El inicio del nuevo año estuvo marcado por la tormenta que provocó el anuncio del presidente de un cese bilateral al fuego durante seis meses, con cinco organizaciones armadas, entre políticas y bandas criminales.
Se conoció que el sábado 31 de diciembre, funcionarios del alto gobierno se reunieron en la Casa de Nariño con delegados de los países facilitadores y organizaciones internacionales para examinar alternativas. El gobierno decidió entonces decretar el cese bilateral, anunciado por el presidente.
Pero al entusiasmo que despertó la noticia, siguió el desconcierto, cuando el ELN señaló que esa organización no había sido consultada. Algunos medios hablaron de la peor crisis de la nueva administración.
Altos funcionaros del gobierno, en cabeza del ministro del Interior, enfrentaron la situación. Este señaló que el ELN en varias oportunidades había planteado la necesidad de avanzar en un cese bilateral, una decisión respaldada por el secretario general de la ONU, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Mundial de Iglesias y la comunidad internacional.
A pesar de la premura del anuncio público del presidente, con las aclaraciones del Gobierno Nacional, dos días después, el proceso recuperó bien pronto su rumbo y ritmo y se amainó la tempestad. Cuatro de los cinco grupos se comprometieron de inmediato a acatar la tregua. Lo que algunos analistas calificaron como un costoso error fue en últimas una falla de coordinación y comunicación. Pero este episodio requiere de un análisis más de fondo.
La paz total es el proyecto más ambicioso que se haya emprendido en Colombia, encaminado a superar más de seis décadas de conflicto armado y violencia. No hay experiencia de un proyecto de esta magnitud. Se trata de negociar la desmovilización de grupos guerrilleros remanentes y de tramitar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Ya hay avances legales y se desarrollan conversaciones en este respecto.
El acuerdo con las Farc ha sido hasta el momento el referente más importante de la búsqueda de la paz en el país. Este se dio después de una negociación de cinco años con un grupo medianamente centralizado y organizado. Produjo sus frutos, entre ellos el impulso a una gigantesca movilización social, definitiva en el triunfo electoral de Petro y Francia.
Sin embargo, el saboteo a la implementación del acuerdo por parte del uribismo encabezado por el gobierno de Duque, la no ocupación por parte del Estado de los territorios abandonados por las Farc, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, con la complicidad de elites regionales, nacionales, civiles y militares, ha sido un factor determinante del deterioro del orden público.
A ello hay que sumarle el abandono histórico por parte del Estado a las regiones más golpeadas por el conflicto armado: Catatumbo, Arauca, Nariño, Cauca, Chocó. Por ello, el gobierno del Cambio no puede darle largas a la situación de estos territorios y de sus comunidades.
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El proyecto de la paz total es la respuesta a su clamor desesperado, un punto clave para darle bases firmes a la transformación del país
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El proyecto de la paz total es la respuesta a su clamor desesperado, un punto clave para darle bases firmes a la transformación del país. Desde antes de su posesión el presidente y la vicepresidenta ratificaron su compromiso con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y con el Acuerdo con las Farc. En los cinco meses transcurridos, este ha tenido avances importantes, verificables.
Por ello, más allá de algunas preocupaciones válidas, muchas de las reacciones al desencuentro en torno al cese al fuego no pueden sino causar indignación. Vamos por partes.
El ELN anunció una tregua unilateral de fin de año el 19 de diciembre. Pero al desmentir el acuerdo, expresó que esperarán la próxima mesa de negociación en México y que no descartaban un cese bilateral “en un futuro”. Es decir, no hay un mínimo esfuerzo por salvar vidas.
La extrema derecha y los consabidos enemigos de la paz, que no se resignan a la pérdida del poder, armaron el escándalo. Basta escuchar a Pastrana, a Federico Gutiérrez o a los voceros del Centro Democrático y Cambio Radical en el Congreso. En el mismo sentido lo hicieron el presidente de Acore y otros militares retirados.
Dos de los principales representantes de la otrora Coalición Centro Esperanza, Fajardo y Robledo, expresaron su indignación por el episodio y redoblaron las críticas con las que han recibido todas y cada una de las medidas del actual gobierno. Lamentable papel de quienes encubren su fracaso político con tanto resentimiento y odio.
En contravía de ellos, Juan Fernando Cristo, quien se les salió del combo para apoyar a Petro y a Francia en la segunda vuelta, señaló en reciente artículo: “Más allá de la lógica controversia que genera la iniciativa presidencial, hay que destacar que la decisión expresa un compromiso contundente del Gobierno en defensa de la vida de los colombianos que padecen la violencia de manera directa en los territorios. (…) Una apuesta arriesgada que se sale de los moldes tradicionales de las negociaciones de paz anteriores”.
Y concluye: “Es mejor resolver inquietudes, corregir equivocaciones, ajustar estrategias, que seguir contando muertos y desplazados en zonas de nuestro país que no pueden vivir eternamente condenadas a la guerra Definitivamente, algo pesa haber sido negociador de paz.
