En los últimos meses se han observado en las redes sociales grabaciones sobre el abuso de autoridad por parte de policías en contra de los ciudadanos, además de hechos de corrupción, tanto por parte de ellos como de los ciudadanos colombianos, develados por los medios de comunicación. Por ejemplo, prueba de la corrupción que se percibe es una encuesta realizada en la capital en el segundo semestre de 2018 por la Cámara de Comercio de Bogotá. En una de las trece preguntas realizadas, que era "¿cuál acción debe priorizarse para mejorar la seguridad?", la respuesta con mayor porcentaje fue acabar con la corrupción de la Policía Nacional, con 24 puntos porcentuales (ver encuesta).
Sea como fuere, si se toma como referencia a los policías de tránsito, muchos colombianos se han topado con agentes corruptos que exigen dinero a cambio de la no interposición de un comparendo (real o no) o de que el vehículo automotor no sea inmovilizado. Si bien no solo es culpable quien acepta el soborno, sino también lo es el infractor cuando ofrece dinero con tal de que no lo multen, pese a ello la percepción negativa va más en contra de los “agentes de la autoridad”, quienes se prestan para ello. En ese sentido, si se llegase a demostrar el delito terminaría configurándose en un cohecho impropio cuyo culpable sería el que recibe dinero y, en un cohecho por dar u ofrecer para quien ofrece el dinero (artículos 406 y 407 respectivamente, Código Penal).
A pesar de que lo anterior se observa por doquier, también hay policías buenos y honestos. Sin embargo, es sabido por todos que muchas instituciones son y han sido susceptibles de corruptibilidad. De hecho, si se abordara lo sucedido al interior del Ejército habría mucha tela para cortar, más con el reciente asesinato del excombatiente de las Farc-Ep, Dimar Torres Arévalo (tema que deberá abordarse en otro artículo).
Retornando a lo central, las opiniones sobre los policías son variadas y simulan ser una disputa eterna entre derechistas e izquierdistas. No obstante, los abusos son notorios. Por ejemplo, la recordada muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, la pérdida del ojo izquierdo de Esteban Mosquera o la multa impuesta a Stiven Claros. Aunque este último abuso (pecuniario) no es tan grave como el hecho de perder la vida por un grafiti o un ojo por el derecho constitucional de protestar, igual cuesta “un ojo de la cara”, pues las multas no son acordes al salario mínimo legal mensual vigente.
De manera que lo que se observa en redes, la develación de corrupción, las percepciones y las encuestas sobre la Policía Nacional o sobre algunos de sus integrantes parecieran mostrar una epidemia de atropellos que generan un despertar de los ciudadanos frente a los excesos e injusticias, que dan cuenta de la desproporción de las sanciones y de quienes en ciertos casos malinterpretan las leyes o hacen uso de la fuerza y así terminan abusando de su autoridad o extralimitándose en sus funciones.
Todo lo anterior, finalmente, nada tiene ver con los principios del Código de Nacional de Policía y de Convivencia y, especialmente el establecido en el numeral 12. (…) La adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario”.
Por lo tanto, la frase acorde para mencionar debido a lo que sucede con muchos de los policías es la del libertador Simón Bolívar: “Maldito sea el soldado que apunta su arma contra su pueblo”. Dicha frase es pertinente para los ciudadanos a los que no se les deja opciones distintas a las de no creer en la institución ni en sus integrantes y la de crear una sospecha tal que se llegue a tener más temor a los policías que a los mismos delincuentes.
En definitiva, esa corrupción que se observa al interior de la institución lo único que hace es obligar a muchos a engendrar una marcada angustia social y a mofarse de los absurdos métodos de reprimendas que no educan al ciudadano, sino lo incitan a la ilegalidad, al odio, a las protestas violentas y a la desconfianza de quienes fueran los encargados de la seguridad pública de Colombia.
