El candidato Oscar Iván Zuluaga habría acordado con grandes propietarios de predios rurales del país, desconocer en un eventual gobierno suyo, el acuerdo de una Reforma Rural Integral firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en la Habana.
Qué los colombianos tengamos que elegir este próximo 15 de junio entre poner fin a un conflicto que ha durado más de 50 años o continuar con él, no solo resulta profundamente conmovedor sino que es, también, una señal de una nación marcadamente dividida. Y aunque el candidato Oscar Iván Zuluaga, en estos últimos días, movido, tal vez, por una creciente opinión a favor de la paz ha flexibilizado su discurso en torno a continuar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en la Habana, lo cierto es, que no hay razones de peso para creerle. Una de estas razones, es que Zuluaga, ya se habría comprometido con los grandes propietarios de predios rurales del país; palmicultores, ingenios azucareros, agricultores y ganaderos, entre otros, a desconocer, en un eventual gobierno suyo, el acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones de la Habana de adelantarse una Reforma Rural Integral en el país.
En Colombia, históricamente, la posesión de la tierra, ha sido, una de las causas del conflicto, y las razones no han dado para menos, hoy, por ejemplo, el 57,3% de los propietarios rurales del país son dueños de apenas el 1,7% de la tierra, el 39,7% son dueños del 22,5%, el 2,6% poseen el 14,6% y el 0,4% aparecen como propietarios del 61.2%. También, para ese 57,3% de propietarios rurales sus predios van desde una y 3 hectáreas, para el 39,7% entre 3 y 100, para el 2,6% entre 100 y 500 y para ese 0,4% de propietarios rurales sus predios van desde las 500 y más hectáreas. Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo.
En cuanto a la pobreza, el 65% del empleo rural es informal, el 89% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud, el 55% nunca ha recibido asistencia técnica, el 19% no tiene vivienda, el 85% carece de alcantarillado, el 60% no tiene agua potable, el 17 es analfabeta y el 33% vive en condiciones de indigencia. A este panorama debemos añadir que, 310.000 pesos es el ingreso promedio mensual de un trabajador del campo y que cerca de 6.500.000 hectáreas de tierra, el equivalente al 15% de la superficie agropecuaria del país, les fueron arrebatadas en los últimos 20 años a más de 700.000 familias campesinas de las cuales cerca de 3.500.000 están en proceso de devolución (ley de victimas).
Estas cifras resumen las razones, entre muchas, del por qué una Reforma Rural integral es necesaria y algunas de las causas por las cuales, ha sido históricamente el campo el escenario de la confrontación. Por ello, desconocer este acuerdo, que en opinión de algunos analistas representa más de la mitad en relación con los otros cuatro puntos de la agenda; Participación Política, Desmovilización, victimas y cultivos ilícitos y narcotráfico, equivaldría a romper un proceso de paz que jamás había estado más cerca de alcanzarse con las FARC.
Finalmente, no está por demás señalar que, entre el 2001 y el 2011, fue el peor decenio, en décadas, para el campo colombiano, el índice Gini rural que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. También fue en este mismo periodo donde se acentuó la corrupción en el Ministerio de Agricultura y el Incoder. La titulación de baldíos a grandes poseedores de tierras y empresarios, y Agro Ingreso Seguro, terminaron en escándalo. Mas en http://mienlaceregional.com/opinion.html
