La división es parte de la idiosincrasia nacional. No llegamos a consensos porque estamos ocupados dividiéndonos. Eso se ha acentuado con ocasión de la negociación de paz. La última división se plantea entre plebiscito y constituyente.
El plebiscito depende de la bendición de la Corte Constitucional y la constituyente de las fuerzas políticas. También está la posibilidad de un Congresito que saldría del Congreso, mediante un Procedimiento Legislativo Especial hoy en trámite.
El plebiscito ha sido una propuesta presidencial que no ha gozado del apoyo de las Farc ni de la derecha más radical, y el Gobierno ha tratado de hacerlo factible rebajando el umbral de participación en el proceso aprobatorio.
El Congresito y el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz como mecanismo para refrendar jurídicamente los acuerdos y darle alcance a los mismos no han concluido su trámite en el Congreso, y queda pendiente su revisión en la Corte Constitucional, con lo que sigue abierta todavía la posibilidad para acordar en La Habana un mecanismo de cierre y seguridad del proceso.
¿Qué ocurre con cada uno de estos instrumentos, y que rol juega una Asamblea Nacional Constituyente, como lo han expresado las Farc, algunos sectores políticos y de la academia?:
El plebiscito es un mecanismo de participación mediante el cual se aprueba o rechaza una decisión presidencial, pero no permite aprobar reformas constitucionales. Si pasa el examen de la Corte Constitucional queda como alternativa para legitimar políticamente las negociaciones y serviría para movilizar y concientizar al país respecto al compromiso nacional, más allá del gobierno, con los acuerdos.
De darse el Congresito, quedaría conformado por los miembros de las comisiones primera de Senado y Cámara, más doce parlamentarios, y se encargaría de desarrollar los acuerdos.
Por otro lado, se ha planteado convocar a una constituyente como cuerpo colegiado que permita la participación del pueblo como constituyente primario. Sería un escenario para plasmar y legitimar los acuerdos gobierno-insurgencia y un espacio de deliberación y decisión para las reformas de fondo que impulsen los grandes cambios aplazados en el país.
La gran dificultad de la constituyente está
en la alta exigencia de participación ciudadana
y en el riesgo de ser desvirtuada por los radicalismos opuestos a la paz
La Constituyente se convocaría si es aprobada por un tercio del censo electoral. Su mayor dificultad estriba precisamente tanto en la alta exigencia de participación ciudadana como en el riesgo de ser desvirtuada por el auge de los radicalismos opuestos a la paz.
La Constituyente sería una alternativa viable que permitiría un nuevo diseño constitucional para definir una nueva institucionalidad que, en los próximos años, llevaría a cabo las reformas necesarias para cumplir lo pactado en La Habana. Los esfuerzos para movilizar a la ciudadanía hacia la aprobación de la consulta para la constituyente vale la pena, porque involucrar a la gente genera legitimidad institucional para el proceso y estabilidad para el futuro. Mientras se convoca podría instalarse la mesa de negociación con el ELN y converger con ambos procesos en un espacio que cierre 60 años de conflicto armado.
En estos 25 años de vigencia de la Constitución cerca de 40 reformas incluyendo varias declaradas inconstitucionales han estado relacionadas en su absoluta mayoría con cambios a los órganos del estado, pero son casi nulas en garantías de derechos colectivos e individuales de carácter social, económico y ambiental
Un escenario de esa naturaleza es donde debe establecerse el alcance de la reforma de las Fuerzas Armadas y las nuevas políticas en materia de seguridad y defensa para el posconflicto, la reforma de los órganos de control, para que no sean más instrumentos de persecución política, la adopción por fin de un nuevo ordenamiento territorial que avance hacia la regionalización, la descentralización y las autonomías, la reelección de autoridades territoriales como pasa en toda Latinoamérica; o bien una reforma electoral y política profunda que libere al electorado del clientelismo y la ilegalidad, así como la adopción de un sistema nacional de planeación de mediano y largo plazo a 10 y 20 años que garantice la continuidad de grandes proyectos de desarrollo económico y social; la articulación de la universidad con el cumplimento de las metas de los planes de desarrollo, y las apuestas productivas de las regiones y el país.
Pero igualmente consagre del agua como derecho fundamental y patrimonio estratégico cuya gestión corresponde al Estado, la promoción de la seguridad alimentaria como derecho fundamental para superar el hambre y la muerte por desnutrición, la gratuidad y universalidad de la educación superior pública para toda todos los jóvenes colombianos, la participación paritaria de la mujer en todos los cargos públicos, o bien la promoción desde el estado de las nuevas energías limpias superando la dependencia de los combustibles fósiles
La Constituyente se convertiría en el escenario para impulsar las reformas pospuestas históricamente por las elites y por la falta de voluntad política del Congreso para impulsar cambios estructurales. Es una nueva oportunidad de construcción de un país en paz, donde el Estado abra paso a cambios que favorezcan a las mayorías. Por eso es imperativo que el pueblo se manifieste y que el plebiscito sea la antesala de la Constituyente.
