La política contra la gente desconoce al ciudadano. La percepción con los recientes acontecimientos es la existencia de una clase política cada vez más desconectada de las necesidades e intereses de los ciudadanos. Las movilizaciones en Bogotá y otras ciudades, conformadas especialmente por jóvenes, reiteran que ellos se sienten excluidos, que sus voces no son escuchadas y que quieren manifestar su rechazo; en este caso fue frente al homicidio de un ciudadano que se resistió a un procedimiento policial (cabe recordar que la policía no puede hacer máximo uso de la fuerza y debe limitarla al mínimo necesario, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia).
El aprendizaje para los jóvenes frente a los acontecimientos de interés público, como el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordoñez, es la inexistencia de canales de comunicación institucionales e interacción que les permita escuchar el malestar ciudadano, movilizarse masivamente y expresar de manera pacífica su inconformismo y esperar que los responsables de conducir las instituciones públicas den respuestas a esas expectativas.
De otro lado, los líderes políticos (presidente y alcaldesa de Bogotá) han mantenido posiciones opuestas y en competencia por capturar e instrumentalizar opiniones ciudadanas frente a los sucesos en los cuales fueron asesinados más de 13 jóvenes, entre ellos 10 en la ciudad capital. Mientras la alcaldesa realiza una acción unilateral de perdón con las víctimas de los homicidios en la ciudad, el presidente sale muy rápidamente a defender a la institución e incluso se viste con el uniforme de policía, constituyendo un mensaje de total indolencia frente a los graves acontecimientos. El costo en la legitimidad es muy alto al no escuchar a los ciudadanos.
A través de las redes sociales se proclaman de manera fanática y casi mesiánica posiciones frente a sus líderes y la descalificación frente a la contienda de liderazgo. La pregunta es: ante la inexistencia de canales de participación real de los jóvenes y de la gente del común, ¿cómo es posible construir ciudadanos responsables que puedan incidir en las decisiones y acciones políticas sobre los temas que les afectan y les interesan? En una política para la gente, el poder ciudadano se basa en la capacidad de trabajar juntos para resolver problemas, como su esencia. Entendido así el poder, el poder ciudadano se incrementa con las organizaciones y la forma de relacionarse entre sí, lo que implica según su modelo, cambiar las formas de interacción entre los ciudadanos y entre éstos y el gobierno (Mathews, Política para la Gente, 2004)
Algunos teóricos sobre el liderazgo político señalan que es “la capacidad para reconocer y aprovechar las oportunidades de cambio existentes, en un momento histórico determinado” (Edwars, citado en Mendez José Luis, 2013). Ante los sucesos recientes, que repudia la ciudadanía en general, se perdió una oportunidad para conectarse con esos jóvenes, ciudadanos y gente del común que ven desconcertados la pugna de estos líderes y las acciones unilaterales que la evidencian una y otra vez.
Dónde están los partidos políticos, los congresistas, la academia, los empresarios, la gente del común, los ciudadanos, los alcaldes de ciudades lejanas al centro como Buenaventura o Yopal, en fin, los que según el Código de Policía son la primera autoridad de su municipio o Distrito y tienen que coordinar y dirigir las acciones las autoridades de Policía. La política para la gente busca establecer vínculos y conexiones entre los diversos intereses, pero lo que se ve en este caso es la adhesión fanática de unos y otros a posturas radicales que polarizan aún más posiciones. Los líderes políticos, que deben establecer una manera posible de lograr los objetivos de una sociedad y construir los canales entre unos y otros, pisotean a la ciudadanía y sus intereses y necesidades, o se ocultan y guardan silencio y establecen distancia.
Ante esta política contra la gente, la ciudadanía tiene en parte la respuesta, porque posee el poder para sentar a unos y otros de manera que sea posible poner a trabajar a los servidores públicos en torno a una transformación de los problemas ciudadanos para dejar de lado la competencia de sus liderazgos y la adhesión fanática de unos y otros, como sostiene Mathews. Es la ocasión para negociar y para crear poder ciudadano a partir de nuevas formas de interactuar, y promover el liderazgo y no a líderes. Este momento requiere el liderazgo de todos, no solo de la alcaldesa de Bogotá y del presidente. No existe una respuesta sencilla, ni fácil, ni obvia.
