La convención guerrillera de las FARC -- el polémico evento de política armada realizado el 18 de febrero en La Guajira-- estuvo amenizado y contó con presentador, comida y baile. No faltó la orquesta como evidencian varios audios publicados en redes. Tampoco la tarima ni la bandera ondeante de la guerrilla en la parte más alta, justo en el escenario, detrás de donde decidieron llevar a cabo el espectáculo político los del secretariado.
Intimidaron a la población por la presencia de aproximadamente 500 guerrilleros fuertemente armados con granadas y fusiles de diferentes clases, incluyendo Galil, que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Al momento de estallido del escandalo circulaban fotos de Iván Márquez y Joaquín Gómez, acompañados de hombres que en un hombro cargaban el fusil y en la mano los volantes de “socialización de la paz” que repartían a la población. A medida que pasaba el día los detalles iban evidenciando la gravedad del hecho. Desde la noche anterior habían ordenado despejar el área sacando toda presencia militar a pesar de que según la ley, dichos despejes, temporales o definitivos, están prohibidos desde el 2010, razón por cual actualmente cursa en el Congreso un Proyecto de Ley que le permitiría a Juan Manuel Santos organizar las zonas de ubicación tras la firma del acuerdo.
De la misma forma en el país está prohibido el porte de armas por decreto presidencial, sin que tenga efecto sobre los miembros de la guerrilla que hacen presencia en poblaciones civiles, lo que también está prohibido. Según los acuerdos la guerrillerada solo puede tener contacto con sus campamentos para hacer lo que Huberto De La Calle, mas tarde el día de ayer, llamaría “pedagogía” de los acuerdos de La Habana. También dijo que estas pedagogías habían sido autorizadas previamente para que los delegados de las Farc lleven mensajes con los avances del proceso a los diferentes frentes.
Poco tiempo después, y a medida que la información avanzaba, se supo que los guerrilleros llegaron hasta La Guajira en helicópteros de la Cruz Roja Colombiana, entidad sin carácter político y que hasta ahora había estado relacionada con aspectos humanitarios, como por ejemplo, las liberaciones de secuestrados que se daban en el Gobierno anterior. Para complementar los traslados se supo que el secretariado se movilizó en camionetas de alta gama con placas venezolanas sin el gobierno haya explicado su procedencia, a quién pertenecen y porqué se encontraban en territorio colombiano recordando que al día de hoy, y después de 6 meses, la frontera colombovenezolana continúa cerrada.
Al igual que esto han quedado muchas dudas en el aire. Ayer en un comunicado que fue calificado por la BBC como “escueto”, De La Calle declaró que la política armada en Colombia no era permitida y que tomarían medidas, las cuales mas tarde definieron como tramitar su regreso a La Habana y suspender por ahora las autorizaciones. Esto despertó aun mas indignación.
Personas afines al proceso de paz y que han respaldado las negociaciones irrestrictamente comenzaron a cuestionar lo que estaba ocurriendo y la respuesta del gobierno. Esto no es nuevo, días antes Ramiro Bejarano publicó una columna resaltando que la Corte Penal Internacional, Human Right Watch, y Amnistía Internacional ponen los ojos en el Acuerdo de Justicia por lo que serían graves falencias que irían en contravía de los estándares internacionales y los mínimos de justicia en Crímenes de Lesa Humanidad.
Así, hacia las 6:30 de la tarde ya contaba el país con un pronunciamiento blando de parte del Equipo Negociador. En dicho pronunciamiento también afirmaron que las pedagogías eran estrictamente autorizadas para los campamentos, lo que contrasta con la información entregada hoy por el Alcalde de Fonseca, quien estaba en un Foro de Paz lejos de Conejo cuando ocurrieron los hechos. El Alcalde afirmó, entre otras cosas, que en Conejo no hay campamentos de las Farc, una aseveración que indudablemente hace preguntarse por qué se autorizó dicho desplazamiento del secretariado desde La Habana hasta Colombia si se sabía de antemano que solo habría población civil.
El Alcalde que recibió con sorpresa la reunión de proselitismo también contó que el municipio si había sido despejado, confirmando lo que extraoficialmente se conocía. Dijo también que aunque se comunicó con el Comandante de la Policía para pedir explicaciones, este le respondió que no le preguntara a él.
Una papa caliente con muchos componentes. Adicionalmente relató el Alcalde que se había pedido una autorización a la Alcaldía por un “grupo de artistas y académicos” para realizar un evento, pero que jamás se le informó, ni a él, ni a la población, que no llegarían académicos si no guerrilleros armados.
Por todo esto pidió, a través de las emisoras, una explicación al Presidente de la República.
Finalmente el día de hoy el Ministro del Interior hizo correría por los diferentes medios en donde calificó el hecho como “una metida de pata”, negó que hubiera despeje bajo el argumento que eso sería “por ejemplo, cuando es definitivo” aunque la ley con claridad prohíbe se desmilitarice incluso de forma temporal.
Aun no hay claridad de qué ocurrió con exactitud. No se sabe, con nombres y apellidos, quien dio la autorización.
En un periódico de Conejo emitido horas antes de la reunión guerrillera, se afirma que “El Evento de Paz” que se llevaría a cabo contaría con la presencia de delegados de las Farc y del Gobierno. Dicha publicación, dificulta las explicaciones gubernamentales que aun quedan en el aire: ¿Sabía o no el Gobierno lo que estaba ocurriendo? ¿Quien dio la autorización? ¿Por qué la dieron si no hay campamentos y solo hay población civil? ¿Por qué si se denunció desde horas de la mañana nadie del Estado hizo presencia para terminar el evento de política armada de las Farc que duró hasta las 5 de la tarde? ¿Si no fue autorizado, por qué los militares que se encontraban a 12 minutos de Conejo no realizaron las respectivas capturas? ¿El porte de armas es prohibido para la población pero aceptado para las Farc en cascos urbanos con civiles y previa desmilitarización? ¿Quién ordenó el despeje? ¿Quién envió los helicópteros de la Cruz Roja? ¿Por qué habían camionetas de placas venezolana y a quién pertenecen? ¿Cruzaron por la frontera sin control alguno o con permiso?
Para rematar la situación de política armada de Farc, esta mañana el periodista Herbin Hoyos, de Las Voces del Secuestro, denunció en su cuenta de Twitter que este hecho no solo ha ocurrido en La Guajira. Afirma que el día de ayer también se encontraba alias Romaña en un evento político armado en el Diamante, Macarena. Romaña, aparentemente, llegó en helicóptero y además del proselitismo los comerciantes fueron extorsionados exigiéndoles la “cuota para la paz”. Por último denunció que 15 días antes un evento de igual características se llevó a cabo en Norcacia a 15 minutos de Florencia, Caquetá, con la presencia de Fabián Ramírez y Tanja.
Queda abierta la pregunta que mas inquieta hoy y que el señor presidente Juan Manuel Santos debería responderle al país con transparencia: ¿Las Farc están actuando a espaldas del Gobierno o la política armada de las Farc es ahora una política de Estado?
Nota: Herbin Hoyos horas antes había denunciado que a Caquetá y Putumayo están llegando toneladas de bolsas grandes de alto calibre y grasa roja que podrían ser usadas para enterrar las armas y conservarlas por largo tiempo. ¿Tampoco lo sabe el gobierno?
