Es por demás significativo que en poco más de medio siglo Colombia haya pasado de ser un país rural, de economía agrícola y campesina, a ser un país urbano, con el 75% de su población habitando las ciudades, con una economía en su mayoría informal, que la sostiene en muchos aspectos, el trabajo de las personas que, por diversas razones, migraron del campo. Quizás, se pueden revisar distintos factores que llevaron a esta situación, como el conflicto armado, el narcotráfico, la violencia, la criminalidad y su victimización, con el despojo de tierras y el éxodo campesino; la concentración inequitativa de la tierra; la depredación, el cambio climático; la poca presencia del Estado con institucionalidad rural, servicios, seguridad, infraestructuras e inversión social; la vulnerabilidad, marginalidad, segregación, desigualdad y exclusión social; la falta de pluralismo y de participación; el trabajo precario; y demás riesgos de la globalización, en fin, la falta de oportunidades de un buen vivir.
En el mundo cerca del 80% de la población en condiciones de pobreza extrema y hambre, en su mayoría son campesinos, apegados a la tierra rural, al trabajo en familia —o en el hogar—, a la producción agrícola en pequeña escala y demás ocupaciones en el campo. Estas mismas o son su única posibilidad o es su decisión de vida. En Colombia, según el Dane, a 2017 el 15,4% de las personas que habitan centros poblados y rural disperso, están en pobreza extrema. En estos otros territorios, que incluyen la ruralidad, el 36.6% está en pobreza multidimensional, un porcentaje 3,2 veces mayor, en este índice, que el de las cabeceras. Allí sobrevive la población campesina, en medio de la trampa de la pobreza y de la inequidad.
La importancia socioeconómica de la población campesina no solo parte de la demanda en las ciudades de los alimentos que se producen en el campo, sino también de la preservación de los recursos naturales que permite acceder a la prestación de servicios esenciales como la energía eléctrica, el agua y hasta para la producción, entre otros factores, de algunos medicamentos. Asimismo, es clave también la relación del ciudadano con su territorio, no solo desde lo cultural, en sus usos, costumbres, identidad y patrimonio intangible, con la idea de la tenencia de la tierra conectado al saber ancestral, para el desarrollo humano sostenible y la productividad, sino también, desde la convivencia con la naturaleza. Remember, nuestra mayor riqueza es la biodiversidad. Nuestra mayor esperanza es nuestra gente y su trabajo decente.
Para mejorar las condiciones de vida, promover, difundir y desarrollar derechos, permitir el acceso en igualdad de oportunidades a trabajo decente de aparceros, colonos, campesinos, minorías étnicas e indígenas; a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas, a las personas sin tierra; a los trabajadores asalariados, migrantes, de temporada, empleados en plantaciones; para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil del sector rural; que se relacionan con explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y empresas agroindustriales, desde un enfoque diferencial, el pasado 19 de noviembre se aprobó la Declaración sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en la Tercera Comisión de la Asamblea General, sesión 53, en la sede de la ONU de Nueva York, con un catálogo mínimo de derechos para el desarrollo rural en una democracia, que incluyen, entre otros, los derechos fundamentales del trabajo, con equidad de género y no discriminación; las libertades como la política, de información, de expresión; los derechos a la tierra, al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a los recursos naturales; el derecho a las semillas —pero no solo a las de Monsanto—; el derecho a una vivienda adecuada; los derechos culturales y conocimientos tradicionales, que van más allá de la llamada economía naranja, es decir, para un reconocimiento a la dignidad de la población rural.
Esta aprobación lleva un largo proceso hacia su adopción formal. Sin embargo, de manera inexplicable, Colombia se abstuvo de ratificar esta Declaración, entrando a un club de 49 Estados que omitieron, y 7 más en contra, que esta declaración se adopte en pleno en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A pesar de que estos instrumentos como las declaraciones, no tienen una aplicación inmediata, así como con los convenios, sus efectos demandan, además, reglamentaciones en el ordenamiento interno, después de ser suscritas; sin embargo, la voluntad del Estado de ampliar el goce efectivo de derechos y, como sujetos políticos, el ejercicio pleno de la ciudadanía, en la población campesina, no solo tiene este ejemplo, también está la aún aplazada reglamentación de Convenios de la OIT, como el 141 de 1975, que busca ampliar el derecho de asociación de las organizaciones de trabajadores rurales, para su desarrollo económico social y su calidad de vida.
Es inconcebible que en un país de tradición agrícola, ganadera, pesquera y demás, con un incipiente crecimiento agroindustrial pero con amplias posibilidades de desarrollo rural —que en el pasado reciente suscribió un acuerdo de paz para que el país entrara en una nueva modernidad, que contemplaba un capítulo sobre la tierra, con enfoques étnicos y de equidad de género, dirigido a la transformación estructural de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia, y que ponía a las víctimas en el centro de la construcción colectiva de la paz y de la reconciliación— se niegue a avanzar en realizar los derechos de la población campesina. Ojo, la lucha contra la inequidad regional y la pobreza en la ruralidad, es el fundamento de la paz social. Como es el desayuno, se verá el almuerzo, en un país que parece miran la política rural, un siglo atrás, ¿hacia dónde vamos?
