En 2013 la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendió que el Congreso de Estados Unidos hubiera subido el tope de la deuda nacional “porque lo que hay que evitar es contraer la economía recortando brutalmente el gasto”. En 2015 dijo que la zona euro debía aprovechar su margen de maniobra fiscal “para respaldar la inversión”. En 2016 el FMI recomendó a las potencias económicas que “para evitar caer en una trampa deflacionaria, los países deberían realizar más esfuerzos para apuntalar la demanda interna”, refiriéndose al “papel importante” que desempeña la política fiscal.
Un estudio de Laurence Ball et al (2013), director de economía del Johns Hopkins University, muestra los efectos sobre la concentración de la riqueza, el salario y el empleo de lo que en Colombia se denomina con astucia una “austeridad inteligente”, es decir, una reducción del gasto público. Según Ball, una contracción de 1 % del gasto público sobre el PIB tiene un efecto de 1,5 % de aumento en el índice de Gini, 1,3 % de reducción del ingreso sobre el PIB y 0,6 % de aumento en la tasa de desempleo en el mediano plazo. Como conclusión, un polémico artículo publicado en junio de 2016 por la revista del FMI titulado “Neoliberalismo, ¿un espejismo?”, afirma que las medidas para bajar el nivel de deuda que obligan a aumentar impuestos “distorsionan el comportamiento económico y recortan el gasto productivo o ambos” y recomienda que “los coeficientes de endeudamiento se reduzcan orgánicamente a través del crecimiento.
Contrario a toda evidencia, el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han recomendado a Colombia “un ajuste fiscal y un incremento en los impuestos”, porque según estas instituciones “no tienen más alternativa que recortar el gasto público y alinearlo con el nivel más bajo de ingresos”. Las consecuencias negativas en menor crecimiento y mayor concentración de la riqueza no se harán esperar.
Además, el gobierno de Juan Manuel Santos se ha negado durante todo su mandato a revertir los aspectos más regresivos de la tributación nacional: las exenciones tributarias, cuyos beneficios se los llevan casi en su totalidad las grandes empresas, tienen un costo fiscal de $ 12 billones al año. La evasión que se realiza a través de paraísos fiscales avanza sin que el gobierno se atreva a tomar medidas en contra de Panamá y otros territorios. También la evasión interna cuesta unos $26 billones al año, por falta de decisión política para fortalecer administrativamente a la Dian. El impuesto a las remesas que se eliminó en 2006 podría recaudar más de $2 billones al año, tampoco están gravados los dividendos. Otras iniciativas como el impuesto a las herencias y a las ganancias provenientes del capital financiero, sector que a octubre de este año acumulaba utilidades por $7 billones, no se contemplan en la reforma. Tampoco la necesidad de establecer tarifas progresivas a pequeñas, medianas y grandes empresas, como sí lo hacen los competidores extranjeros.
No es de extrañar que el Ministerio de Hacienda se haya negado a publicar
los resultados de los modelos de impacto de la reforma tributaria
sobre la concentración de la riqueza
En cambio, la propuesta para aumentar en $9,1 billones el recaudo, es subir el IVA al 19 %, incrementar el impuesto a los combustibles y el del consumo, especialmente a los hogares de ingresos bajos y medios. No es de extrañar entonces que el Ministerio de Hacienda se haya negado a publicar los resultados de los modelos de impacto de la reforma tributaria sobre la concentración de la riqueza. Por estas razones expuestas, la decisión que ha tomado la Red por la Justicia Tributaria es la de no aceptar la forma en que se afecta el bolsillo de los colombianos, sino buscar tumbar la reforma.
En la parte 2 expondré los resultados del reciente estudio que Justicia Tributaria elaboró sobre la eficiencia del gasto público en Colombia, análisis que —según respondió el Departamento Nacional de Planeación—, nadie más ha realizado en el país.
