Por la vida, por la paz, Duque no puede ir más

No recuerdo bien en qué momento conocí a Mandela, el excombatiente y escolta de la UNP que fue asesinado el pasado viernes en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta. En cambio sí conservo en la memoria haberlo visto muchas veces al lado del Mono Jojoy, como uno de los hombres de su guardia personal y por tanto digno de toda su confianza.

A Albeiro lo recuerdo desde cuando volvió al Yarí tras la expedición que le costó la vida a Urías Rondón, en los tiempos de la zona de despeje del Caguán. Unos años después, en desarrollo del plan Patriota, el Mono me envió a su compañía móvil de combate. Era una de las tantas que integraron la columna móvil Juan José Rondón, de la que Albeiro fue un aguerrido mando.

Marchamos del Yarí hasta el Caguán y luego retornamos al sur del Meta. Un año de correría por entre selva intrincada, esquivando bombardeos de la fuerza aérea, desembarcos de la tropa, emboscadas y combates de aquella guerra cuyos pormenores se ocultaron al país. Experiencias y aventuras inolvidables que llevamos en el alma.

Cuando me enteré de que Albeiro y Mandela fueron asesinados en La Uribe, Meta, el pasado viernes, fueron muchas las imágenes que vinieron a mi cabeza. Dos duros de la guerra que le apostaron a la paz, que se la jugaron toda por el cumplimiento de su palabra, que recibieron las promesas oficiales de garantías de seguridad plenas.

Promesas reiteradamente incumplidas. Claro, para los funcionarios estatales es muy fácil señalar culpables cada vez que se producen muertes de firmantes de paz, líderes sociales o defensores de derechos humanos. Sindican a las bandas criminales al servicio del narcotráfico, a grupos armados organizados o residuales, a algunas guerrillas o disidencias.

Como si el gobierno actual no tuviera nada que ver con la emergencia y expansión de estos actores violentos. La verdad es que sí. El partido del presidente Duque, su líder e ídolo máximo han  combatido de todas las formas posibles la consolidación de la paz en nuestro país, se han propuesto hacer trizas los Acuerdos de La Habana, derivan ganancias de la guerra fratricida.

Si Duque ha tenido que implementar algo del Acuerdo Final de Paz ha sido a regañadientes, presionado por la comunidad internacional y los desarrollos que alcanzó lo pactado durante los últimos meses del gobierno Santos, al que odian sobre todo por haber firmado la paz. Duque y su partido están por la confrontación, por las soluciones violentas, por el conflicto perenne.

Por eso enterraron cualquier posibilidad de diálogos de paz con el ELN, aprovechándose muy bien de la torpeza política de esa organización. Se comprende además que ante los deliberados incumplimientos del Acuerdo con las Farc, los demás tampoco se sientan atraídos por un pacto semejante. La única alternativa que queda son los enfrentamientos y todo lo que ellos traen.

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Nunca se preocupó el actual gobierno por ocupar los espacios que dejaron las Farc tras su dejación de armas. No se llevó ningún desarrollo a las comunidades rurales atrasadas

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Nunca se preocupó el actual gobierno por ocupar los espacios que dejaron las Farc tras su dejación de armas. No se llevó ningún desarrollo a las comunidades rurales atrasadas. Se saboteó y burló el Acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. En esas condiciones florecieron a granel los más variados grupos criminales, a los que de modo evidente no se los combate.

Como si en las alturas del poder a alguien le interesaran los cultivos de uso ilícito y las bandas que los explotan. Igual sucede con los grupos que llaman disidentes. El aparato represivo del Estado que combatía implacablemente a las Farc en sus mejores épocas, no se redujo en lo más mínimo con el Acuerdo de Paz. Pese a ello se muestra extrañamente impotente hoy ante fuerzas significativamente menores y degradadas moralmente.

A finales de octubre y comienzos de noviembre los marchantes de las antiguas Farc llegarán a Bogotá

Todos esos grupos que este gobierno taimadamente estimula asesinan firmantes de la paz, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Le prestan así un servicio invaluable al proyecto criminal de ultraderecha, verdadero artífice de ese engranaje sangriento. El país lo sabe y reacciona. Contra eso es que marcha la minga y paran y protestan los movimientos sociales y políticos de oposición.

Que no cesan de denunciar y condenar lo que sucede, aunque Duque y su partido los desprecien. El real responsable de la ola criminal que invade el país es el gobierno actual. Por eso los exguerrilleros han decidido salir hacia la capital del país desde los ETCR y NAR donde se ubican, en una peregrinación pacífica por la vida y por la paz.

Finales de octubre y comienzos de noviembre las antiguas Farc estarán en Bogotá. Necesitan hacer visible la estrategia criminal del poder, sacudir los sentimientos de la nación, hacerla poner de pie para detener el desangre. El mundo entero debe saber la clase de gobierno que tiene Colombia. Y a los hijos de esta tierra violentada les corresponde cambiarlo para siempre.

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