La ciudad blanca de Colombia, capital del departamento del Cauca, cuenta con unos 320.000 habitantes o más, creo yo. Ciudadanos comunes y silvestres como los de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Leticia, Santander de Quilichao, o Buenos Aires, que luchan cotidianamente por superar condiciones de supervivencia adversas.
Pero se diferencia de todas las demás porque aquí, al interior de algunas casonas, subsisten señoritos, personajes viudos de poder, que aún con ciertas ínfulas e influencias sociales, en los poderes públicos y con incidencia en sectores económicos importantes, siguen aferrados a un pasado y a una cultura mezquina, patronal, esclavista, que se pone en evidencia de cuando en cuando.
Son pocos, por fortuna, pero todavía, como dije, tienen cierta hegemonía para pretender el menoscabo de la modernidad social que ha superado el clasismo social discriminatorio y excluyente, tratando, anacrónicamente, de estimularlo con la inconfesable intención de recuperar un añorado poder personal ya perdido por decisión pública, para seguir incrementando vergonzantes beneficios.
Hago referencia a esta indecorosa pero vigente actitud de un sector social payanés porque el pasado miércoles me sentí agraviado, otra vez, con una publicación que hizo el Diario del Cauca. Un soterrado publirreportaje titulado Gobernador del Cauca Elías Larrahondo es un desastre, protagonizado por el exsenador José Darío Salazar Cruz, muy amigo de Hernando Suárez Burgos, el dueño del periódico.
Aclaro: como todo el mundo sabe, que yo no voté por Elías como candidato a la Gobernación del Cauca porque, como todo el mundo sabe también, he sido un disciplinado militante del Partido Liberal desde niño y no he podido encontrar una filosofía política diferente que justifique otro proceder frente a las urnas cuando toca. Y he criticado al mandatario seccional, claro, con soportes técnicos y argumentos demostrables. Por eso, esto que escribo no es una defensa política del mandatario, sino un llamado a la decencia, a la dignidad, al respeto, y sobre todo, al ejercicio del periodismo con total compromiso, mesura y responsabilidad social, siguiendo las pautas éticas preestablecidas socialmente.
Pero independientemente de eso, me afectó mucho, como a mucha gente, por el mensaje subliminal que contiene esa información, y porque no es cierta, además de que contiene evidentes contradicciones, como demostraré adelante.
Concluye uno de la lectura, que a su protagonista, al exsenador Salazar, solo le faltó el látigo para mostrarse como los viejos esclavizadores que lo formaron. Es más, que como uribista frenético, lanza mensajes que podrían pasar desapercibidos por la mente consciente pero, aun así, ser asimilados inconscientemente por el desprevenido lector.
El diario publicó unas declaraciones que contienen los fines expresados en los tres primeros párrafos de este escrito. Un comunicado denigrante, lleno de adjetivos ponzoñosos que no constituyen noticia, sino sentimientos enardecidos que contradicen el ejercicio auténtico, acertado y adecuado del buen periodismo (el mandatario seccional no tiene capacidad de liderazgo; una de las peores crisis de su historia (Cauca); sin que hasta el momento se note la autoridad del gobernador Elías Larrahondo; desgobierno total; Larrahondo exhibe una completa falta de liderazgo y gestión; producto de las maquinarias burocráticas; no pone la cara; Elías Larrahondo ausente del mando…; se suma la falta de autoridad de Elías Larrahondo…). Es un escrito que no informa sino que se utiliza para injuriar a las personas y exacerbar el racismo, y eso es un abuso del periodismo libre y ecuánime: engaña al lector presentando una opinión personal como si fuera noticia, sin datos ni soportes que sustenten lo afirmado.
No sé, pero esto me huele muy mal. Esto pinta como el relanzamiento electoral del exsenador uribista, con aval del dueño del periódico, pero creo que le salió todo mal otra vez por el oportunismo y porque cree que la gente que le conoce sus antecedentes los olvidaron. Pero no es así… Y para los nuevos, vale la pena recordarlos para que sepan por dónde es que llega el agua al molino. Igual los del dueño del periódico que se presta para la “jugadita”.
Recapitulemos: los protagonistas de esta historia son dos sujetos ampliamente reseñados en los anales públicos. Ambos beneficiarios íntimos del narcotráfico, aunque públicamente se presenten como impolutos.
El fracasado senador José Darío Salazar Cruz al despertar de su silencioso letargo de varios años apareció para pontificar sobre la situación del departamento del Cauca, desconociendo que lo que hoy se trata de remendar fue roto desde hace muchísimos años, incluyendo los infructuosos casi 24 años en los que él fungió como congresista. Su gestión la utilizó en beneficio propio, también excluyente, en su calidad de acérrimo defensor de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe, amigo del exprocurador Alejandro Ordóñez, gracia por la cual fue recompensado con inútiles cuotas burocráticas. También estuvo (¿o está?) implicado en hacerse a negocios muy lucrativos de la mafia concedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando la dirigió su copartidario de Nariño, el exsenador Carlos Albornoz Guerrero, enjuiciado por corrupción en dicha institución, haciéndolo beneficiario de la fortuna del narcotráfico amasada a punta de masacres: Motel Residencias Las Pirámides, en Cali, que perteneció al narcotraficante Helmer "Pacho" Herrera.
Salazar se hizo conocido además por ser un declarado contradictor del proceso de paz y por su obsesiva intención de tumbar el derecho de las mujeres a abortar en cualquier circunstancia, a pesar de que la Corte Constitucional había aprobado el derecho a abortar cuando el embarazo es producto de una violación, exista malformación del feto o la madre corra peligro de muerte. También se opuso de manera abierta al matrimonio entre parejas gay y a la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Hace seis años tuvo que abandonar el Congreso de la República.
Hernando Suárez Burgos, por su parte, es un bachiller nariñense que se hizo concejal, diputado, representante a la cámara y senador. Construyó un grupo mediático poderoso también a partir de sus relaciones con el narcotráfico. Pero como yo no tengo pruebas a la mano, le cedo el espacio a lo publicado por el escritor y periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína:
“…Nombres como los de los congresistas Hernando Suárez Burgos, Samuel Alberto Escrucería Delgado y su hijo Samuel Escrucería Manzi, que operan desde Pasto… son muchos de los nombres vinculados con «el tráfico de cocaína en el Valle, y que apenas si figuran en la memoria de los investigadores…” (página 22).
“… Los otros capos del narcotráfico tampoco se quedan atrás. Carlos Lehder tenía su propio periódico que regalaba en las esquinas de todas las ciudades, Quindío Libre, editado en tinta verde para proclamar 'la civilización de la marihuana'. Hernando Suárez Burgos, el hombre de Lehder en Pasto, fundó el Diario del Sur. Pablo Escobar financió el semanario Medellín Cívico, que daba publicidad a todas sus donaciones. Su último número, enero de 1987, editado en papel esmaltado y con letras en 72 puntos, anunciaba: Triunfo del pueblo. Cayó la extradición…” (página 58).
“… Hernán Botero lavó los dólares con las sociedades H, Botero & Cía., de Panamá y Miami. Inversiones Unidas Bariloche, y Sociedad Peinado Navarro. En Nariño se destapó el congresista liberal Hernando Suárez Burgos, representante a la Cámara y narcotraficante (el propietario del Diario del Sur), es dueño de la fábrica de muebles Metálicas Modernas Ltda., el Hotel El duque, la Fábrica de Confecciones Luber, la Industria Colombiana de Muebles, Muebles Pereira, Credicentro, La Cigarra, La Fábrica de Muebles Santa Rita y 70 sucursales de su cadena de almacenes, que se identifican como 'Electrodomésticos Metálicas Modernas Ltda', que distribuye los productos elaborados por sus fábricas y otras casas de electrodomésticos. En su historia, se menciona a Hernando Suárez como un contrabandista de cocaína, que la transportaba en el interior de los electrodomésticos, que colocaba en los almacenes sobre la frontera con el Ecuador. Los aparatos volaban de Medellín a Pasto para su reparación y, a su regreso a la capital de Antioquia, le solucionaba problemas económicos al Cartel de Medellín. Dado su poder económico, que demuestra con una serie de empresas que sólo le pueden producir pérdidas, se afirma también que es testaferro de los dineros de Carlos Lehder. Quienes afirman lo anterior, relatan la forma como Lehder y varios de los Ochoa, luego del asesinato de Rodrigo Lara, llegaban directamente a Pasto, siendo recibidos por el congresista Suárez Burgos, que los alojaba en su propia residencia en Chachagüí, cerca al aeropuerto. La verdad es que en Nariño siempre ha operado una red de narcotráfico, cuyas dimensiones nunca han trascendido a la prensa…” (página 59).
“… Hernando Suárez Burgos, representante a la Cámara por el liberalismo de Nariño, y propietario del Diario del Sur, se asegura controla una importante red de narcotráfico entre los electrodomésticos y los muebles que distribuyen sus almacenes…” (página 94).
Es más, el dueño del Diario del Cauca, también estuvo vinculado al Proceso 8.000 y la Fiscalía Nacional de la Nación lo vinculó a una investigación por irregularidades en la adjudicación del Diario Deportivo, realizada por la Dirección Nacional de Estupefacientes en 2007, cuando estuvo a cargo de Albornoz, el mismo que le concedió el motel al otro exsenador, el caucano protagonista de la publicación que estamos comentando.
Hernando Suárez Burgos también ha sido denunciado por maltrato laboral y precarias condiciones en sus diarios; tanto que, en Popayán hace unos años los periodistas del Diario del Cauca no aguantaron más la explotación: “la dignidad es más poderosa que la necesidad”, expresaron, refiriéndose a la sobrecarga laboral, los malos salarios y la censura, y tuvieron que renunciar. Lo mismo ocurrió en otros diarios del mismo dueño.
Jonathan Bock, actual director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, escribió esta nota hace varios años, refiriéndose a Suárez Burgos, que reprodujo la revista Semana: “…Sus medios de comunicación le sirven para promocionarse como prohombre del periodismo. Su poder lo mantiene alejado de las rejas. Sus empleados lo llaman “negrero”. A lo largo de tres décadas, Hernando Suárez Burgos ha sabido utilizar su poder para permanecer alejado de las cárceles al mismo tiempo que iba construyendo un emporio de medios de comunicación: una veintena de periódicos, agencias de noticias, radio y un canal de televisión, conglomerado en el que trabajan más de 350 periodistas…”.
Entonces, aparecieron a mediados de febrero en las famosas paredes blancas del centro histórico de Popayán unos grafitis marcados de intolerancia, exclusión y discriminación racial pública: No more niggers y Kill all niggers.
Después aparecieron unos audios que intentando suplantar y ridiculizar al Secretario de Gobierno Departamental, Luis Cornelio Angulo, por su acento afrodescendiente, también fueron claros ataques a los derechos constitucionales de las comunidades étnicas.
El exsenador Salazar Cruz, que cita en el publirreportaje un artículo de la Constitución Política de Colombia fuera de contexto, no tuvo en cuenta el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que establece que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica".
Pero no es solo eso, recuerden que hacia el mes de mayo pasado se revelaron unos audios de funcionarios del gobierno nacional en los que se escuchaban insultos y calificativos discriminatorios hacia indígenas del Cauca, con quienes horas antes habían estado concertando proyectos comunitarios. Otra muestra del obscurantismo que se esconde en las pasiones fascistas de algunos dirigentes de este gobierno uribista.
Bueno, no me alcanzó el espacio para demostrar que la información publicada el miércoles por el Diario del Cauca no es cierta y que contiene evidentes contradicciones. Lo dejaré para un próximo editorial, pero permítanme un adelanto.
El conflicto armado en el departamento del Cauca no se inició con la elección de Larrahondo Carabalí como gobernador del Cauca, ni siquiera cuando Salazar Cruz estuvo en el Congreso. Debiera entonces saber el exsenador que las causas del mismo tienen origen en la incompetencia y debilidad del Estado, representado por el gobierno nacional. También, por la ausencia histórica de sus instituciones en el departamento del Cauca, por el fracaso de la reforma agraria y de políticas rurales; por la no implementación de los acuerdos de paz, principalmente en la solución del problema de la posesión de la tierra, por la no sustitución de cultivos ilícitos que golpearía eficazmente el narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad y en el gobierno, como lo sabe muy bien el exsenador aludido. Igualmente, la crisis del Cauca, y del Chocó, y de la Guajira, etc. se debe a otros asuntos que son competencia directa del gobierno nacional porque es el que debe implantar políticas públicas que eliminen la corrupción que lucra a los funcionarios del Estado, que excluyan las marcadas diferencias económicas, que prescindan de la persecución a la población civil debido a su orientación política, que garanticen espacios democráticos y de participación, que borren del mapa la desigualdad y exclusión social. En fin, se equivoca porque estos asuntos que padecemos los caucanos no son del resorte administrativo de un gobernador, y por eso no es cierto lo que declara Salazar Cruz.
Es más, le recuerdo al señor Salazar que el “negocio de la guerra”, como el del narcotráfico, inclusive tienen connotaciones internacionales cuyo control y responsabilidad dependen exclusivamente de la Presidencia de la República, del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, por eso se contradice Salazar Cruz cuando dice que “Ante la brutal violencia que hoy azota al departamento por cuenta de los grupos armados ilegales, señalaron que el mandatario seccional no tiene capacidad de liderazgo, por lo que está llevando a la región a una de las peores crisis de su historia…” y más adelante se desmiente: “… (el gobernador) desconoce que esos atributos que son plena competencia del ejecutivo central, como el de sentarse a negociar con grupos criminales…”. Se pregunta uno: ¿al fin qué?, ¿sí o no?
Bueno, mejor dejemos por ahora aquí. Pero seguiremos informando.