Para Mancur Olsen, en su texto La lógica de la acción colectiva: “si todos los miembros de un grupo de individuos o de empresas tienen determinado interés en común, el grupo manifestará una tendencia a satisfacerlo”, y eso es lo que intentaré demostrar en esta columna, en donde explicaré porque la movilización social tiene poder en Colombia y debe mantenerse.
Las movilizaciones sociales siempre han sido la respuesta a la indignación, el rechazo y el inconformismo de los colombianos frente a determinadas decisiones políticas y de Estado, las cuales benefician a unos pocos y afectan a la gran mayoría de colombianos. Como por ejemplo ha sucedido en las movilizaciones del movimiento estudiantil MANE, en el año 2011, las cuales lograron frenar la reforma a la ley 30 de educación superior, impulsada por el gobierno del presidente Santos. Gracias a las contundentes marchas que organizaron los estudiantes en diferentes ciudades del país, con principal resonancia en Bogotá, se frenó la implementación de esa reforma.
En nuestro país no solo los estudiantes han tenido expresiones y mensajes contundentes al gobierno y a la sociedad civil por medio de las marchas, movilizaciones y protestas, recordemos que durante los años 2013 y 2014, los campesinos fueron visibilizados por los medios de comunicación por primera vez, colocándolos en el centro de atención y en primer tema de la agenda nacional, tras el paro nacional agrario.
El paro agrario se originó tras las consecuencias que generaron las políticas de internacionalización de la economía y de apertura económica, de manera desmedida, las cuales generaron un cese de actividades del sector agropecuario, pues las importaciones y los tratados de libre comercio, acabaron con la producción nacional, y dejaron a los campesinos endeudados, con remate de tierras y en una profunda crisis, que hoy 2 años más tarde, continúa y pareciera nunca acabar.
En las movilizaciones agrarias Colombia logró recuperar el sentido de pertenencia por el sector rural, por el campo y por el campesinado, valorando su trabajo, pues gracias a ellos, es que en nuestro país se puede hablar de seguridad y soberanía alimentaria, a pesar de las importaciones que amenazan con acabar al sector. Estas movilizaciones campesinas a las cuales se sumó la sociedad civil, fue un mensaje del sector agrario al gobierno Santos y a aquellos gobiernos de turno que han tomado malas decisiones políticas, y que han hecho deficientes elaboraciones de políticas públicas agrarias.
Los pueblos indígenas también han encontrado en las movilizaciones sociales y las mingas, una manera de ejercer presión social y de mandarle un mensaje contundente a los gobiernos de turno, para exigir el cumplimiento de los derechos autonómicos indígenas.
Las organizaciones obreras y los sindicatos también han recurrido a las movilizaciones sociales para exigir unas mejores condiciones laborales para sus trabajadores, ante los bajos salarios que históricamente han tenido los trabajadores colombianos.
Para definir los salarios mínimos, el gobierno siempre reúne a los sindicatos y a las centrales obreras, en donde les piden que sugieran los aumentos salariares, pero finalmente es el gobierno como siempre el que define como será el salario mínimo. Esta situación es injusta, pues un salario mínimo en Colombia no alcanza para nada, no garantiza unas condiciones mínimas de vida para los trabajadores, pero en cambio, si se analizan los sueldos de las tres ramas del poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, siempre habrá una excusa del gobierno y de los trabajadores de estas tres ramas del poder, para aumentarse el sueldo en millones y millones de pesos, con aprobación de los gobernantes. Pero bueno esa es la Colombia inequitativa y desigual en la que vivimos y en la que históricamente las familias terratenientes, de más dinero y poder, son las que han mandado en nuestro país, y las que tienen a Colombia en atraso, en subdesarrollo, en inequidad, y con un conflicto armado en un tira y afloje, con la paz embolatada.
El conflicto armado en Colombia está a pasos de acabarse, con la voluntad de las guerrillas colombianas, tanto de las FARC como del ELN, en donde las FARC ya tienen un acuerdo con el gobierno y el ELN está en negociaciones. Sin embargo la clase política conservadora y la ultra derecha, al parecer no quieren que se acabe pronto el conflicto armado, o no quieren que el gobierno Santos sea el protagonista de la paz, todo por una situación de egos, personalismos y una proyección política del Partido Conservador y del Centro Democrático, los cuales quieren tener las mayorías en el 2018, en el Congreso, y ganar la presidencia, esas intenciones pueden poner en peligro el fin del conflicto armado y la paz.
Tras los resultados del pasado domingo 2 de octubre, en las elecciones del plebiscito, para definir si los colombianos aprobaban o no la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, en las cuales ganó el No, los ciudadanos que votaron por el Sí, o que no votaron, e incluso algunos que votaron por el No, decidieron volcarse a las calles, para reclamar un acuerdo de paz ya, tanto al gobierno como a los negociadores del No.
En este nuevo escenario de incertidumbre, zozobra y desconcierto, a la sociedad civil no le quedó de otra opción que recurrir a la movilización social, por medio de marchas, campamentos por la paz, y todo tipo de actividades, con el fin de presionar al gobierno y a los que impulsaron y promovieron el No, para que se dé un acuerdo ya, y así se pueda firmar la paz con las FARC.
Es la primera vez que Colombia se moviliza con tanta fuerza por un acuerdo de paz y por el fin del conflicto armado, la sociedad civil ya no aguanta más vivir en un país en guerra, con un sector rural sin futuro y en medio del conflicto.
Las marchas por la paz y por un acuerdo ya, son el reflejo del desespero de los colombianos ante un acuerdo de paz embolatado, que las clases políticas lo quieren manipular a su antojo y acomodo, todo por definir qué fuerza política, o que líder político sale mejor posicionado de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.
La sociedad civil debe seguirse movilizando por medio de marchas y de actividades por la paz y por un acuerdo inmediato, los colombianos no queremos que los políticos jueguen con la paz que merecemos y que es un derecho de todos.
