Damos por entendido que populismo es el uso de presentaciones con información incompleta para con promesas crear expectativas que no tienen sustento concreto o real.
El acceso al poder sería el objetivo y la falta de información real sería el medio que lo permite.
Pero también sucede lo contrario con los casos en que el poder que nace del manejo de la información se usa para sabotear (o intentar obligar a adelantar) los programas de los gobiernos.
Los ataques al gobierno acusándolo de no ser suficientemente concreto y de dedicarse al populismo responden a una estrategia similar cuando desaparecen lo concreto y esencial, buscando vender con desinformación temas de debate y agendas de discusión que no son pertinentes.
Es que en general, sucede igual que con la administración de Justicia, donde hemos sustituido la presunción de inocencia por la de culpabilidad, donde son igual o más los encarcelados sin sentencia que los ya sentenciados, y donde hoy lo que se pretende es que los acusados o sindicados prueben su inocencia: para el caso de las propuestas de gobierno se supone que se debe presumir características o intenciones perversas y negativas -populismo, corrupción, incapacidad, etc.-, y que eso es lo que se debe considerar y sobre ello debatir.
Así pasa con el billón de pesos para beneficiar a 100.000 jóvenes, lo cual ya se cuestiona sin conocerse aún cuál puede ser la forma en que esto se desarrollará .
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Las especulaciones que se hacen sobre un supuesto objetivo de dejar prescribir los procesos o una posible inconstitucionalidad son presunciones para orientar hacia ello los debates
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Pero también sucede algo similar con la idea de los ‘gestores de Paz’ de la ‘primera linea’. Lo concreto es que la eventual libertad transitoria no afecta los procesos judiciales los cuales siguen su curso normalmente. No hay propuesta de amnistía ni de impunidad en lo hasta ahora estructurado, y las especulaciones que se hacen sobre un supuesto objetivo de dejar prescribir los procesos o una posible inconstitucionalidad son presunciones para orientar hacia ello los debates y dejar de lado el propósito y la racionalidad de lo que se monta.
Lo de fondo es la confrontación entre una ideología de derecha que usando o abusando del poder impuso un modelo represivo, indebidamente aplicado como ‘ejemplarizante’ (la justicia no supone tener esa categoría), en la que no hay porqué distinguir vandalismo y delincuencia, y una ideología de izquierda que también usando el poder -y puede que también abusando de él- considera que la protesta social cuando incurre en actos de vandalismo puede ser sancionada, pero no es equivalente a una acción criminal, que, igual que la eventual inconstitucionalidad, sería definible en el futuro, y el castigo o la cárcel deberían venir con la sentencia y no antes. En fin, los argumentos que de parte y parte se esgrimen (comparar con cómo se castiga a otros actores; hacer énfasis en el dolor de las víctimas) son solo eso, disfraces para una confrontación que es eminentemente ideológica (que más prueba que el comunicado de los expresidentes de derecha).
Involucrar los diferentes actores de las confrontaciones es la única forma de desactivar la violencia que entre las partes se genera. Como se ha estructurado un edificio legal para adelantar esos nombramientos, lo pertinente y lo que se debe verificar es que el trámite surtido no viole la normatividad que existe.
Todas las objeciones de otra naturaleza que se esgrimen no son sino distracciones que con tanta desinformación no avanzan nada pero sí polarizan y agudizan los enfrentamientos.
