En los próximos días se publicará la propuesta de política para la educación superior que, durante tres años, elaboró el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. El modelo propuesto, del que ya se conocen los diez componentes fundamentales, promete dar un vuelco a la educación en Colombia.
Lo primero que salta a la vista, es el lugar que tiene en el modelo construido el tema de la financiación del sistema. Para el CESU, la financiación es apenas uno de los diez ejes considerados primordiales para la reforma de la educación superior.
En el 2011, por cuenta de las protestas estudiantiles, el tema de la financiación de las universidades se convirtió en el fetiche de la discusión sobre la reforma educativa, como si el único problema fuese el dinero y no el propósito, los objetivos, la estructura y el funcionamiento del sistema educativo que necesita el país.
En el momento en que la discusión se redujo a un problema ideológico sobre la naturaleza de los recursos que debían llegar al sistema, la discusión fundamental, esto es, qué tipo de educación superior necesita Colombia y qué se necesita para lograrlo, quedó relegada a un segundo plano.
Es obvio que se necesitan más recursos, pero si se van a seguir repartiendo con la fórmula actual que destina a las universidades Nacional, Antioquia y Valle el 48 % de la torta, mientras las demás 29 universidades estatales se reparten el 52 % y, sobre todo, mientras todas las instituciones técnicas y tecnológicas públicas no reciben un solo peso por Ley 30, no tiene mucho sentido que llegue más dinero para perpetuar la desigualdad. Se necesita más dinero, pero también se necesitan nuevos criterios técnicos de distribución.
El debate, además, tampoco puede centrarse únicamente en las universidades. La educación técnica y tecnológica no puede seguir siendo relegada por cuenta de aburguesamientos que ni siquiera los estudiantes y profesores que se dicen de izquierda han sido capaces de superar. Es necesaria una reforma integral del sistema de educación superior que tenga en cuenta los deseos, capacidades y expectativas de todos los ciudadanos, no solo de los que aspiran a la universidad.
Basta con leer los diez ejes propuestos por el CESU, para darse cuenta que su modelo apuesta por un enfoque sistémico, realista y acorde con las necesidades actuales de Colombia. Es claro que para ellos el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, así como de la oferta educativa regional, son condición sine qua non del desarrollo del país y un derecho para millones de personas que quieren estudiar en sus regiones, formarse en habilidades y saberes útiles para sus comunidades y educarse en áreas en las que sea posible un desarrollo laboral digno.
Sorprende alegremente, el énfasis que pone el CESU en la educación inclusiva. Y el solo hecho de que esto permita anticipar la existencia de instituciones de educación superior indígenas, ya debería ser motivo de esperanza para el país.
Pero más allá del modelo educativo tan integral propuesto por el CESU, la pregunta clave es cómo hacerlo posible. Ya otros ejercicios similares han echado raíces en el olvido por falta de voluntad política para realizarlos.
Es de suponer que como el gobierno nacional tiene representación en el CESU, está comprometido con la realización de esa visión propuesta, pero también es evidente que eso no basta para su concreción.
Leyendo las propuestas, es fácil darse cuenta que muchas de ellas, para hacerse reales, solo dependen de la voluntad de los rectores de las instituciones de educación superior. No es necesario hacer ninguna reforma legal o constitucional para ello, solo basta con asumir el liderazgo de las comunidades académicas y el apoyo de estudiantes y profesores para iniciar las reformas.
Pero incluso con el gobierno nacional y los rectores caminándole al modelo propuesto, me queda una inquietud de cara al evidente énfasis en la regionalización que exhibe el documento del CESU: la falta de voluntad política de los gobernadores y alcaldes.
Es un hecho que los mandatarios locales han pasado de agache en todo el debate público de la educación superior que se ha dado en los tres últimos años. A pesar de que los consejos superiores de las universidades públicas regionales están presididos por los gobernadores y alcaldes, raramente ellos se preocupan por inyectarles recursos y, la mayor parte de las veces, solo las usan como una parte más de su botín burocrático.
¿Estarán los gobernadores y alcaldes dispuestos a invertir en el desarrollo regional a través de sus instituciones de educación superior? Amanecerá y veremos, pero la pelea que le han dado a Colciencias muchos gobernadores por su papel en la aprobación de proyectos de ciencia y tecnología con recursos provenientes de las regalías, no permite augurar lo mejor.
Pero que no contemos actualmente con todos los actores que se necesitan para mejorar la educación superior, no nos debe apartar la mirada del hecho político inédito: hay por fin una propuesta seria de lo que Colombia debe hacer para tener una educación superior digna. Los ciudadanos debemos encargarnos de provocar su realización hasta donde nos sea posible.
