El 5 de agosto del presente año la Corte Constitucional emitió una sentencia sobre el problema de reconocimiento de la gente afrocolombiana o negra de una de las playas que componen los islotes de Barú, a las afuera de la ciudad de Cartagena, a escasos 45 kilómetros. El fallo T485/15 de la Corte reconoció la presencia ancestral de las comunidades negras y, en efecto, daba 10 días a la Alcaldía de Cartagena y al Ministerio de Interior a registrar el consejo comunitario de Playa Blanca, y con ello a dotarlos de derechos para la consulta previa que debería iniciar en 30 días según el fallo después de su emisión, entre la dirección de consulta previa del Ministerio de Interior como garante de la consulta previa en el país y las sociedad comercial Playa Blanca Barú SAS, propiedad de las familias Santo Domingo y Echavarría, y la comunidad de playa blanca representada en la directiva de su consejo comunitario.
Hasta allí todo bien, pero hoy hace más de un mes de emitido y dado a conocer el fallo ni la Alcaldía de Cartagena ni el Ministerio de Interior han registrado el consejo comunitario; por ende no se puede dar inicio al proceso de consulta previa. Y antes que registrar el consejo comunitario, el Ministerio de Interior no sé si con el aval de la dirección de comunidades negras, órgano encargado de la garantía, política y derecho de estas comunidades en contubernio con el consorcio encargado del mega proyecto propiedad de los Santo Domingo y Echavarría, están impugnando el fallo de la alta corte para desconocer el fallo y evitar la consulta previa para con ello dar paso libre para la creación del mega proyecto turístico y el futuro desplazamiento a las comunidades afrocolombianas allí sentadas. Esto expresado en diálogo por José David Miranda, representante legal del consejo comunitario de negritudes de la vereda de playa blanca.
Los argumentos para impugnar el fallo también hacen parte de las explicaciones del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien salvando voto argumenta elementos como que la tutela fue interpuesta por una mujer de origen español, que esta comunidad no cuenta con formas ancestrales de característica tradicionales que le den el derecho a ser una comunidad étnica; lo cual es tan contradictorio como no reconocer el decreto 1745 de 1995, facultad de derecho a los migrantes que lleguen a los territorios colectivos y persistan en ellos por 10 años de forma permanente, y hayan adquirido las tradiciones culturales de ese pueblo. Eso los hace miembros con derechos en la comunidad de ese consejo comunitario. Para el otro caso, si la forma productiva de la pesca no hace parte de una tradición económica comunitario de las comunidades negras entonces qué estamos diciendo.
Creo yo que son argumentos para desconocer a las comunidades negras y con ello desconocer el fallo de una forma fragante. Ahora bien, es contradictorio que el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Interior, Juan Fernando Sánchez Cristo, haya adelantado un gran evento en la ciudad de Santa Marta, el 12 de octubre, con presencia de representantes de todos los departamentos, para conformar el espacio autónomo de consulta y diálogo permanente con el Gobierno, espacio nacional de comunidad negra encargado de discutir el tema de protocolo de consulta previa para las comunidades negras. En la clausura el ministro reconoce la importancia de los miembros escogidos como representantes de las comunidades, así como la importancia de la consulta previa para las comunidades étnica como un derecho fundamental reconocido por el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 del 1991, y hoy no quiera reconocer la histórica presencia de las comunidades negras en playa blanca y el derecho a ser consultado.
Esta contradicción, me imagino, está mediada por los intereses económicos de las familias encargadas de adelantar el megaproyecto turístico; pero mañana esta misma negatividad será la responsable del destierro y desplazamiento de los habitantes afrocolombianos de playa blanca, un hecho que debe preocupar a todas y todos los que estuvieron en ese evento de Santa Marta. A las organizaciones afros e indígenas y a todos los defensores del estado social de derechos ya que es una sentencia de la más alta corte que el gobierno quiere desconocer. Hoy es playa blanca, mañana pueden ser cualquier otro lugar de comunidad negra que se le niegue ese y otros derechos.
A todas estas, me pregunto, ¿será que el evento de Santa Marta solo fue un simple ejercicio para facultar de poder a algunas y algunos líderes afros y revivir las formas clientelares de miembros de la antigua consultiva de comunidad negra que tanto daño le han hecho a las comunidades negras? En pocas palabras, un evento para legalizar la jodedera al pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palanquero.
Hoy las palabras de José David Miranda, directivo del consejo comunitario y quien brindó información para este texto, es el clamor de no desaparecer de una comunidad a causa de las políticas neoliberales de desarrollo que impulsa este gobierno. Ministro Cristo, ejemplos como este no contribuyen en nada con los diálogos de La Habana para una paz duradera y estable.
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