Pese a la sistemática perfidia estatal, el proceso de paz empieza a dar importantes frutos. El reciente Auto 033 de la Jurisdicción Especial de Paz, sobre el caso por ahora denominado “muertes ilegítimamente fuera de combate”, implica un aporte invaluable en la perspectiva de la justicia reparadora, restaurativa y prospectiva. No obstante, son igualmente válidas las preocupaciones que empiezan a expresarse para garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las miles de víctimas.
La JEP firmada en La Habana e integrada a la Constitución Política, pese a sus alteraciones sucesivas y a las ingentes presiones políticas en su contra, nunca fue concebida como un tribunal de sometimiento tipo Nuremberg, para juzgar a una parte derrotada en la guerra. En estricto sentido, el Acuerdo de Paz cuestiona el denominado ius poniendi oficial de la justicia ordinaria respecto a los hechos cometidos el marco del conflicto social armado, reconociendo una impunidad generalizada que requería de un nuevo aparato jurisdiccional y de un paradigma de justicia diferenciado. La conformación de la JEP implicó entonces dotarla de competencias sobre los agentes del Estado, -partícipes de la confrontación- cuyas víctimas estaban siendo ignoradas en procesos de Justicia Penal Militar o de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que la Jurisdicción adquiría prevalencia para el juzgamiento de los antiguos integrantes de las FARC-EP. Lamentablemente su competencia sobre los llamados “terceros” - particulares no vinculados formalmente con el Estado- fue cercenada en primera instancia por la Corte Constitucional, y en segundo momento, por polémicas interpretaciones de la misma Jurisdicción Especial, que nos tiene a las víctimas del paramilitarismo por fuera de este proceso de reparación integral.
Quienes tachan de politizada a la JEP, parecen olvidar el papel político jugado por la Fiscalía General de la Nación –con sus fiscales a la cabeza- durante la guerra, así como de otras entidades como la Justicia Penal Militar. Por el contrario, la JEP está obligada a mantener imparcialidad frente a todas las partes del conflicto, incluidos los actores estales y la justicia ordinaria. Justamente el no ser “juez y parte”, implica que la JEP sin desconocer los aportes al esclarecimiento de los hechos que puedan derivarse de la verdad procesal existente, contraste esta información, con voz protagónica de las víctimas y contribuya a esclarecer lo realmente acontecido en el conflicto. Ni en este, ni en ningún caso la JEP está para ser notaria de lo dicho por las entidades estatales ni por ningún otro actor del conflicto, sí no sería vacua su función.
Este es el marco que permite comprender el principal hallazgo del Auto 033: que el Estado colombiano ha mentido u ocultado sistemáticamente información respecto a los homicidios de civiles por parte de las FFMM. No fueron 2248 asesinatos en 24 años (1988-2014) como decía la Fiscalía, sino que por ahora se calculan 6402 víctimas en los primeros 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La verdad y el conocimiento del conflicto, son precisamente las primeras víctimas en una confrontación.
Ahora bien, la alarmante cifra sumada al despliegue geográfico de estos crímenes de Estado deja claro a todas luces que existió una política sistemática por acción y por omisión. Tanto el inicio de la Política de Seguridad Democrática en cabeza de la actual vicepresidenta y precandidata Martha Lucía Ramírez, hasta la implementación de la tristemente célebre Directiva Ministerial 29 de noviembre de 2005, firmada por el ministro Ospina pero sostenida por el hoy Premio Nobel Juan Manuel Santos, muestran nítidamente aumentos de esta práctica criminal dentro de las FFMM.
Siendo víctima de agentes de facto del Estado -aun no reconocidos por la JEP-, y de agentes directos del Estado, comparto con las víctimas de este genocidio, su honda preocupación que las presiones políticas impidan su reparación integral. La JEP no puede aplicar un doble rasero frente a la guerrilla y a los agentes del Estado. El problema no es la igualación moral de estos actores, si no la coherencia jurídica y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Así pues, y casi desapercibido el Auto 033 define que la estrategia de la JEP en este caso contra el Estado colombiano, será de “abajo hacia arriba”, en diametral oposición a los macrocasos en curso contra la cúpula de las antiguas Farc15-EP.
No deja de causar curiosidad el porqué se toma este camino investigativo, justamente tratándose de un ejército regular, donde la cadena de mando que se le imputó a la antigua guerrilla en el Auto 019 es aún más férrea. Teniendo claros los límites del delito político – sin hablar de sus recortes a lo colombiano- surge el debate válido si para el caso de las FFMM estatales la JEP también aplicará las categorías jurídicas de “coautoría mediata” y “responsabilidad de mando por omisión” imputadas al otrora Secretariado de las FARC. No habría razón en derecho para actuar de forma distinta, teniendo en cuenta su propia jurisprudencia. Independientemente de responsabilidades directas, toda la línea de mando militar de aquellos años -incluyendo sus jefes civiles-, debe aportar verdad ante la JEP en el Caso 003 para reparar a víctimas.
Durante más de una década la Fiscalía ha desarrollado la estrategia de investigación para estos casos de “abajo hacia arriba” y solo ha redundado en condenar soldados y mandos medios del Ejército, sin poder esclarecer la verdad sobre quienes daban y se beneficiaban de las órdenes criminales, y sin garantizar que determinadores civiles y militares siquiera comparezcan. Si la JEP insiste en esta fórmula fallida, está en riesgo de repetirse el ciclo de revictimización. Con todo respeto, sería decepcionante para las víctimas y para la paz misma, concluir que 6402 asesinatos fueron realizados por “manzanas podridas” sin concierto entre ellas y sin superiores jerárquicos involucrados, cuando es palmario que no hubo correctivo efectivo alguno desde la comandancia de la Fuerza Pública en esos 6 años.
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Se aplazó 3 meses la firma de Acuerdo de la JEP, hasta que se pudo garantizar excluir a presidentes y expresidentes de la Jurisdicción Especial. ¿Miento doctor Humberto?
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El país necesita conocer la verdad. Incluyendo la verdad sobre los “seguros” que se le pusieron desde el gobierno Santos a la JEP para que no afectara intereses de algunos poderosos. Al pomposo lanzamiento del Acuerdo de la JEP el 15 de septiembre de 2015, el entonces jefe negociador Humberto De la Calle respondió considerándolo un “Documento en Borrador” aplazando por 3 meses más su firma, hasta que pudo garantizar excluir a presidentes y expresidentes de la Jurisdicción Especial. ¿Miento doctor Humberto? Colombia no sabe que el libro original del Acuerdo del Teatro Colón, tiene una fe de erratas porque la cúpula militar renegoció varios apartados a su favor hasta la madrugada del mismo 24 de noviembre de 2016. Que me desmienta el general Flórez.
El expresidente Samper en un valioso gesto hacia la paz y hacia las víctimas renunció a su fuero presidencial y está aportando verdad en el SIVJRNR. Es posible resarcir los errores. Invito a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón que comandaron las FFMM durante estos lúgubres años a hacer lo propio, renunciar a su fuero ante la JEP y ofrecer su testimonio ante esta entidad, ante las víctimas y ante el país. No hacerlo es no confiar en el Acuerdo de Paz, ni en la Jurisdicción Especial de él derivada.
Extiendo igualmente esta invitación a presentarse a la JEP y a la Comisión de la Verdad, a otros funcionarios civiles determinadores de la política de Seguridad Democrática, independientemente de su actual signo político. Los 6402 homicidios de Estado también esperan la verdad en la instancia correspondiente de Martha Lucia Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina Bernal, Freddy Padilla de León, Sergio Jaramillo Caro, Juanita Goebertus, Juan Carlos Pinzón, Alfredo Rangel Suárez. ¿O es que no creen en el Acuerdo de Paz y en las instituciones que forman parte de nuestra Constitución?
