La participación de las víctimas del conflicto armado en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana ha constituido un hito para el país. Desde el inicio del punto 5 del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, se han dado cuatro audiencias de víctimas, las cuales han estado caracterizadas por los correlatos de la violencia colombiana, que llegaron hasta la tierra de Maceo el “titán de bronce” y del apóstol Martí, no solo para expresar dolor e impotencia, sino para dignificar a miles de mujeres y hombres que lejos de querer atizar hogueras de odio, lo que desean es poder aportar a la construcción de la paz. Hasta esta cuarta visita pasaron por La Habana, defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, campesinos, madres, padres y exmilitares, pero el día previo a la llegada de la cuarta delegación, sorprendió la noticia que dentro de la misma participaría virtualmente un integrante de las Farc-EP, Tulio Murillo Ávila que purga cuantiosas penas en la cárcel de Cúcuta por delitos relacionados con su accionar de combatiente.
Tulio Murillo, más allá de representar la realidad de los guerrilleros en las cárceles, hace parte de una de las realidades más oprobiosas de esta Colombia y de la cual muy pocos quieren hablar. La situación de las personas privadas de su libertad por motivos políticos, ascienden a más de 9500, de las cuales la mayoría son campesinosque por el solo hecho de vivir en zonas donde se presentan las mayores confrontaciones del conflicto, han sido acusados del delito de rebelión, otro tanto de esas 9500, son personas que fueron detenidas por su actuar político en organizaciones de izquierda que apelaron al sagrado derecho de ejercer la oposición política y que como Hubert Ballesteros hoy continúan después de muchos años tras las rejas, sin que hasta el momento la Fiscalía haya podido corroborar las supuestas pruebas de su pertenencia a las Farc y por último un menor porcentaje, casi el 20 % de esa cifra que representa a los combatientes de las insurgencias.
Las cárceles del país son cámaras de torturas en donde los prisioneros políticos y de guerra viven vejámenes que van desde la falta de atención médica básica hasta la prohibición de tomar el sol. Los tratos crueles e inhumanos que a través del Inpec el Estado colombiano ejecuta para buscar el arrepentimiento y la claudicación han ocasionado dolor e impotencia, no solo a quienes viven en carne propia la cárcel sino a sus familiares. Por eso, también ellos son víctimas y merecen ser reconocidos como sujetos políticos. Y son víctimas sus madres, padres, hijos e hijas que tienen que soportar incluso no poder verlos debido a la persecución, porque como decía Tulio Murillo, es un delito de sangre ser familiar de algún prisionero de guerra o político.
La participación de los prisioneros de guerra en las audiencias de víctimas en La Habana ponen de presente la inocultable realidad de que en Colombia sí existen prisioneros políticos a raíz del conflicto social, político y armado y que si el gobierno está negociando al terminación de ese conflicto con una de las fuerzas insurgentes debe, obligatoriamente, dirigir su mirada a resolver la grave situación que estos presentan en las cárceles y a brindar al menos garantías de cumplimiento de sus derechos fundamentales como colombianos y como sujetos de derechos.
Y así, como no podemos olvidar a las víctimas del conflicto que habitan en el territorio colombiano, no podemos olvidar aquellas que tuvieron que abandonar el país para salvaguardar su vida y la de los suyos, como tampoco podemos olvidar a nuestros hermanos que se pudren en las cárceles colombianas y en las cárceles gringas, porque se trata de la justica para la verdad y no para el castigo, esa es una de las primicias de la reconciliación para la construcción de la paz que desde hace mucho soñamos.
