Algo compungido y pesimista, escribo este artículo, a pesar de mi fe en la humanidad. Es común que las instituciones educativas eduquen al ser humano, sin embargo, la educación más poderosa proviene de los malos funcionarios y políticos de cualquier país. Con sus perversas acciones y torpes ejemplos que son transmitidos en tiempo real y replicados a escala global por los medios de comunicación, dan lugar a la visión de la ciudadanía como si eso es lo correcto para ser imitado.
Estas poderosas actitudes son practicadas desde hace tiempo, y lamentablemente, una parte de la población lo ha asumido como una forma de vida en el Perú. Durante el año 2022, según la defensoría del pueblo, el 81% de los gobernadores elegidos se encontraban involucrados en casos de corrupción en proceso y otros delitos. Lo más triste, el candidato con arresto domiciliario de Tacna fue elegido gobernador por una ciudadanía que deja mucho que pensar. Esto es un escándalo social, digno de estudios de tesis doctorales.
La extraña novela no termina aquí. El Poder Legislativo, quienes deben elaborar leyes que impulsen el desarrollo del país, están delinquiendo en masa. De acuerdo con el informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), de los 130 congresistas de la República, en la actualidad, 47 de ellos están siendo investigados por Fiscalía de la Nación. Lo peor de todo, en vez de legislar, estos majaderos se pasan el tiempo defendiéndose y por supuesto, tienen sobradas razones para mantenerse en el poder hasta el 2026.
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Por otra parte, respecto al Poder Judicial, entidad encargada de impartir la justicia salomónica para el buen vivir, en julio del 2020 esto publicaba la Procuraduría Anticorrupción, “334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183), se encuentran involucrados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional, entre los que se registran 42 sentenciados por delitos…”. Estimados lectores, la lista es interminable y ni que escribir del Poder Ejecutivo, basta con observar a casi todos los expresidentes vivos investigados por casos de corrupción y tres de ellos están presos.
Con esta casta de funcionarios y políticos, como diría Javier Milei, el virtual presidente argentino: ¿es posible soñar con un Perú desarrollado?, ¿existe justicia equitativa?, ¿habrá agua y alcantarillado para todos?, ¿habrá una educación de calidad?, ¿hay gobernanza con oportunidades para todos? Sin pecar de pesimista, eso es imposible por ahora. Es como si en la prisión hayamos asignado como guardián de los presos al jefe de la banda.
A finales del siglo XIX, Manuel González Prada afirmó que el Perú era un organismo enfermo donde se pone el dedo, salta el pus. A esto se añaden las palabras de Jorge Basadre, quien señalaba, que nuestro país padecía un abismo social y de malos funcionarios. En la actualidad, estas afirmaciones son reales y vemos asombrados, de cómo esta pandilla de bellacos nos conduce a la bancarrota, mientras junto a su entono se enriquecen, como se evidenció en el caso del Fondo Mivivienda en el gobierno de Castillo.
Este cáncer social tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, lo que a su vez echa por tierra el esfuerzo pedagógico de los educadores. Para colmo, estos mafiosos gozan de un sinnúmero de entrevistas en los medios de comunicación y desde esa plataforma, con descaro descomunal, refuerzan sus defensas apelando a argumentos basados en leguleyadas y oscuras componendas.
La lucha y extirpación de la corrupción en el Perú es un desafío colectivo e histórico a cargo de la ciudadanía con aspiraciones de un país próspero. No podemos perderlo, de lo contrario estaremos condenados al eterno subdesarrollo, bajo el liderazgo de rufianes políticos y funcionarios corruptos.
© David Auris Villegas. Escritor, columnista, profesor universitario y creador del ABDIV
