En toda sociedad, el destino de una demanda depende del poder social y político de quien la formula y la sostiene. Por esta razón, es bastante exótico que para el plebiscito que busca refrendar los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las Farc, el umbral sea solamente del 13% del potencial electoral, demostrándose el apremio del poder Ejecutivo para lograr el fin del conflicto político militar, ya que la paz es un término genérico que implica muchas ecuaciones humanistas.
Después de que la Corte Constitucional le dio vía libre al plebiscito el pasado 18 de julio, se incrementaron las divergencias y las incompatibilidades, pues los signos observables de las tensiones entre los que acompañan al gobierno y la oposición son notorios, tratando de impulsar la plataforma electoral de 2018, con el objeto de lograr sus propios fines. El problema político que se busca resolver en las urnas no será determinante si hay una marcada abstención así se apruebe la iniciativa gubernamental, que aunque no tendría incidencia práctica, de acuerdo al sentido común, se demostraría la apatía de la sociedad hacia los acuerdos en Cuba y sería un fardo muy pesado para el gobierno con un plebiscito vinculante que lo llevaría a un entredicho sobre la legitimidad de la convocatoria.
De igual manera, la oposición encabezada por el Centro Democrático, tiene sobradas razones para promover el voto por el NO. En primer lugar por el lumbral tan exiguo, lo cual demuestra el temor del Gobierno frente a la voluntad popular, porque, en sana lógica, así como para un referendo se necesita el 25% de potencial electoral, para un plebiscito se debe requerir el 50%. Además, hay cerca de 50 salvedades de las Farc, en donde se busca cambiar la estructura política, social y económica del país y hasta proscribir a los rivales ideológicos de la guerrilla, sin saberse cómo va a terminar esa situación.
También la elegibilidad de los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, es una afrenta para la ciudadanía, porque el Tribunal Especial de Justicia creado entre el gobierno y las Farc, le puede brindar impunidad a los principales cabecillas guerrilleros, pero la Corte Penal Internacional tarde o temprano intervendrá, así como lo ha hecho en otras partes del mundo, amén de que la narcoguerrillla ya lo dijo explícitamente por boca de su máximo jefe el 23 de junio en La Habana, que la plata para la reparación de victimas y el llamado posconflicto debe salir de los recursos de estado, osea que los gigantescos activos de las Farc producto de delitos como el narcotráfico serán intocables.
El gobierno está metido en un berenjenal con un plebiscito sui géneris, del cual no se sabe cómo le va a resultar, aunque cuenta con toda la maquinaria y la mermelada de los partidos de la unidad nacional para conseguir como mínimo 4.3 millones por el SÍ. Sin embargo, al haber una abstención de más del 70% y por el NO al menos un 40% de los votantes, eso sería una calamidad para el gobierno. Recordando que las FARC, desde que comenzaron las conversaciones, pedían una Constituyente a dedo, y solo hasta último momento se le pegaron al plebiscito que lo consideraban como un problema de su contraparte, ello significaría que en varias regiones de la que denominan la Colombia profunda podría haber proselitismo armado por parte del narcoterrorismo, porque de aquí a la realización de las elecciones las Farc todavía no han entregado las armas.
La pedagogía de la paz que pretende hacerse para convencer a los colombianos de que voten por el SI, tiene sus múltiples inconvenientes, porque, como se dice coloquialment: "El diablo esta en los detalles" y tratar de hacer comprender cientos de páginas de un documento farragoso es una misión dispendiosa, en donde el electorado, por desconfianza, no acudirá a las urnas.
Una derrota del SI en el plebiscito tendría implicaciones para el gobierno que fue el que entró en esa encrucijada y habría que buscar nuevos mecanismos de refrendación como una Asamblea Constituyente, pero por elección popular y contando con que el ELN también pacte con el gobierno, porque de lo contrario nos esperarían varios plebiscitos, referendos y Constituyentes con los diferentes grupos de forajidos, resaltando que existen las Bacrim, todavía hay residuos del Epl y varios frentes de las Farc especialmente los más comprometidos con el narcotráfico, como el primero, quien ha dicho que no se desmovilizará. Entonces el plebiscito se convoca solamente para una parte de los actores armados. Los demás quedan pendientes y así es muy difícil hablar de paz.
Está en ciernes una Reforma Tributaria por parte del Congreso que el Gobierno presentará después de refrendar los acuerdos sin importar su resultado, lo que demuestra claramente que la política social y económica de Santos es agresiva contra de los sectores menos favorecidos. De ahí precisamente es que el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras CGT, CUT y CTC está convocando a un Paro Cívico Nacional en este semestre, buscando que sea después de la jornada plebiscitaria para no confundir a la ciudadanía.
Los resultados del plebiscito los tendrá que asumir únicamente el gobierno gane o pierda. Subrayando que conociendo los resabios marxistas de las Farc poco le importará el veredicto de las urnas, pero además no les convendría volver a su accionar terrorista de otras épocas, ya que las condiciones del entorno internacional no le son favorables y mucho menos la situación interna. Así que si Santos gana, a esa victoria le sobraran padres, pero si pierde no habrán muchos dolientes, y tendría que empezarse a dar las bases de una Asamblea Nacional Constituyente de elección popular, porque hasta donde conocemos los textos e insumos acordados en Cuba para convocar al plebiscito, esos son confusos, difusos y profusos.
Por: Ariel Peña
