Pareciera que con el debate sobre la forma de refrendar lo que se acuerde en La Habana sucede como tantas veces, que, sin ponernos de acuerdo sobre un diagnóstico del problema a tratar y sobre el objetivo que se persigue, se sueltan propuestas a las cuales cada cual responde a partir de premisas y propósitos diferentes –incluso divergentes-.
El punto central depende de:
- Que sea acordado en la mesa con las Farc; así lo estipula el punto último, al cual en principio aplicaría el ‘nada esté acordado hasta que todo esté acordado’.
- Que sea aprobado directamente por la ciudadanía; fue lo que prometió el presidente y además parecería de lógica esa necesidad, sobre todo ante la polarización que hay al respecto.
El problema entonces sería como se satisfacen estas dos condiciones, lo cual aparentemente se ve posible; si se logra el acuerdo alrededor de un mecanismo entre los negociadores en Cuba sería prácticamente seguro que una votación a favor contaría con la mayoría de los colombianos.
Pero difícil parece el conciliar cómo plasmar legalmente lo logrado en esas negociaciones. No todas las partes están en la visión de que lo que se requiere es una firma y la simple ‘dejación de armas’. Ni por el lado de la insurgencia, ni por el lado de las mayorías ciudadanas.
Pero además lo que se ha ‘negociado’ hasta el momento son genéricos o políticas abstractas que de por sí suscitan bastantes controversias: falta el paso de volverlas medidas y leyes que conviertan esas en algo concreto. Y es ahí donde está el diablo.
Lo único que hasta ahora existe como texto redactado y aprobado parece ser algunos de los elementos de la Justicia Transicional –quedando aún algunos pendientes-. Pero de resto solo son declaraciones de intenciones que no solo no se sabe cómo se concretarán, sino que requieren un trámite que por el momento se ve muy enredado.
El camino ideal pudiera ser el del referendo, puesto que lo que lo caracteriza es que el Constituyente Primario convierte en normas –Leyes o Constitución- su voluntad. Pero condiciones para esto serían que ya estuvieran éstas redactadas –es decir, que Farc y Gobierno hubieran acordado sus textos-; que se recorriera el tránsito que obliga la Carta actual; y que se aprobarán individualmente cada uno de los puntos que se presentarían a votación; esas razones han llevado a descartar esa alternativa.
El punto del plebiscito es que es una figura para dar legitimidad a algo que propone el gobernante, pero sin llevarse a ninguna forma de legalidad. Es en esencia una consulta popular para confirmar la orientación y el respaldo a una política de gobierno, pero no tiene carácter vinculante en cuanto no se convierte y define en normas.
Para el caso actual se puede decir que sería la repetición o ratificación del mandato que recibió Santos al ser elegido, o sea la de buscar un acuerdo con la guerrilla para su desmovilización. Pero no tendría más alcance, ni tendría que ver con el contenido de los acuerdos.
A la Constituyente se la cuestiona por lo que llaman el peligro de no saber en que terminaría; incluyendo que podría desconocer lo acordado en La Habana.
Pero una vez dejadas las armas y elevado a norma legal la Justicia Transicional, lo que ella reflejaría es la verdadera correlación de respaldo a las diferentes propuestas políticas, desde las que ha defendido la extrema izquierda –ahora sin armas-, hasta las del Centro Democrático –que mal que bien es apoyada por buena parte de la población-. Es lo que supone ser la verdadera democracia.
Plebiscito y Constituyente no son excluyentes.
El acuerdo sobre la forma de llegar a textos legales
garantizaría el éxito del plebiscito
Pero además parece generarse un consenso entre los diferentes voceros de los partidos alrededor de que, independientemente de sí es como parte de las conversaciones con la guerrilla, Colombia necesita un reajuste constitucional. Cuando se habla de que están pendientes las reformas Pensional, Laboral, a la Salud, a la Educación, a la Administración de Justicia, Tributaria, Carcelaria, etc.- lo que está implícito es que es urgente un revolcón institucional, y que la paz es de ello que depende.
La guerrilla desconfía por lo fácil que sería un incumplimiento del espíritu de esos acuerdos si no se plasman en leyes que obliguen al Estado y los Gobiernos sucesivos a cumplirlo. Por eso su insistencia en un órgano que cumpla esa función; que se llame Asamblea Constituyente o sea otro el nombre, lo importante sería entender que enfrentamos dos situaciones diferentes: la de debatir el modelo y los cambios que a juicio de cada uno debe requerir, para lo cual el escenario sí sería una Constituyente; y la de ratificar lo que se suscriba en la Habana para lo cual la dificultad –por lo menos en gran parte- es lo etéreo de ello ¿qué se ratificaría?
Por eso los dos procesos –Plebiscito y Constituyente- no son excluyentes sino por el contrario. El acuerdo sobre la forma de llegar a textos legales garantizaría el éxito del plebiscito. Y sin ese acuerdo sobre ese mecanismo a nada se llegaría. Lo que despejaría el panorama es entender y concretar que el objetivo de la paz del conflicto armado se reduce a la dejación de armas y la Justicia Transicional.
La otra paz, la paz social o por lo menos la disminución de los factores de violencia depende los cambios que se produzca, y eso ni le corresponde ni está concretándose en una realidad en La Habana.
