Las Farc, cumpliendo los términos del Acuerdo de paz, confiesan ante el tribunal de la JEP la autoría de una serie de crímenes que estremecieron al país y lo único que se le ocurre a Duque es intentar que la justicia ordinaria las procese por ello. No me sorprende que lo haga. Desde cuando se hizo con la presidencia de la República con la ayuda de dinero non sancto de la mafia, Duque se aplicado a conciencia a la tarea de “ hacer trizas” dichos Acuerdos. Y no solo porque se lo haya ordenado su jefe in pectore sino por continuar la añeja tradición colombiana de pactar con toda solemnidad la rendición de los insurgentes para luego no solo incumplirles sino matarlos. Una tradición que se inició en pleno virreinato con el apresamiento, juicio y descuartizamiento de José Antonio Galán después de aceptar la tregua propuesta por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Y que en el siglo pasado la prolongó el asesinato de Rafael Uribe Uribe luego de la firma del tratado del Wisconsin que puso fin a la Guerra de los Mil días, de Guadalupe Salcedo y de otros líderes populares después de la entrega de armas de las guerrillas liberales del Llano, y de Carlos Pizarro luego de los pactos políticos que permitieron la desmovilización del M-19 y su incorporación a la vida civil. Y si es cierto que en esta oportunidad los principales dirigentes de las Farc se han librado del ajusticiamiento, no ha sido el caso sin embargo de 167 de sus militantes, asesinados desde la firma de los acuerdos hasta la fecha.
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Lo único realmente duradero en la política colombiana es poner conejo a los insurgentes, y expropiar a sangre y fuego la tierra de los pueblos originarios y de los campesinos
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Podría decirse que lo único realmente duradero en la política colombiana es la tendencia histórica a poner conejo a los insurgentes, sino fuera porque hay otra tendencia igual de perdurable y de consecuencias aún más funestas. Me refiero a la tendencia a expropiar a sangre y fuego la tierra de los pueblos originarios y de los campesinos en beneficio de una despiadada minoría de terratenientes. Y de cuya ingente dimensión nos advierte el hecho de que cuando el gobierno de Guillermo León Valencia, instigado por Álvaro Gómez, dio la orden bombardear Marquetalia - dando lugar así nacimiento a las Farc - las tierras agropecuarias del país ocupaban apenas la mitad del territorio nacional que hoy ocupan. Y los auténticos beneficiarios de tan formidable expansión no han sido otros que los latifundistas de viejo y de nuevo cuño que, como es bien conocido, no han vacilado en utilizar la motosierra en el Magdalena medio, en Urabá, en el Sinú o en el Meta para expulsar a los campesinos y quedarse con sus tierras. Son ellos los más interesados en malograr los acuerdos de paz y en liquidar físicamente a todos los líderes populares que se muestren decididos a ejercer el derecho a recuperar las tierras expropiadas por la fuerza consagrado en tales Acuerdos.
