La semana pasada marcó un punto de quiebre, de no retorno, en la confrontación entre gobierno y oposición. Petro anunció su decisión de convocar a una consulta popular, después de que la mayoría de la comisión séptima del Senado radicara ponencia negativa a la reforma laboral.
Como en tantas ocasiones anteriores, posaron ante los medios sonrientes y desafiantes, orgullosos de su hazaña. Una retribución a los conglomerados que financiaron sus propias campañas.
El anuncio de la convocatoria fue hecho frente a un nutrido grupo de congresistas, funcionarios, dirigentes políticos, sindicales y sociales, líderes campesinos, indígenas y afros, hombres y mujeres, comprometidos con su gobierno.
El mensaje central es claro: hay que romper bloqueo institucional a las reformas. Se han puesto todos los obstáculos para que el gobierno pueda cumplirles a la juventud y las poblaciones diversas de todo el territorio nacional, que se expresaron en el estallido social hace cuatro años.
Allí mostraron su descontento frente a la agudización del conflicto armado, la persecución a la movilización social; el abandono histórico por parte del Estado oligárquico; la falta de inversión pública y la concentración de la tierra; la corrupción desaforada. El régimen neoliberal de ultraderecha de Duque representaba todo esto.
El estallido social llevó al triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez, primer gobierno progresista en la historia de Colombia.
Durante su primer semestre, logró el consenso necesario para la aprobación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo y de la reforma tributaria, piezas fundamentales de su proyecto transformador.
Sin embargo, desde entonces, la gobernabilidad se complicó. La Corte Constitucional modificó de manera sustancial el alcance de la reforma tributaria, al declarar inexequible los impuestos al sector minero y petrolero, con lo que redujo notoriamente los recursos de inversión.
Pero el cerco económico ha sido todavía mayor. A finales de 2024, el Congreso propició el hundimiento, sin siquiera discutirla, de la ley de financiamiento, con la que se buscaban recursos adicionales para cumplir las metas de inversión social.
El peso del gobierno anterior también incidió. Incrementó notoriamente la deuda de corto plazo y comprometió enormes recursos en vigencias futuras. También en la lógica neoliberal, el Banco de la República se ha resistido a bajar las tasas de interés al ritmo que requiere la reactivación económica del país.
A todo ello se suma la desinformación y notoria parcialidad de los medios, y en particular de muchas de sus “unidades investigativas”, autoproclamadas como periodismo serio e independiente.
La oposición a sus reformas sociales y a sus políticas estratégicas creció en espiral. Ahora, se sabotean abiertamente los proyectos o se dejan vencer los plazos estipulados, sin que se permita el debate.
La reforma pensional es la única aprobada en el Congreso, con recortes y modificaciones notorias al proyecto original. Pero depende ahora del concepto de la Corte Constitucional, que en principio se preveía como negativo
La consulta popular arranca con la convocatoria inmediata a la movilización callejera para hoy martes 18. Ante el anuncio, la oposición contraataca. Ahora acusa al gobierno de autoritario y de desconocer el orden institucional.
Pero no hay tal. Se trata de un mecanismo de participación democrática, establecido por la Constitución de 1991 y definida mediante la Ley 134 de 1994 y la Ley estatutaria 1757 de 2015.
En el proceso, el gobierno debe acogerse a una serie de condiciones, plazos y exigencias legales, algunas de ellas muy difíciles
En el proceso, el gobierno debe acogerse a una serie de condiciones, plazos y exigencias legales, algunas de ellas muy difíciles. Pero todo dependerá ahora del respaldo popular. “Que sea el pueblo el que decida si quiere las reformas o no”, insiste Petro.
Los enemigos se oponen a todo. Los poderosos gremios económicos se pronuncian contra la declaratoria de conmoción interior en la conflictiva región del Catatumbo, un mecanismo que le permite al gobierno invertir en proyectos productivos de sustitución de cultivos, en servicios sociales básicos e infraestructura.
En este punto, la oposición coincide con el ELN, empeñado en sabotear la paz total y en golpear a la sufrida población civil de la región. Tal como sucede con otras organizaciones guerrilleras en la disputa por las rentas en El Plateado, Cañón del Micay.
Las reformas sociales estratégicas que transitan por el Congreso representan un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida y de trabajo amplios sectores de la población. Todas ellas tienen enfoque de género y favorecen al sector más golpeado de la población: las mujeres trabajadoras empobrecidas, rurales y urbanas.
La reforma laboral propone restituir derechos a la clase trabajadora, la formalización laboral para madres comunitarias y empleadas del servicio doméstico, el trabajo en plataformas. Incluye contrato laboral para los jóvenes aprendices del SENA.
A propósito, recordemos que en el Congreso se celebró también la negación del contrato laboral para el sector rural. A pesar de la oposición, el gobierno insiste en el salario digno como factor de reactivación económica.
Sin duda, en todos los casos la contradicción principal se da entre la defensa de lo público por parte del gobierno y los poderosísimos intereses privados.
Por lo pronto, la pelea definitiva por el Cambio ya arrancó.
Del mismo autor:Las mujeres en el gobierno del Cambio
