La semana pasada, la administración del Alcalde Enrique Peñalosa anunció a través de medios de comunicación la decisión unilateral de suspender el pago individual vía tarifa vinculado al servicio público de aprovechamiento que prestan los recicladores de base y pasar a pagar solo a través de organizaciones inscritas en la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta medida inconsulta deja a más de la mitad de recicladores de oficio de la ciudad sin la posibilidad de acceder a la acción afirmativa del pago de tarifa y, como tal, vulnera el derecho al mínimo vital que tiene esta población, en tanto sujeto especial de protección de derechos. Se trata como tal de una medida regresiva y, por tanto, violatoria de las Sentencias y Autos proferidos por la Corte Constitucional al respecto.
Además de autoritaria, es una medida improvisada e innecesaria en vista de que el Ministerio de Vivienda amplió un año más el plazo para que las organizaciones de recicladores se formalicen y registren ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Tal decisión de la Administración Peñalosa muestra, una vez más, que su único interés frente al servicio de aseo consiste en licitarle a grandes consorcios privados el servicio de recolección, barrido y limpieza de la ciudad (RBL), para engordar los bolsillos de unos pocos empresarios de la basura a costa de la tarifa pagada por los usuarios, y con total desconocimiento de la población recicladora.
Los recicladores y sus organizaciones se han venido manifestando de manera reiterada ante las autoridades sobre le necesidad de que, para que se puedan formalizar, es necesario y urgente instalar infraestructura pública que permita pesar y acopiar el material aprovechable que separan diariamente de las canecas de los ciudadanos, y no someterles más a la intermediación de quienes hoy tienen bodegas y facturan directamente a la industria.
Exigir a los recicladores independientes que se asocien, y a las organizaciones de recicladores más débiles que se formalicen, sin ningún tipo de apoyo en términos de infraestructuras de recolección, transporte, acopio, procesamiento, comercialización, financiación de capital de trabajo y administración, es simplemente someterlas o bien a la quiebra anticipada, o bien a la subordinación a intermediarios que ya tienen el músculo financiero para hacer empresa, pero que jamás han metido la mano en una bolsa de basura para separar el material aprovechable. Esa formalización más que ayudar al reciclador de base, lo subordina, lo suplanta y lo somete a la explotación de avivatos que se han venido lucrando de un ejercito de más de 18.000 recicladores que trabajan día y noche en las calles de la ciudad, en condiciones similares a la esclavitud.
En vista de estas razones, las organizaciones de recicladores más vulnerables han tomado la decisión de manifestarse pacíficamente en un plantón el próximo jueves 20 de abril a las 8:00 am frente a las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (53 con Caracas), para exigir los siguientes puntos
1) Implementación de un sistema de pesaje digno y transparente, sin terciarización de bodegueros de la industria, que le permita al reciclador de base, el acceso directo al pago por tarifa.
2) Acceso cierto y seguro al material aprovechable a través de rutas exclusivas garantizadas de manera permanente por la administración a través de un acto administrativo, de forma que se libere a los recicladores de la rapiña de la competencia entre ellos y de los estragos del rebusque.
3) Reconocimiento de la condición de reciclador de oficio, única y exclusivamente, para aquel que presta el servicio público en el componente de aprovechamiento al separar el material reciclable de la basura y transportarlo hasta un centro de acopio. En atención a ello, es urgente la depuración de RURO y el registro de prestadores en la Superintendencia de Servicios Públicos para retirar falsas organizaciones de recicladores que aspiran a lucrarse del pago por reciclaje vía tarifa.
4) El cumplimiento del PLAN DE INCLUSIÓN con las acciones afirmativas concretas de fortalecimiento a las organizaciones de recicladores de oficio que hagan viable su formalización, y la ejecución inmediata del presupuesto público para la implementación de la infraestructura exhortada por la Corte Constitucional en los distintos Autos y Sentencias.
¡No más tiempo de espera ni indolencia de la Administración Peñalosa frente a los recicladores en condición de vulnerabilidad!
