Un municipio y una ciudad que, sin lograrlo, desde hace más de 50 años han intentado convertirla en un auténtico centro universitario, turístico y polo de desarrollo del Valle de Pubenza que abarca a los municipios vecinos, desde donde por la violencia y pobreza han emigrado a rebuscarse miles de habitantes de los nuevos barrios, y con cuyas alcaldías no están asociados para coordinar proyectos de desarrollo regional que los beneficien a todos.
Un municipio con precarias vías rurales, que se mantiene con una mediana economía de servicios y algunos empleos creados por pequeñas empresas, entidades públicas y privadas, tiendas, talleres de barrio y almacenes de cadena, beneficiados también por el dinero proveniente del narcotráfico que aceita la economía.
Una ciudad que desde hace 20 años no actualiza el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, POT, y, según “la ley” de los urbanizadores piratas, alcahueteados por algunos funcionarios, ha extendido su área urbana construida, más numerosos condominios.
Un municipio que no actualiza su código tributario ni dispone de recursos de valorización; ni puede controlar la circulación de cada vez más autos, motos, las ruinosas y escasas busetas de transporte público que en medio de los semáforos fallando, el ruido, la contaminación y la ausencia de agentes de tránsito, se parquean y, a paso de tortuga, se hacinan en las congestionadas mismas calles y avenidas (sólo dos y media de sur a norte), esperando los transportadores, que terminen las obras del Plan de Movilidad, iniciadas durante la alcaldía de Francisco Fuentes, dizque para al fin crear la fusionada empresa de transporte público.
Una ciudad a la que sucesivos alcaldes han aplicado remiendos y añadiduras, tratando de que la ropa del niño se ajuste a la del adolescente que se estiró, y también el presupuesto estancado para garantizarle la alimentación, el estudio y sus posibles fuentes de sostenimiento, situación difícil, pues sus padres, otrora opulentos, se quedaron viviendo del cuento de antiguos abolengos, y, además de la deuda por cerca de $80.000 millones, que heredó del pleito perdido con los ingenieros Solarte, está enculebrada con el préstamo bancario que tramitó el hoy representante a la Cámara César Cristian Gómez, quien, al igual que sus antecesores, no cobró la plusvalía urbana a los propietarios de fincas que convirtieron en lotes y los vendieron obteniendo jugosas ganancias, ni tampoco actualizó las tarifas del predial, que le reventaron al actual alcalde cuando contrató al Instituto Agustín Codazzi y este lo hizo de acuerdo a la nueva legislación, que exige que el avalúo de los predios antiguos más los construidos ilegalmente, sin ser detectados por Planeación y Hacienda Municipal, debe hacerse según el 60% del valor comercial.
Una ciudad donde sus habitantes exigen obras y proyectos, pero el municipio no tiene con qué financiarlos, y cuando los gestiona, obteniendo recursos del gobierno nacional, no los puede ejecutar porque, los que están, mal que bien instalados en sus negocios, se oponen a los cambios, como sucedió con anteriores proyectos en las galerías del barrio Alfonso López, con participación y gestión del Sena; y en la recuperación de la galería y el entorno del barrio Bolívar, intentada por Navia, César Cristian Gómez y Juan Carlos López, quien consiguió presupuesto para la construcción de la nueva galería, pero no la pudo iniciar obras por falta de concertación con los comerciantes de la plaza y sus alrededores, quedando también incompleto el proyecto de construcción del malecón del río Molino, en el sector comprendido entre Tulcán, tras el Hospital, el planchón de la galería y el parque Mosquera.
Una ciudad donde recién se posesiona el alcalde, los huérfanos de poder organizan tenaz oposición, achacándole la culpa de todos los problemas heredados de anteriores alcaldes y que tampoco pudieron resolver en los cuatro años de su gobierno y, desde el concejo y tribunas en algunos medios de comunicación, se oponen a cualquier intento de solución de los mismos problemas, convirtiéndolos en caballitos de batalla para recuperar el poder en las siguientes elecciones, condenando a la ciudad a girar eternamente como corcho en remolino y cada vez más ruinosa y caótica, con el centro comercial Anarkos, a la espera de que la mayoría de sus propietarios se pongan de acuerdo con el municipio, dueño del 20%, sobre cómo lo van a demoler y qué van a construir.
En año y medio restante de gestión, mientras se posesiona del próximo alcalde, que por la votación registrada por Petro, debe ser del Pacto Histórico, es de esperar, que al menos, Juan Carlos López alcance a entregar la actualización del POT, del catastro y estatuto tributario, buscando no afectar a la población de menores ingresos. También que alivie el caos en el manejo del Tránsito, fortalezca el Banco de Tierras para vivienda popular, termine obras del Plan de Movilidad y presione la creación de la nueva empresa de transporte público, construya la avenida de los Libertadores y repare las vías rurales.
