A finales del mes de Agosto de este año, revivió el debate sobre las corridas de toros en la ciudad, tras el Fallo de la Corte Constitucional que respondía a una acción de tutela presentada por la Corporación Taurina de Bogotá, que pretendía recuperar el derecho de utilizar la Plaza La Santamaría. Debido a la cancelación del contrato que sostenían con el IDRD (Instituto de Recreación y Deporte) desde 1999 hasta el año 2010. El contrato fue cancelado según el Alcalde Petro, por la negativa de la Corporación de “eliminar la muerte del toro”. Medida que solicitó el distrito como condición para continuar la vigencia del contrato que permitía la realización de eventos taurinos en la Plaza. Esta decisión hacía parte de una de las promesas de campaña del alcalde que consistía en la abolición de espectáculos en espacios públicos que tuviesen como propósito el maltrato animal.
La Corte Constitucional en su fallo abrió la posibilidad para el regreso de la fiesta taurina. La corte en este fallo acoge la ponencia del magistrado Mauricio González que se basa en la sentencia C-889 del 2012, que declaró exequible la Ley 916 de 2004 (reglamento taurino), en la que el alto tribunal dice que los alcaldes y los concejos municipales no pueden prohibir las corridas de toros en los municipios donde exista esa tradición. El “derecho a la libre expresión artística” de los amantes de la denominada fiesta brava.
Además este fallo ordenó al Alcalde Petro “restituir de manera inmediata la Plaza de La Santamaría como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin prejuicio de otras destinaciones culturales y recreativas que alteren su destinación principal”.
La administración distrital, tras conocer el fallo que ordena la restitución de la Plaza La Santamaría para la realización del espectáculo taurino, aseguró que lo acataría. Pero ésta advirtió, que la plaza no podría ser inmediatamente reabierta ya que existe un gran riesgo por fallas estructurales, que impedirían la realización de eventos masivos; impedimento sustentado en un informe del FOPAE el cual se mencionaba que a la plaza no se realiza mantenimiento desde el año 1937. Ya que la Corporación Taurina bajo la administración en la última década de La Santamaría nunca realizó arreglos u obras de mantenimiento.
Varias voces salieron en la defensa y en la negativa al regreso de las corridas de toros en Bogotá. Los taurinos aseguran de la fiesta brava es una expresión artística y cultural de arraigo, y que tiene que ser respetada, que hace referencia al derecho fundamental de la expresión; protegido por la constitución de 1991. Adicionalmente aseguran que esta expresión artística, debe ser protegida, por que también es desarrollada y hace parte de la cultura de las minorías. Protegidas y salvaguardadas por la constitución.
Pero en contraste con estos argumentos existen también los antitaurinos y los animalistas que ven este tipo de prácticas, como la expresión más cruel de la insensibilidad humana, ya que aseguran que va contra la moral pública, pues hace apología al sufrimiento y al maltrato de un ser vivo. "No se puede criticar la violencia en las ciudades si esta se fomenta en cualquiera de sus formas disfrazada con un término de tradición", afirma Natalia Parra de Natalia Parra Osorio, líder de la Fundación Alto, Animales Libres de Tortura.
El debate se ha limitado entre partidarios y detractores oficiales, quienes defienden sus posturas, con motivaciones políticas o ideológicas. Pero es poco lo que se ha analizado de la percepción ciudadana frente al tema.
En una encuesta revelada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), muestra que el 72 por ciento de los ciudadanos prefiere que en La Santamaría se realicen eventos culturales. Demostrando la impopularidad de este tipo de espectáculos y su realización en espacios públicos.
Y por lo anterior nace la siguiente pregunta: ¿Si la impopularidad ciudadana frente a este tipo de eventos y espectáculos es tan grande, por qué se sigue realizando en esta plaza pública, pagada y creada con dineros estatales?
La cultura es la construcción de dinámicas y conceptos público-colectivos, que toma forma con el tiempo, con las experiencias, con los valores individuales y su transcendencia en las costumbres y en las ideas sociales. En ese trasegar se revalúa y re-significa para adaptarse a las nuevas situaciones causadas por elementos propios de la condición humana, como el estar haciéndose continuamente preguntas.
Néstor García Canclini la define como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”.
La cultura no es algo estático y todas sus manifestaciones y valores adquieren significados que son interpretados en un contexto puntual. Lo que en el pasado estaba bien visto, probablemente en nuestro presente no lo esté. Nuestra cultura está dotada de valores clasistas, racistas y machistas que están fácilmente documentados en la historia y que en esa lógica empiezan a replantearse. Por eso la necesidad de relacionarnos distinto, hablar distinto, narrar distinto, vestir distinto, amar distinto, criar distinto y hasta echar chistes distintos, también eso entra en la lista.
Sobre estas afirmaciones existe un consenso: coincidimos con certeza sobre el carácter cambiante de la cultura y sus manifestaciones. En la transmisión de los valores culturales, las corridas de toros dejaron de pertenecer a este concepto, las corridas dejaron de ser una expresión colectiva. Ya que hoy la fiesta brava es sometida a una gran re-evaluación, como parte de la expresión cultural. Re-evaluación realizada y expresada por las nuevas generaciones, que la ven como algo ajeno, algo que no representa su sentir y su sensibilidad popular.
Por otro lado para nadie es un secreto que la fiesta brava, es un espectáculo elitista, al que sólo asisten y participan en su gran mayoría personalidades de la alta sociedad, que pueden pagar y subsidiar los gastos derivados de esta actividad. Según cifras de la Corporación Taurina en la temporada bogotana, que se lleva a cabo en enero y febrero con seis corridas, genera unos 7.000 millones de pesos (unos 3,7 millones de dólares).
Una gran rentabilidad que no se compara con lo pagado por la Corporación Taurina al distrito por la utilización de esta Plaza Pública. Y que no contempla el mantenimiento, al desgaste que es sometida la Plaza derivada de esta actividad (como lo establece el Contrato 411 de 1999, por el cual se entregaba en arrendamiento a la Corporación, la Plaza La Santamaría por 6 fechas durante los meses de enero, febrero y marzo). Hoy la administración distrital plantea la restauración de la Plaza que costará $ 37.000 millones. Inversión que será realizada con dineros públicos,inversión que pudo haberse contemplado desde el inicio bajo la figura de una alianza público privada (APP), ya que ha sido la Corporación Taurina quien ha usufructuado históricamente La Santamaría, siendo la corporación una institución privada.
Es importante resaltar que la Plaza La Santamaría le pertenece a la Ciudad de Bogotá, pertenece al patrimonio público de todos los bogotanos, construido y constituido con los dineros públicos derivados de los impuestos. Y por lo tanto debe ser la ciudadanía quien decida, como utilizar un espacio el cual les pertenece. Si el 72% de los ciudadanos encuestados, prefiere que se le de un uso diferente a este espacio, ¿por qué no realizarlo? No se trata de evitar que los Taurinos tengan el derecho continuar con su tradición cultural (que la Constitución rescata y protege). Si no que se este tipo de espectáculos no se lleven a cabo en plazas públicos, las cuales la mayoría de la población; le gustaría darle un uso diferente al inicialmente diseñado.
Las nuevas ciudadanías, las nuevas generaciones deben tener la oportunidad de acudir a la autodeterminación, al cambio y a la proposición de nuevas lógicas colectivas para la construcción de la cultura e identidad social, ligadas al ejercicio de la ciudadanía. Para Thomas H. Marshall “el Estado Moderno amplia sus funciones, construidas a partir del concepto ampliado de ciudadanía”. Es decir, que el Estado y sus funciones los otorga la ciudadanía, quien lo reforma o lo autofunda.
La Ciudadanía es entendida por Bernardo Toro; como la acción de “una persona capaz, en cooperación con otros, de crear o transformar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir y proteger, para la dignidad de todos”.
Las ciudadanías pueden definir la construcción de lo público, establecer sus significados sociales y su utilización como medio de satisfacción colectivo. Facultades otorgadas en el establecimiento del orden democrático, de decidir y elegir.
Si la ciudadanía y sus facultades de auto-fundación es definir un nuevo uso a una plaza pública, diferente al originalmente diseñado. Entonces podría nacer la siguiente pregunta: ¿Por qué los ciudadanos tienen que mantener y financiar una plaza pública como La Santamaría, la cual explotan y usufructúan unos pocos con una actividad que va en contra de la voluntad popular?
¿Por qué los Taurinos no construyen espacios privados, que les permita disfrutar o celebrar de la fiesta brava? Que puedan mantener y financiar a partir de sus actividades taurinas y no exploten espacios que le pertenecen a las mayorías ciudadanas.
Quizás estas preguntas puedan responderse en el momento en que se lleve a cabo una Consulta Popular en la Ciudad de Bogotá (que hoy intentan promover varios movimientos sociales y ciudadanos), que permita definir el principio de lo público, de la conveniencia colectiva, y de las mayorías. Una consulta que permita definir mediante la autodeterminación popular una Plaza La Santamaría, al servicio de la ciudadanía, de la construcción de cultura y valores sociales.
@SergioGrandasM
