Tienen razón quienes sostienen que las facultades del presidente le permiten firmar los acuerdos con las Farc sin necesidad de refrendarlos por la opinión pública.
Tienen razón quienes dicen que el plebiscito no es vinculante y que por lo tanto en caso de una votación en contra no obligaría a deshacer lo concretado.
Tienen razón quienes precisan que este plebiscito tendría solo el carácter de una consulta o encuesta popular pues no se plasmaría en ninguna norma o texto legal o constitucional. Que solo se instruye para la dirección de una política pero no se refleja en textos legales.
Tienen razón quienes cuestionan que valga la pena hacer semejante gasto cuando no tiene ningún efecto real ni para un lado ni para el otro.
Tienen razón los que consideran que si se vota hoy el plebiscito citado por el Gobierno se expresaría tanto o más la aprobación o desaprobación a la gestión del mandatario actual que la voluntad de llegar a acuerdos políticos para el fin del conflicto armado.
Probablemente tienen razón aquellos que ven como inconstitucional la ley del plebiscito, pues el cambio del umbral para un caso particular desconoce la norma superior que hoy rige, y, no respondería al principio de que la ley debe ser abstracta y universal y no casuística.
Tiene razón el fiscal al mencionar que bajo el Derecho Internacional Humanitario se podría dar categoría de ‘Acuerdo Especial’ a lo que se firme en La Habana y que eso le daría obligatoriedad jurídica vía el llamado ‘Bloque de Constitucionalidad’, lo cual volvería inocuo incluso un voto negativo mayoritario
Pero razón tienen además quienes señalan que lo acordado en La Habana se limita en concreto a la dejación de armas contra un régimen especial de Justicia Transicional.
Porque tienen razón al destacar que los otros puntos son tan obvios que no dependen de acuerdos; que hacer ajustes a la política agraria es imperativo con o sin pactarlo con las Farc; que mal podría entenderse que si no se acuerda que dejen la actividad de narcotráfico podrían seguir adelantándola; o que podrían quedarse con el fruto de la actividad delictiva y solo con los recursos de los contribuyentes se atendería a las víctimas.
Tiene razón quienes entienden
que difícilmente alguien entrega las armas
y suscribe un tratado para ir a la cárcel
Tiene razón quienes entienden que difícilmente alguien entrega las armas y suscribe un tratado para ir a la cárcel, y que, si el objetivo es cambiar la forma de hacer política con las armas por hacerla con los votos, mal se pueden negar los derechos políticos a quienes abandonan la insurgencia.
Pero sobre todo tienen razón quienes se muestran escépticos respecto a la paz por lo que significa la reiterada afirmación del presidente de que no se cambiará nada del modelo político, o del modelo económico, o de la sumisión cuasiincondicional a los intereses extranjeros, o del respaldo a problemas como la droga según los designios de Estados Unidos, o de la función exclusivamente represiva del Estado, o de las fuerzas armadas para ese propósito.
O sea, quienes creen que son los cambios que deberían hacerse los que traerían la paz, y que sin ellos los acuerdos que se logren solo llevaran a situaciones iguales o peores de violencia y delincuencia. Que sigan pendientes las Reformas a la Justicia, a la Salud, a la Educación, la Pensional, el Estatuto del Trabajo, la Reforma Electoral, etc. presenta muchas inquietudes. Por eso el punto no es si se requiere el acuerdo de La Habana para lograr la paz, ya que esto está fuera de duda. Tampoco es lo esencial si, como lo plantean algunos sectores, que no haya impunidad ni puedan participar en política. La paz no está en que desaparezcan las armas sino en que desaparezcan las condiciones que llevaron a que estas existieran.
La firma de lo que se negocia con las Farc no es ni siquiera un primer paso hacia la paz;
es apenas la condición mínima para que se pueda dar ese paso;
el cual consistiría en asumir un verdadero propósito de cambio
Porque la deseable firma de lo que se negocia con las Farc no es ni siquiera un primer paso hacia la paz; es apenas la condición mínima para que se pueda dar ese paso; el cual consistiría en asumir un verdadero propósito de cambio; un compromiso para la búsqueda de una sociedad más convivencial, más armónica, más justa, más solidaria; y en consecuencia que propicie las reformas al Estado para que se oriente hacia esto.
Todo lo anterior concluiría en que no existe tal disyuntiva entre plebiscito y Asamblea Constituyente sino por el contrario complementariedad.
Un plebiscito como una orden ciudadana podría instruir al presidente para que se comprometa a promover una Asamblea Constituyente en la que, además de validar lo enunciado en lo suscrito con las Farc, se puedan concertar los cambios que el Estado tanto orgánica como filosóficamente requiere. Los cambios que complementarían y concretarían la voluntad de paz no solo con participación de la guerrilla sino de la sociedad en conjunto. Una Asamblea que no solo sea del estamento político y de los partidos representados en el Congreso sino de los sectores sociales y económicos que hoy se quejan y sufren de la ineficiencia e insuficiencia del Estado.
