“Bogotá necesita un gobierno que escuche y encuentre soluciones de común acuerdo con los ciudadanos”, Claudia López, discurso de posesión.
Cuando pensábamos que la llegada de Claudia López a la alcaldía de Bogotá suprimiría el estilo autoritario de Enrique Peñalosa nos encontramos con que persisten muchos rasgos de su talante. Queremos pensar que no es una política explícita ordenada por Claudia López y que se trata simplemente de funcionarias que quizá movidas por muy buenas intenciones descuidan la democracia participativa y el respeto a los ciudadanos.
El caso concreto es el plan de centros comerciales y restaurantes a cielos abiertos, en concreto el plan piloto de apertura de restaurantes ocupando el espacio público. La intención es loable y compartimos plenamente el objetivo de la alcaldía mayor, su secretaria de Desarrollo Económico (Carolina Durán) y la directora del Instituto Distrital de Turismo (Karol Fajardo) de destinar recursos públicos a estimular dichos negocios privados en el contexto de los efectos negativos de la pandemia. Pero en la planeación de esta iniciativa no se hace un balance riguroso de alternativas, no se estudian los impactos en calidad de vida a los residentes en algunas de las zonas donde se pondrá en marcha los pilotos, no se informa ni se consulta adecuadamente a los residentes potencialmente afectados negativamente, ni se verifica completamente que los restaurantes cumplan con todas las normas legales.
La opción de permitir que los restaurantes presten su servicio en el espacio público (calles, andenes, plazoletas, etc.) es una opción entre otras. La Secretaría de Desarrollo Económico no evaluó si quizá podrían ser más eficaces otras opciones como dar un subsidio a las nóminas, de manera tal que los restaurantes continuaran vendiendo a domicilio o entregando producto a sus clientes en la puerta; tampoco evaluó si el distrito podría garantizar la compra de un número determinado de almuerzos y, en coordinación con la nación, entregarlos, quizá con algún subsidio, a sus empleados, de este modo se garantizaría un ingreso constante a los restaurantes. El distrito va a destinar una magnitud determinada de recursos públicos y la aplicación del principio de planeación exige que se haga una evaluación económica, social y ambiental de alternativas.
Además en las dos últimas opciones mencionadas no se expondría más a los trabajadores a estar en contacto con clientes que no tendrían mascarilla o tapabocas, ni tampoco se daría el mal ejemplo de permitir que algunas personas, comensales de dichos restaurantes, puedan estar exentos de la obligación general de usar dichos elementos de protección tan importantes en el espacio público.
De otra parte, la SDE y el IDT tampoco realizaron un estudio de impactos sobre los residentes en algunas de las zonas del plan piloto. El habilitar el espacio público en calles estrechas significa que los habitantes de dichas calles van a tener un ruido adicional permanente de conversaciones en la calle (con la posibilidad de gritos, cantos, música etc.); adicionalmente, peatonalizar esas calles será un atractivo para otras personas que están necesitando ingresos (músicos, vendedores ambulantes, mendigos, etc.), personas que tendrían igual derecho a la ocupación del espacio público y pueden generar aún más condiciones de deterioro de la tranquilidad e intimidad de los vecinos, forzados en su gran mayoría a permanecer en sus casas por las normas expedidas por la misma alcaldía y la nación. La SDE preocupada por reactivar la economía descuida aspectos importantes de los efectos de la iniciativa. Para mencionar un solo ejemplo, en uno de las zonas escogidas para el piloto, el barrio La Macarena (carrera 4 A), hay cuadras donde viven alrededor de 200 personas y el piloto sería apenas para beneficiar a los dueños de 6 o 7 negocios. Es evidente el sesgo de la alcaldía mayor.
En esa misma líena, el plan de centros comerciales y restaurantes a cielos abiertos se diseñó y programó sin informar y consultar a los residentes en dichas zonas. Se ha trabajado con los restaurantes, que por ejemplo en la zona mencionada son apenas una fracción pequeña de toda la población, ignorando las posiciones de los residentes. En el caso de la Macarena, después de semanas de planeación, apenas el 31 de julio se presentó una funcionaria muy amable y eficiente a informar que el 6 de agosto se haría la primera prueba piloto con duración de cuatro días (esto se aplazó luego por la situación de la pandemia). No se trataba de una consulta era simplemente transmitir una decisión tomada, lo que nuevamente evidencia la orientación de la alcaldía en favor de los dueños de los negocios. Seguramente si se hace una consulta habrá vecinos que están de acuerdo con el piloto otros en completo desacuerdo y por supuesto que habrá un debate entre las posiciones diversas. Pero lo democrático hubiera sido realizar un ejercicio verdaderamente participativo de consulta y exploración de alternativas, sobre todo considerando las manifestaciones en favor de la democracia que ha hecho la alcaldesa local.
Así mismo, aunque se anuncia como un plan piloto la Secretaría de Desarrollo Económico ya dijo que es un plan con vocación de permanencia. Sin haber esperado a evaluar los resultados de la experiencia y examinado no solo los efectos económicos sino sociales, se anticipa la funcionaria a señalar la continuidad del programa.
Finalmente, el distrito va a destinar recursos públicos a beneficiar unas actividades privadas y lo mínimo que se esperaría es que se exigiera que los restaurantes participantes cumplieran con todas las normas vigentes, especialmente en materia laboral y de usos del suelo. Todo parece indicar que la SDE no mira estos aspectos y se hace de la vista gorda. Por ejemplo, nuevamente en el caso de La Macarena ha sido tradicional que se abren los restaurantes en predios que no cuentan con la licencia de construcción que los habilite para ese uso y debería por tanto este requisito ser objeto de verificación.
Hay maneras de hacer las cosas y de lograr los objetivos. Pensamos que se puede y se debe apoyar a los restaurantes (con medidas como las sugeridas anteriormente u otras por explorar) sin afectar la calidad de vida de los residentes ni exponer aún más a los trabajadores al contagio. Consideramos que un gobierno democrático debería aplicar en la práctica mecanismos participativos en este tipo de decisiones. La práctica democrática debe realizarse no solamente con respecto a los grandes problemas de la ciudad sino con relación a situaciones barriales y cotidianas.
Entendemos que la alcaldesa mayor no puede estar al tanto de los detalles de todas las iniciativas de la alcaldía pero es importante que tome medidas para garantizar que sus funcionarios actúen con respeto a los ciudadanos. Las doctoras Durán y Fajardo seguramente actúan con la mejor intención de acertar, pero deberían analizar con cuidado los impactos de sus iniciativas. Muy seguramente si vivieran en un apartamento situado sobre una de las calles con restaurantes ocupando el espacio público reconsiderarían el asunto.
Confiamos en que relean el discurso de posesión de Claudia López y que escuchen y encuentren soluciones de común acuerdo con los ciudadanos, no solo con los dueños de los negocios. Esperamos que como lo dijo la alcaldesa estén dispuestas a escuchar, a detenerse y a corregir el rumbo las veces que sea necesario.
