El Estado se relaciona con la sociedad de distintas maneras, una de ellas es a través de la policía, por ser la institución que tiene a su cargo la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Es la policía la que garantiza la seguridad ciudadana, mantiene el orden público, promueve la paz social y la convivencia ciudadana; también hace cumplir la ley, combate el delito y pone a los infractores a disposición de los tribunales. Además, realiza funciones de carácter humanitario y de solidaridad. Así es como se define la función policial en una democracia.
¿Qué sucede cuando la policía, con la justificación de mantener el orden público, incumple con su mandato legal? ¿Cuándo en el ejercicio de sus funciones abusa de la autoridad, recurre al uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza y viola los derechos humanos?
Estas son algunas de las preguntas a que dio lugar la actuación de la Policía Nacional (Esmad) durante las protestas y movilización estudiantil en la última semana de septiembre. En la Universidad Distrital funcionarios del cuerpo docente venían incurriendo, como es sabido, en actos de corrupción que no se denunciaron a su debido tiempo y por ello una indignada comunidad estudiantil paralizó la actividad académica y bloqueo las vías adyacentes a la universidad en un acto de protesta que tenía como finalidad llamar la atención del público y de las autoridades para que esos hechos fueran investigados y se sancionara a los responsables. Pero esa protesta fue disuelta, con la intervención de la Esmad, quien restauró el orden con un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza.
A esa actuación de la Esmad, seriamente cuestionada por considerarse que restringió el libre ejercicio de las libertades, se respondió con una gran movilización estudiantil con la participación de las universidades públicas y privadas. En un acto sin precedentes, los estudiantes desfilaron por las calles de la capital y en otras ciudades del país, como una muestra de solidaridad con los compañeros de la Distrital y para condenar el autoritarismo policial. Pero una vez más quedó demostrada la brutalidad policial, al ser disuelta la manifestación con el uso de la fuerza y la violencia.
Ese comportamiento de la Policía cuestiona el sentido de la institución y le resta credibilidad, aunque existen sectores de la sociedad que legitiman, con su aprobación, el uso desproporcionado de la fuerza. Pero hay quienes consideran que no se puede tolerar ese tipo de actuaciones, porque violan las libertades civiles y los derechos fundamentales, con implicaciones para el sistema democrático.
Como se puede observar hay dos posiciones respecto a la actuación de la policía, una que prioriza el orden policial y la otra que aboga por un orden democrático.
Los que defienden el orden democrático, entienden la protesta como un mecanismo de participación democrática, implícito en el derecho a la libre expresión (art. 37 CN) y de asociación pacífica (art.37 CN) y como tal está tutelado en la Constitución, en el ordenamiento jurídico y el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, en la práctica, como se pudo observar, ese derecho no se respeta, incumpliéndose así con el deber de garantizarlo. Y esto es así, porque aún sigue prevaleciendo la “doctrina contrainsurgente” al interior de la institución policial. Se prioriza una visión de la Policía como guardián de la seguridad interior y no como garante del libre ejercicio de derechos fundamentales. La libre manifestación y reunión es asociada con actos de subversión, de rebeldía, que alteran el orden público y se combaten con el uso de la fuerza y la violencia. Esa ha sido una constante a lo largo del conflicto y quienes más han sufrido esa represión y violencia indiscriminada son los líderes de los movimientos sociales del área rural. Si estos recurren a la protesta y la libre manifestación es porque no hay otra vía para llamar la atención del Estado. Un ejemplo de esa realidad es la minga…
La instauración de ese orden policial lo origina la ausencia de Estado, que termina por facultar a la institución policial para que resuelva la conflictividad social con el uso de la fuerza y la violencia. Es así como la policía terminó ocupando los espacios que le corresponden a la autoridad civil, al tiempo que se daba una concentración de poder que la sitúa por encima de dicha autoridad.
En el contexto de un proceso de paz, es el Estado el que tiene que asumir el deber y la responsabilidad de resolver la conflictividad social a través de equipos multidisciplinarios y multisectoriales (que incluya a la Policía), y mediante la apertura de espacios para el diálogo, la negociación y la concertación. Es de esta manera como se puede alcanzar un orden democrático y emprender las reformas económicas, sociales y políticas que la población está reclamando.
Sin embargo, lo que sigue prevaleciendo es el orden policial como se puede observar en el nuevo Código de Policía. Una normativa que le otorga una autonomía y unas facultades tan amplias que rompen con el principio de gradualidad de las funciones de la Policía. Ahora la institución policial no solo ha pasado a estar por encima de la autoridad civil, sino es quien tienen la potestad para limitar el ejercicio de las libertades civiles y ejercer un control del comportamiento social mediante el uso de la fuerza, lo que hace pensar que la Policía Nacional ha pasado a constituirse en un poder más del Estado, el cuarto poder.
La aplicación de ese nuevo código de Policía está dando lugar a un aumento de la tensión en los conflictos sociales y ello por el uso desproporcionado de la fuerza, no teniendo en cuenta que se está frente a una sociedad saturada de violencia. De la doctrina de la contrainsurgencia se ha pasado a la doctrina de la seguridad interna por la cual se pretenden resolver los conflictos sociales con una violencia policial desproporcionada no respetando, siquiera, los parámetros legales.
Es con ese orden policial como se pretende que el ciudadano sea respetuoso de la ley, con la falsa creencia que es de esta forma como se educa a la población. Esos procedimientos que se basan en el uso de la fuerza, son los que están dando origen a un malestar en una población que no entiende lo que es cultura ciudadana. En particular los más vulnerables que son los excluidos social y económicamente. Si realmente se pretende educar a la población, no es por la fuerza, es con el buen ejemplo y la apertura de espacios para la participación.
El problema es que la policía no está habilitada para cumplir con esa función social de educación ciudadana, porque no tienen la solvencia moral y ética para constituirse en un buen ejemplo. Se está frente a una institución seriamente cuestionada por sus conductas inapropiadas al interior de la institución, y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y abuso de autoridad. Además de ser considerada como una de las instituciones autoritarias, corruptas y propiciadora de impunidad, con poca credibilidad y confianza.
La policía es el reflejo del Estado y si Colombia no tiene una policía respetuosa de las libertades y los derechos fundamentales es porque el Estado tampoco lo es. En ese contexto se puede decir que la actuación de la policía como quedó demostrado, no se corresponde con los parámetros establecidos en una democracia. Esto hace que la institución policial no esté, en la actualidad, preparada para contribuir positivamente a los desafíos que tiene Colombia para alcanzar la paz, la reconciliación y a la convivencia pacífica de todos los colombianos. Es por ello, que muchas voces recomiendan que, en Colombia se está necesitando de una nueva Policía Nacional Civil, con una nueva doctrina respetuosa del ordenamiento constitucional y de los Derechos Humanos, que garantice el orden democrático, que sea aceptada por la población y tenga una vocación de servicio a la comunidad. Solo es de esta manera, es como se puede evitar que Colombia siga transitando hacia la consolidación de un Estado de Policial.
Para concluir, es necesario hacer una referencia a esa indignación activa que se empieza a observar y que está dirigida a propiciar un cambio de conducta y de comportamiento. Una indignación para crear conciencia de cambio y de compromiso con la democracia y el futuro de Colombia. Es así, como las nuevas generaciones de futuros profesionales han empezado a rechazar y condenar ese autoritarismo, ese régimen de corrupción y de impunidad que está impidiendo construir una nueva Colombia.
