Las inversiones en territorios de propiedad colectiva étnica en los parques eólicos en la Alta Guajira es un turbio negociado de las altas esferas del gobierno, presidente y ministros, con el capital extranjero. Esto está arrasando todos los derechos de los nativos, al manejar esta producción como el extractivismo del subsuelo. Este suelo tiene dueño y está habitado por ciudadanos. Ya hay normatividad para la expropiación. La preocupación presidencial es la seguridad inversionista y se ha puesto al lado de las multinacionales y grandes empresas nacionales en contra de nuestro pueblo. Neoliberalismo puro y duro.
Estamos ante un proceso gigantesco de desterritorialización, precisamente en zonas de extrema pobreza y “estado de cosas inconstitucionales”. Sin que los guajiros nos diéramos cuenta, con la complicidad de nuestros congresistas y “dirigentes”, impusieron a la brava estos proyectos por encima de la Constitución y normas internacionales. Este insaciable neocolonialismo solo es posible en regiones como La Guajira, periferia desechable que solo interesa por su utilidad lucrativa. El sacrificio se da en forma brutal por residir en ellas pueblos y culturas que no les importan a las élites políticas nacionales y a las arrodilladas locales. Idea esta asociada al imperialismo y al racismo. Los más afectados, como en la colonia, son negros y cobrizos.
Son 16.000 niños en riesgo de desnutrición crónica, algunos de ellos tipo marasmo (piel pegada a los huesos), según el ICBF, que ha provocado la muerte de 29 en 2021 en el departamento. Situación ampliamente conocida en el ámbito internacional desde 2016, momento en que se registraban 4.770 niños muertos en ocho años. A pesar de eso, el gobernador Nemesio Roys Garzón se enfoca en otras cosas. Después de su desvergonzada y cínica repartija de 300.000 millones de pesos, denunciada en los medios nacionales, lo vemos posando al lado de su socio Alfredo Deluque de gran gestor ante el gobierno nacional por la pavimentación de la vía Uribia, Puerto Bolívar, Cabo de la Vela y Puerto Estrella. Este proyecto se hace realidad más por conveniencia de las multinacionales que para la proyección del turismo guajiro.
Lo que sí quiero reprochar es la solicitud (no creo que sea su idea) que presentó al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa. Él, preocupado por la protección de las multimillonarias inversiones en la Alta Guajira, propone la conformación y ubicación de un batallón especial de vigilancia cuya inversión requiere una cifra estimada en 5.000 millones de pesos; 3.000 millones de pesos de la nación y 2.000 millones del departamento, en momentos que ya son manifiestas las protestas de los nativos en favor de sus reivindicaciones constitucionales. Nunca hemos visto al señor gobernador promover la justicia ambiental y defender los intereses de las comunidades indígenas. En contraste, ahora los intimida.
A esa militarización se suman 20 vehículos de guerra, transferidos por Estados Unidos al gobierno de Colombia para ejercer soberanía en territorios fronterizos y aumentar “la presencia institucional en regiones como La Guajira”. En otras palabras, en subterfugio, se prepara una cabeza de playa para invadir a Venezuela; hay que recordar que todas las intenciones anteriores han fracasado. En el ocaso de su nefasto mandato, al presidente Duque le toca congraciarse con los gringos. Pasará a la historia, nuestro gobernador, como el más ilustre y letrado de los lambones.
Estamos ante el sempiterno caso de megaproyectos que se invocan como prioridad ante la propiedad privada colectiva de pueblos étnicos e incluso por encima del derecho a su existencia. Al igual que cuando se creó el Batallón Matamoros en el municipio de Albania, cuya misión era la de proteger la integridad de la infraestructura energética y no los intereses de las comunidades desterritorializadas por la minería del carbón, como siempre, “plomo es lo que hay”.
