El Estado colombiano está compuesto por tres ramas de poder y una cuarta adicional:
- El poder ejecutivo, compuesto por el gobierno de turno Presidencial, gobernaciones, y alcaldías.
- El poder legislativo, donde encontramos al Congreso de la República con sus dos cámaras: Senado y de Representantes.
- El poder judicial, donde se encuentran la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Superior de la Judicatura, al igual que la Fiscalía.
- Los entes autónomos --organismos del Estado-- donde encontramos al Banco de la República, Comisiones de Televisión y Servicio Civil.
Por último, tenemos al órgano electoral. Este nos concierne para el desarrollo de una propuesta de mayor importancia para la democracia colombiana, en especial frente a la firma de un acuerdo de paz de La Habana.
Para la Fundación Paz & Reconciliación, el Acuerdo sobre Participación Política de la Agenda de Negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, es el punto más importante de la negociación ya que en este se consolida la transición de las FARC-EP, de la lucha en armada a la competencia política dentro del Estado de Derecho. En este punto de la agenda, las dos partes se reconocen y aceptan las posturas de otro. Por un lado, el Gobierno Nacional acepta y legitima el papel histórico de las FARC-EP como actor político de la democracia colombiana. Por otro lado, las FARC-EP aceptan el Estado de Derecho como el sistema por medio del cual – participando en política – lucharán para lograr los cambios en el sistema social, político y económico.
Es así como nos encontramos frente a un momento histórico para hacer las reformas necesarias al sistema electoral colombiano, y por qué no, al balance de fuerzas del Estado.
La Fundación Paz & Reconciliación lanza una propuesta para la creación de una nueva rama de poder dentro de la estructura del Estado colombiano, autónomo e independiente; el Poder Electoral Colombiano. Esta rama del Estado estará a cargo de toda la organización, ejecución y seguimiento a los procesos electorales en Colombia incluyendo a los partidos, remplazando por completo el Consejo Nacional Electoral, y desplazando a la Registraduria Nacional.
Esta rama del Estado estará encarnada en tres instituciones: el Colegio Electoral Colombiano, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales y el Tribunal Electoral.
Este quinto poder no es algo innovador, pero es algo muy necesario para la democracia en Colombia. Es más, se podría decir que Colombia es de los pocos países en América Latina donde esta figura no existe, ya que, en la actualidad de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Chile, Uruguay, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela, existen sistemas que se asimilan a un “Poder Electoral”, pero solo en Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, este poder es independiente del judicial, ejecutivo, o legislativo.
Estas tres instituciones del Poder Electoral tendrán como sus funciones combatir el fraude electoral, emitir resoluciones electorales, atender denuncias, supervisara la conformación de partidos políticos, y la inscripción de candidatos, tendrá las capacidades para ser un órgano de control con poder sancionatorio para castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el nuevo código electoral. El siguiente organigrama muestra cómo estaría estructurado el Poder Electoral Colombiano:
El Colegio Electoral remplazaría el CNE actual, el cual es un organismo politizado donde la influencia de los partidos políticos es evidente, y que funciona bajo la lógica de “no te investigo, si tu no me investigas”. El CEC contará con sucursales departamentales y unidades móviles que puedan llegar a los procesos electorales en cada región del país. Igualmente, el Poder Electoral contará con un Tribunal de Justicia Electoral con la capacidad de sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña y cualquier delito electoral. Por otro lado, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales, trabajaría de la siguiente manera:
- Entregará anticipos establecidos por el CEC.
- El partido que avala candidatos, tendrá la responsabilidad fiscal y legal frente al manejo de los dineros del anticipo.
- El candidato avalado por un partido tendrá que limitar su campaña a los topes establecidos por la institución electoral.
- Al final de la contienda, el partido recibirá los ingresos de reposición de votos.
- El partido tendrá que reponer los fondos entregados por la agencia, restando el ingreso de la reposición de votos.
- La agencia tendrá acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos.
- Esta agencia tendrá un equipo de investigación de gastos de campaña quienes aseguraran que no se ejerzan gastos que superen los establecidos por los topes.
- La agencia podrá imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas.
La creación de esta agencia obligará a que el candidato dependa de un partido político y no que el partido dependa del candidato. Al mismo tiempo promoverá la transparencia y la responsabilidad en las campañas políticas, mientras ayuda a combatir el ingreso de dineros de la ilegalidad.
Esta es una primera aproximación de algunos de los cambios que se deben discutir para la consolidación de un sistema electoral que responda a las necesidades del postconflicto.
Se abre una ventana de oportunidad para profundizar la democracia en Colombia. Y se abre el debate con propuestas que, aunque sean controversiales y levanten ampollas en algunos sectores del establecimiento, son necesarias.
