En reciente informe el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en el diario Portafolio (marzo 28/17), dicha entidad afirma que el país, en 20 años, podría tener ingresos per cápita de 30 000 dólares por año. El estudio del BID asume alcanzar tasas de crecimiento anuales del 6 % al 7 % del PIB y para lograr esas metas asume que el país va a poder fomentar el desarrollo empresarial y mejorar la calidad y financiamiento de la infraestructura y del desarrollo urbano. Con todo el respeto con los economistas del BID, las proyecciones del estudio no tienen asidero en la realidad. Y no tienen asidero porque algunos en Colombia están haciendo todo lo posible para que no haya ni desarrollo ni infraestructura.
Cuando se investigue la desaparición de la minería legal en Colombia lo primero que se va a establecer, para sorpresa de los ecofanáticos, de los municipios que han prohibido la minería y de la izquierda que pretende impedir a toda costa el desarrollo empresarial del país es que la minería no desapareció: al contrario, está más viva que nunca. A lo que se le dictó muerte civil fue a la minería legal, aquella que cumple con las reglas ambientales; que paga los impuestos; y que genera regalías. La ilegal, en manos de los antiguos integrantes de las Farc, del ELN, de las bacrim, y de los brasileños corruptos, es y va a seguir siendo un ‘negocio’ próspero y dinámico. Como es absolutamente obvio, ni a la Nación, ni a los gobiernos municipales, ni departamentales les va entrar un peso por concepto de tributos, contribuciones o regalías. Adicionalmente, todas las cuencas hídricas van a estar contaminadas de mercurio y otros químicos. La minería ilegal no es conocida por sus practicas amigables ni con la flora, ni con la fauna; y de bosques y vegetación nativa, o de animales silvestres va a quedar muy poco. La minería ilegal va a arrasar con todo.
Una de las mujeres más polémicas del Valle del Cauca,
Rosa Emilia Solís, hasta ahora ha sido el ‘palo en la rueda’
de los grandes proyectos de infraestructura en Buenaventura
En el tema de la infraestructura, los obstáculos que enfrenta su desarrollo e implementación son igual de complejos. Una de las mujeres más polémicas del Valle del Cauca, Rosa Emilia Solís, hasta ahora ha sido el ‘palo en la rueda’ de los grandes proyectos de infraestructura en Buenaventura. Según La Silla Vacía, “El recién inaugurado puerto de Aguadulce que tuvo una inversión de 320 millones de dólares y se demoró nueve años en ver la luz después de atravesar un largo proceso de consulta previa con las comunidades que Solís representa, y trámites con entidades locales y nacionales. Esa consulta previa y otras que Solís ha asesorado, como el de la construcción de la doble calzada de Buga – Buenaventura y el corredor férreo del Pacífico, han hecho visible su poder, que parte de que se conoce al dedillo los intríngulis de la ley 70 y que ha usado el mecanismo para bloquear proyectos claves y elevar el precio de su aprobación, “Ella hace política con ‘p’ minúscula. Puede bloquear un proyecto si no se consulta con ella. Pregunta ‘qué me da a mí y yo le ayudo’ y pide lo de siempre: plata, puestos, contratos. Ella claramente es la exponente de esa tendencia clientelista asociada a la representación de las comunidades afros”.
Y si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar una demanda que amenaza el poder de Rosa Solís, el problema es que a lo largo y ancho de todos los municipios de Colombia se encuentran ‘clones’ de Rosas Solís. Es decir, inescrupulosos que con base en su hábil manejo de las comunidades y de las poblaciones municipales, y de los intríngulis de la ley 70, chantajean al gobierno paralizando la mayoría de las obras de infraestructura que necesita el país. ¿Cómo un puñado de personas acaba con la minería legal y una recua de pícaros paralizan el desarrollo de la infraestructura? La respuesta es que la ignorancia y pusilanimidad unos cuantos magistrados ha permitido -que en un exceso de democracia- unas vociferantes y poderosas minorías violen los derechos de la inmensa mayoría.
