Uno de los muchos temas recurrentes en la esfera política de Colombia es la presencia en ella de familiares de corruptos y criminales. La concreción más evidente de ello se da cuando un político, en las raras ocasiones en que esto sucede, resulta condenado por la justicia, sea por corrupción o por actividades relacionadas a otras esferas de la criminalidad, y consigue que su esposa, hermano, hijo o cualquier otro pariente acceda a ocupar su posición en cargos de elección popular. En ese caso, la maquinaria política construida por un criminal simplemente traslada su votación a uno de sus familiares.
Los ejemplos abundan: el Ñoño Elías tiene a su hermano en competencia para recuperar su curul en el Senado; el senador Ciro Ramírez es hijo de un exsenador, Ciro Ramírez padre, condenado por parapolítica. El padre simplemente le transmitió los votos de su estructura parapolítica a su hijo, y la familia mantiene una curul en el Senado. El coronel Aguilar fue capturado haciendo campaña para repetir como gobernador en Santander, hizo elegir a su hijo Richard, hoy también capturado por corrupción; ahora su hijo Mauricio, también con investigaciones judiciales, es gobernador, y se afirma que una de sus hermanas será candidata al Senado. Es decir, si la justicia encarcela a la mitad de la familia, siempre habrá a quién poner a ocupar alguna posición política para conservar el poder y la capacidad de negociación del clan.
Finalmente, Álvaro Uribe Vélez, señalado de gran parte de las conductas tipificadas en el código penal colombiano, aunque al margen de la política formal, ya que renunció cuando la corte suprema le impuso una medida de aseguramiento (y no fue precisamente por andar cogiendo café), aspira a conservar la capacidad de canalizar la votación de su estructura política hacia quien el mismo “diga”, incluyendo a su hijo, “Don Tomás Uribe”, como lo llama Julito.
En fin, existen familias que, al más puro estilo mafioso, funcionan como estructuras políticas vinculadas al crimen y la corrupción, y que cuando sus jefes políticos son condenados por la justicia, conservan el poder al reemplazarlos con sus parientes, fenómeno que puede denominarse como “testaferrato político”.
Sin embargo, siempre que se cuestiona la participación de herederos o testaferros políticos de delincuentes en la política, aparecen sus defensores con un argumento repetido de manera insistente, particularmente por los grandes medios de comunicación. Julito y Vicky son defensores permanentes de la “honra y buen nombre” de los políticos herederos de políticos criminales condenados; su argumento es que los delitos no se heredan, que no hay delitos de sangre, que el delincuente es su familiar o familiares. En fin, que al político hijo, hermano o esposa de un parapolítico o político corrupto debe considerársele como el más honorable de los ciudadanos de Colombia, sin importar que lo haya elegido la misma maquinaria paramilitar, corrupta o narcotraficante que su familiar condenado construyó, y que ahora se pone al servicio de sus testaferros políticos sin antecedentes judiciales. Los crímenes no se heredan, pero la maquinaria política construida mediante el crimen, sí.
La defensa de los grandes medios hacia los testaferros de los políticos condenados es explicable. La gran prensa siempre ha estado asociada al establecimiento que controla el poder político; los compran con dádivas, sean jugosas comisiones, invitaciones a cocteles o paseos en el avión presidencial; sus ingresos y sus posiciones dependen de la permanencia en el poder de la casta gobernante. En el caso de Vicky Dávila, hay una razón más cercana aún: su familia conyugal es, en sí misma, un clan político vinculado a diversos delitos, con varias condenas penales, entre ellas la de su suegro, el parapolítico y corrupto Lucas Gnecco, y la del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve Gnecco, sobrino de Lucas, hoy capturado por corrupción. De manera que, en el caso de Vicky, la defensa del testaferrato político es un “asunto de familia”, indispensable para proteger el poder político familiar, aspecto que tiene impacto directo en la herencia. Y nadie juega con el patrimonio de la familia.
Cierto, no existen delitos de sangre; los delitos no se heredan de padres a hijos o a otra parentela. Este es un argumento jurídico, que funciona en el terreno del derecho penal. Nadie pide que a Alfredo Ramos se le condene penalmente por los crímenes de su padre, a Tomás Uribe por lo que se le demuestre al suyo en un proceso penal, o a Ciro Ramírez hijo por las relaciones con paramilitares de Ciro Ramírez Padre.
Pero además de la responsabilidad penal, que es individual, existe la responsabilidad y la censura política, la censura social, que es mucho más amplia, y que sirve de indicativo de la madurez política de una sociedad. Sin duda que en países como Francia, Suiza o Alemania la opinión pública, la prensa o la misma clase política jamás aceptarían que familiares de corruptos, narcotraficantes o asesinos condenados los reemplazaran en sus cargos como testaferros políticos.
Cualquier sociedad que tenga una mínima conciencia del bien común, y de lo nocivo que para este resulta que el poder político esté controlado por estructuras delincuenciales, en este caso mediante testaferros, debe censurar e impedir que sus herederos políticos asciendan al poder bajo la cobertura de “gente de bien” o “gente decente”, que, sin embargo, no tiene problemas con ascender al poder político mediante una escalera hecha con cocaína, paramilitarismo y corrupción.
Por tanto, debe censurarse la participación en política de aquellos que, en virtud de sus vínculos familiares con políticos condenados, aspiran o llegan a posiciones de poder político como testaferros de sus familiares, y con base en la cauda electoral de estructuras delincuenciales controladas por jefes de familia que, a pesar de estar condenados, nunca han perdido su capacidad para hacer elegir a los suyos en puestos claves del poder.
