indique y un balance entre lo que se protege y la necesidad de conocer la información. Por otro lado, curiosamente, hay muchas cosas que, aunque tenemos derecho, no conocemos. El interés público de la información suele hacerse de lado por algunas personas. Existen asuntos que afectan nuestra vida cotidiana que se mantienen en secreto y que darlos a conocer o buscarlos pueden ser vistos como una ofensa.
Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se ha identificado y reafirmado una y otra vez que uno de los mayores problemas para el acceso a la información y, por consiguiente, para la democracia, es la “cultura del secreto”, que se traduce en el “tapen, tapen” o en “entre menos se sepa, mejor funcionarán las cosas”. Un ejemplo, claramente, es el caso Snowden, sobre el cual habló Pilar Sáenz hace un par de semanas.
Snowden nos hizo saber que el Gobierno de Estados Unidos realiza prácticas muy particulares con el fin de ganar la lucha contra el terrorismo y la defensa de sus intereses en detrimento de la intimidad de muchos. Pese a que varias personas sospechaban que esto ocurría, no había certeza. Como era de esperarse, la información no fue dada por el Gobierno, sino por la filtración hecha por el exagente de la NSA. Las reacciones de los representantes del Estado hacen pensar que, si fuera por ellos, estos hechos nunca deberían haber visto la luz.
Esto hizo flotar aún más la curiosidad que tienen y tenemos algunos sobre cómo están interviniendo los gobiernos del mundo sobre Internet. Ya existen algunas ventanas. Quizás algunos de ustedes las conocen: se trata, por ejemplo, de los informes de transparencia de Google y de Facebook.
En estas herramientas podemos ver que desde julio de 2010 el Gobierno colombiano ha solicitado cinco veces que se retiren contenidos de Google. Una cifra poco llamativa, pero curiosa, si se tiene en cuenta que ninguna de estas se hizo a través de una orden judicial. Por otro lado, podemos ver que en un rango de seis meses antes del 30 de junio de 2013, el mismo Estado ha hecho 27 solicitudes sobre información personal a Facebook. En este caso, la existencia de una orden judicial no es clara.
Más allá de eso hay una conclusión: esa información no es suficiente. Es razonable pensar que los ciudadanos y usuarios de internet tenemos el derecho de preguntarle al Gobierno colombiano bajo qué condiciones se hicieron esas solicitudes y con qué fines. ¿Por qué?, porque en Colombia, para poder retirar contenidos y para poder interferir en la intimidad de las personas se requiere una orden judicial. Si eso no se está haciendo es necesario saber las razones. De lo contrario, va a ser más difícil, o imposible, que la ciudadanía pueda hacer la presión necesaria para que no ocurran irregularidades.
Es por esta razón que, como punto de partida, desde la FLIP se presentó un derecho de petición al Ministerio de TIC con el fin de que nos informara, entre otras cosas, cuál es el procedimiento que se está usando para solicitar el bloqueo y filtrado de contenidos en Internet a los diferentes prestadores de servicios nacionales e internacionales y; cuáles han sido los contenidos que se solicitó por parte del Estado Colombiano que fueran bloqueados o filtrados durante el año 2012 y lo corrido del 2013.
En el momento que se escribe esta columna no se ha recibido respuesta alguna, y eso que ya se han cumplido los diez días hábiles que el Ministerio tiene para responder. Tal vez haya que esperar un par de días más. Ojalá no sea necesario acudir a la acción de tutela. Y esperemos que la respuesta no sea evasiva o se escude en reservas inexistentes, eso solo prolongaría la espera.
Más allá del tiempo que tarde la respuesta se cree que esta puede traer sorpresas interesantes y que pueden alimentar el debate sobre los procedimientos de bloqueo y filtrado de contenidos y la responsabilidad de intermediarios. Este debate se ha mantenido en la esfera del derecho de autor, pero como lo advirtió RedPaTodos* con el caso de las firmas de Petro, hay otros temas que inciden en esta discusión.
De momento solo son especulaciones y pueden sonar exageradas, pero ¿Qué tal que se haya solicitado el bloqueo de algún medio de comunicación con razones poco justificadas? Sería una ocasión importante para solicitar: 1. Que desbloqueen el medio. 2. Que se creen procedimientos claros. 3. Que el Gobierno informe de manera proactiva sobre las diferentes solicitudes que hace a los prestadores de servicios de Internet.
Por otro lado, es posible que el Ministerio muestre que en realidad no hay razones para estar alarmados y den a conocer procedimientos serios y, por qué no, las órdenes judiciales que antes no se conocían. O por lo menos la señalización de en qué etapa del proceso se encuentran. Sea una respuesta que nos alivie o nos alarme hay que reiterar que es nuestro derecho saberlo.
La información que se obtenga será compartida con ustedes para revisar si hay o no arbitrariedades por parte del Estado. Si las hay, servirá para poder tomar acciones. Esto último nos sirve para recordar que la información, en muchos casos, tiene su valor en que permite garantizar otros derechos. En este caso, se trataría de una herramienta para la garantía de un Internet libre y transparente para la ciudadanía.
@EmmanuelVP
*RedPaTodos es un colectivo de organizaciones e individuos de la sociedad civil que promueve un uso incluyente de Internet y aboga por el respeto a los derechos fundamentales y las libertades civiles de todos los colombianos en el entorno digital.
@redpato2
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