Con el registro de 7.816.986 votantes, 50.95 por ciento del pueblo colombiano, el pasado quince de junio dieron un sí de aprobación a negociaciones con la insurgencia Farc-ep y Eln. Los colombianos derrocharon confianza en las urnas en pro de una mejor nación, a la vez que en las urnas se ordenó, la implantación de un orden social transparente en profundidad, que llene espacios que hasta ahora, no han sido tomados con seriedad ni referencia por los gobiernos, ni mucho menos, como fuente real y propia, del Estado.
Con el nuevo gobierno, es perentorio hacer, reformar y ajustar políticas públicas donde se haga visible, zonas de pobreza, de indigencia, discriminación y abandono, al cual están expuestos más de 14.6 millones de hogares y de éstos, 4.5 millones en la indigencia, quienes pidieron en las cajas, mayor intervención tanto en la parte educativa, como de salud, de vivienda, de inversión direccionada al campo, seguros solidarios, tierras, agua potable y empleo mutuo, para afrontar los duros embates de grupos al margen de la ley, y salir avante con sus expectativas. Reformar la justicia, que permeada por gamonales y directrices económicas al mejor postor, corren en contravía de las solicitudes y demandas de campesinos, dando protección a quienes los agreden. Como también, de quienes manejan mandos altos y medios regionales, municipales y a nivel nacional.
Si tenemos en cuenta, que pobre es aquella familia que tiene cuatro participantes y el ingreso mensual entre los pares es de 1.125.356 mil pesos, y pobre indigente una familia con cuatro participantes donde el ingreso mensual es de 482.352 pesos, estamos hablando que los números dados por el Dane no son ciertos. Del cual se cuelga el gobierno con su sapiencia, para errar en sus informes sin tener presente, las aberraciones sistemáticas que se presentan a diario en las regiones y municipalidades, en espacial el campo. Al hacer una división con datos anteriores tendríamos: 1.125.356 por 4 daría una remuneración por cada uno de 281.239 pesos, que no es ni la tercera parte de un salario mínimo. Es más, si se toma: 482.352 y realizamos la misma operación tendríamos que el ingreso de cada uno es de tan solo: 120.588 pesos. Que no difiere en nada del pobre indigente, donde su ingreso es menor de 120.588 pesos moneda corriente.
Si los datos son de esta trascendencia, diríamos que en Colombia habría más de 20 millones de pobres y de estos 7 millones viven en la indigencia. - Pais.com del día 20 de junio del 2014. Muy superior a los 14.6 millones de colombianos, que el gobierno promulga. Esto en cuanto a la pobreza.
Si se echa una visita a la educación, se corre con el riesgo de estar ante una debacle educativa ya vista. Tenemos una ley 30 de diciembre 28 de 1992, que trajo como consecuencia una educación sin calidad y experiencia y se quiere flexibilizar más, para tener un registro mayor de jóvenes egresados al mercado laboral. Con la ministra de educación María Fernanda Campo, la reforma tuvo su peor ofensa, al querer privatizar las funciones dadas por la ley 30. En tanto que se lesionaban los ingresos en el presupuesto de la nación, para inversión guerra.
Basta con la salud, que en gobierno de Uribe, se quiso desconocer al pueblo colombiano y a sus derechos en salud, para proteger aún más a los dueños de Eps, a farmacéuticas y la verticalidad que mantiene estos entes lapidadores de las cuotas de quienes trabajan, más auxilios gubernamentales. Ahora con el ministro Alejandro Gaviria, se hacen intentos por mejorar con agua tibia, la reforma a la salud. Aplastada por intereses oscuros de cámaras y del ministro, al entrar a diseñar un mecanismo especial dejando la verticalidad y las Eps con otro nombre.
En conclusión, el nuevo mandatario Dr. Santos, recibió del pueblo una orden y la tiene que cumplir, para que su gobierno tenga viabilidad futura. Si no es así, entraremos a una época de mayor congestión y agresividad social; paros, activación en toma de vías, bloqueos, marchas, foros de comunidades etc. Las negociaciones de la Habana, tanto guerrilla como gobierno deben continuar, por la otra, reformar lo que concierne a salud, educación; que no es solamente crear cupos sin existir una infraestructura que reciba el nuevo volumen de niños. Estudiar la posibilidad de que el ejercicio militar se haga no por obligación sino a voluntad. Disminución si no en su totalidad parcialmente, de pobreza e indigencia, con distribución ecuánime de los ingresos estatales. Cernir o barrer los estamentos que generan corrupción. Políticas estructurales y de fondo para el sector agrario. Adecuación de tierras y titulación en común y proindiviso de las reservas campesinas. Reforma agraria integral, judicializando a grandes inversionistas que se apoderaron del campo.
Dr. Santos, usted cargó con la más fea, y para que dé pie con bola, tendrá que estar rodeado de funcionarios que sepan del campo, de salud, educación no improvisadores. Y no entrar a mandar con los de arriba sin tener en cuenta los de abajo quienes fueron los promotores de su reelección. Reforma minera, donde se discuta el verdadero valor de los productos a boca de mina, y no dar el 100 por ciento de exenciones a estos grupos, mientras el pueblo es quien más paga.