Es, de verdad, una interpretación eficaz del derecho para hacer justicia, con el mayor beneficio posible para todos.
Debemos comenzar por reconocer que hoy se castiga a la sociedad a pagar el sustento y la vigilancia del condenado, durante 50 años, para que no se vuele. Y lo que su familia y la sociedad invirtieron en su formación, hasta hacerlo profesional, también se pierde. Mientras, la familia de la víctima se hunde en el dolor, la injusticia y la miseria.
Todo puede cambiar, para bien, si al reo se le facilita trabajar, explotar su profesión, así tenga que dormir en prisión. Una parte razonable de su ingreso indemnizaría a los Samboní; otra, del mismo tenor, iría al ICBF hasta hacer profesional a alguna de las niñas desamparadas por sus padres. Él se realizaría laboralmente y, quizás, también colaboraría en reciprocidad con su familia. El costo de su custodia también bajaría.
Su ingreso al mercado laboral está sujeto previamente a garantizarle a la sociedad la no repetición de la conducta criminal, sea por tratamiento psiquiátrico, químico, biológico o quirúrgico.
Se trata de modernizar la administración de justicia con criterios de eficiencia, a la luz de la filosofía que fundamenta el derecho en lo bueno y equitativo.
