En la década del dos mil, el Magdalena sufrió la destitución de sus congresistas por parapolítica, a los cuales se sumaron decenas de gobernadores, candidatos y personalidades políticas. Todos vinculados a un entramado delictivo construido con dinero, armas y sangre. Las condenas, poquito o mucho, podrían indicar que la justicia funcionó.
Paralelamente, los medios y los investigadores difundieron los rostros y nombres de los involucrados en los malévolos “pactos políticos” y en cada elección denuncian el “prontuario criminal” de las listas inscritas. Es decir, puede decirse que también cumplieron su labor.
Por ello todos esperaban que el paso final fuese la sanción política en las urnas de parte de esos ciudadanos “informados”, castigando y borrando cualquier vestigio de esa clase política “condenada”, como ocurrió en el nivel nacional, donde ello llevó a la desaparición de partidos políticos completos.
Sin embargo, en Magdalena no fue así, pues los ciudadanos eligieron como congresistas a los hijos y familiares impuestos por muchos de esos parapolíticos. Y los han seguido eligiendo fielmente, ya que hoy algunos de los congresistas electos del Magdalena son hijos, esposos, familiares o fichas de aquellos políticos condenados o vinculados con aquellos delitos, quienes continuaron también durante muchos años manejando los presupuestos desde la gobernación, las alcaldías, la asamblea y los concejos del departamento. Son tantos que no cabrían en el espacio de este artículo.
Los “culpables”
Algunos culpan al dinero que compra votos. No obstante, el chantaje y la dádiva podrían ser una especie de autor intelectual, pero, en últimas, el autor material y consciente de la otra parte del delito es el ciudadano magdalenense mediante su íntima labor en la urna. No asumirlo y culpar al dinero es gran parte del problema.
Otro problema es creer que la corrupción electoral es la acción aislada de unos pocos. Pero las cuentas indican que fueron casi que 3 de cada 5 ciudadanos magdalenenses, personas comunes como usted y yo, los que votaron para ser representados por esos congresistas cuestionados. A ello súmese la aceptación social, casi que encanto, del que gozan a pesar de los ampliamente difundidos malos resultados de sus gobiernos. En Pueblo Viejo y Pedraza, dos de los sitios más afectados por los malos gobiernos, la familia Cotes barrió en votación.
Este “ilógico” síndrome de Estocolmo de los ciudadanos no es nuevo. Ya hace 150 años el clientelismo decidía las elecciones en Magdalena: “las dádivas, ofrecimientos valiosos, favores recibidos, o por la alusinación que les provoca la brillante posición política i social de los proponentes (…) factores que más contribuyó a la movilización de los electores en el Magdalena y que en últimas es la representación de un sistema político del cual el clientelismo es parte integral” (reseña Luis Alarcón sobre una nota de prensa de 1859).
Los politicos se defienden
Los herederos de los clanes condenados reclaman no ser responsables de las condenas de sus familiares, lo que, aunque puede ser jurídicamente válido, es un acto desproporcionado de cinismo, pues nadie dudaría que los mismos dineros que elegían senador a Juan José García no son los mismos que después eligieron a su esposa Piedad Zucardi cuando a él lo condenaron por corrupción y hoy, a su hijo Andrés García cuando ella fue condenada por parapolítica. Los mismos votos que mañana seguro elegirán a su nieto en el Bolívar. Y a los de Blel. Y a los de Teresita y Gabriel en Sucre.
¿Cómo solucionarlo? La casa y la educación son claves.
Aunque la solución más recurrente es la educación, el pesimismo nos toca cuando escuchamos de nuestros niños su voto “por el billete de cincuenta” en una inocente elección de personero escolar, tal vez emulando una frase escuchada en su hogar, la primera piedra de esta corrupta conducta social.
¿Y la responsabilidad social de la universidad? Muy difícil impactar a las comunidades para una Universidad del Magdalena centralizada y enterrada de cabeza en la capital Santa Marta, enemiga declarada de llevar educación a los municipios más pobres que, precisamente, es donde más hay que trabajar. Sus paredes silenciosas no se sabe si son una cuestión de estética o si realmente allí no hay nada que opinar o no se puede pues no se ven otros medios de expresión. Y en sus patios se habla más de caciques, votos y favores para asegurar el próximo contrato, que debates críticos y analíticos sobre esa sociedad que se debe cambiar. Igual a cualquier plaza electoral más de un pobre pueblo cualquiera del resto del departamento.
Así de cruda está aún la tarea y así de fuertes deben ser los remedios.
