El próximo 31 de mayo se realizará en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, la audiencia pública sobre política de drogas, tema fundamental en la agenda pública de las comunidades y la bancada alternativa, por eso resulta importante compartir algunos elementos para el análisis.
El problema de las drogas ilícitas en Colombia ha recibido un tratamiento que no ha tenido resultados efectivos, debido, en parte, al trato de guerra y criminalización que se le ha dado al campesinado. Recordemos, por ejemplo, proyectos como el Plan Colombia —acuerdo bilateral entre los gobiernos de EE. UU. y de Colombia firmado en 1999—, el cual se desarrolló como una estrategia contrainsurgente que puso en la mira atacar a cultivadores de coca, marihuana y amapola, como si la raíz del problema radicará en ellos: fue una política fallida que terminó malgastando los 10 billones de dólares que costó (1).
La política de drogas en Colombia se enfocó en la reducción del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito por aspersión aérea o erradicación forzosa manual acarreando costos gigantescos (2). Durante el periodo 2005-2014 en el país fueron erradicadas de manera manual y forzosa 346.371 hectáreas de cultivos de coca y fueron asperjadas de manera aérea 1.110.601 hectáreas, con un gasto total de 88 billones en 10 años (3), además de los grandes costos y los pocos resultados este proceso se tradujo en persecución contra el campesinado que vive del cultivo, daños al medio ambiente y la salud como consecuencia del uso del glifosato, tal como está documentado e investigado
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y de Delito (UNODC) y la Fundación Ideas para la Paz realizaron una investigación que arrojó importantes resultados de cara a la construcción de políticas públicas que reorienten una política de drogas que disminuya de manera progresiva y permanente los cultivos de uso ilícito en donde la presencia del Estado propicie alternativas reales para el buen vivir de las comunidades que sobreviven de las matas de coca, marihuana o amapola.
Los niveles de pobreza, violencia y trabajo informal que se viven en algunos municipios donde hay cultivos son realmente alarmantes: la investigación constata que “el 36% de la población es analfabeta, el 18,2% de niños, niñas y adolescentes que pueden estudiar no lo hacen, el 35,5% tiene rezago escolar y el 86,3% tiene rezago educativo”; en relación al mercado laboral, se “presentan altos niveles de informalidad (97,5%), y altas tasas de dependencia económica (57,9%). Adicionalmente, una de cada cuatro personas vive en hacinamiento, lo cual se relaciona con altos niveles de vulnerabilidad, presencia de enfermedades y pobreza” (4). Por otra parte, el acceso a servicios públicos es restringido por la poca infraestructura que existe en los municipios priorizados como PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y donde los Planes Integrales de Sustitución deben atender a las comunidades cultivadoras.
La calidad de vida de las familias que viven de los cultivos de uso ilícito está por debajo de las familias que viven en las zonas rurales y obtienen sus ingresos por otro tipo de fuentes. Esta realidad desmiente la idea, muy propagada, que quienes viven de este tipo de cultivos son personas con capacidad adquisitiva superior a las demás comunidades del campo colombiano.
Por otra parte, la juventud rural y un porcentaje importante de mujeres están inmersos en la cadena de los cultivos sobreviviendo en medio de las dificultades que se han mencionado, a los que se suma la falta de tierra para desarrollar el agro junto a la falta de titulación de la tierra. Son ocupantes legítimos de la tierra, otros, arrendatarios de un pequeño predio.
Estos y otros aspectos de especial importancia tendrán espacio el próximo 31 de mayo cuando se realizará una audiencia pública sobre la política de drogas en Colombia. Este escenario, que pone en la agenda pública la necesidad de un cambio en las políticas contra las drogas, tendrá lugar en la ciudad de Popayán (Cauca) y se espera una discusión que permita recoger insumos para la construcción normativa y novedosa que vaya más allá de la fallida política antidrogas que se ha impuesto en Colombia, que solo ha dejado altísimos costos para el erario sin tener resultados.
(1) Plan Colombia: Un balance a 15 años de su implementación
(2) Erradicar una hectárea mediante la erradicación manual forzada tiene un costo de 23 millones de pesos, mientras que erradicarla con glifosato mediante aspersión aérea tiene un valor de 73 millones de pesos.
(3) Documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social. Política de sustitución de cultivos. Gobierno Juan Manuel Santos.
(4) ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca? Caracterización de las familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Fundación Ideas para la Paz - Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Pág.7
