¡Es histórico! Colombia se convierte en el primer país latinoamericano en despenalizar el aborto hasta la semana número 24 de gestación; este fallo de la Corte Constitucional surge como respuesta a la demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, un colectivo de 90 organizaciones que buscaba la descriminalización del aborto.
Anteriormente, en el año 2006, con la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional se despenalizó el aborto en tres (3) causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante, no obstante, se continuo la persecución, tanto por parte del sistema de justicia como por parte de la sociedad, a las mujeres que dentro de su proyecto de vida no contemplan la maternidad como una opción y deciden sobre su cuerpo realizando una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Aunque para muchas personas esto era un avance significativo, y otras apelaban porque la validez del aborto solo se diera bajo estas tres causas, la realidad es que el Estado debe ser garante de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, pues todas las personas tienen derecho a decidir libremente sobre su opción de paternidad, es decir, si se desea o no tener hijas e hijos. Dado esto, eliminar el delito del aborto conlleva a que esta práctica, al convertirse en un servicio de salud, se regule solo por iniciativas sanitarias y no por el ámbito penal.
Dado lo anterior, dentro del histórico fallo se exhorta al Congreso y a la Presidencia para diseñar e implementar una política pública al respecto, en la que se deben incluir las opciones disponibles para las mujeres gestantes y la eliminación de los obstáculos para el libre disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros puntos importantes.
Cabe resaltar que la falta de educación integral en sexualidad y la influencia de los medios de comunicación, así como de la religión en la sociedad, ha alimentado premisas erróneas frente al aborto, tales como pensar que su legalización es una invitación abierta a todas las mujeres para a abortar como método anticonceptivo.
De hecho, esta hipótesis, que por cierto es absurda, necesita ser aclarada, pues tal como lo ha mencionado la Organización Causa Justa “es un error pensar que el aborto puede llegar a ser un método anticonceptivo, primero porque por definición, un método anticonceptivo es aquel que evita la concepción”, mientras que “el aborto es un método de regulación de la fertilidad postconcepción que brinda una opción para evitar la maternidad cuando todas las medidas previas han fallado o han estado ausentes”.
Por lo tanto, suponer que experimentar un aborto es igual a usar un método anticonceptivo es desconocer la situación de muchas mujeres que, en su mayoría en América Latina, no tienen acceso a educación integral en sexualidad, ni a métodos anticonceptivos seguros, mucho menos un adecuado apoyo a la maternidad.
Es por ello por lo que la penalización del aborto afecta principalmente a mujeres pobres, rurales, no escolarizadas o migrantes. Pero ¿por qué? Porque sus condiciones socioculturales de por sí representan una barrera para acceder al sistema de salud y de educación o para adquirir métodos anticonceptivos seguros.
En concordancia, el Informe “La Criminalización del Aborto en Colombia”, elaborado por la Organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, alrededor de 400 casos de mujeres son llevados anualmente ante la justicia penal por decidir interrumpir voluntariamente sus embarazos; la mayoría son mujeres que viven en zonas rurales.
Es así que esta gran decisión es una que debe abordarse desde la multi, inter y transdisciplinariedad, con un enfoque diferencial y de derechos, que permita abordarlo como una problemática educativa, más que legal.
Hoy se puede decir que, en Colombia, por primera vez la discusión se centró en los derechos de las mujeres, lo que disminuirá las judicializaciones y las complicaciones médicas derivadas del acceso a clínicas clandestinas. Hoy las mujeres celebran el reconocimiento de sus derechos, pues la libertad de decisión sobre el cuerpo es un derecho humano esencial.
