Aunque los comentarios de prensa en su gran mayoría se inclinan hacia las bondades que contiene el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe-Duque, 2018-2022, hay que aterrizar en la realidad monda y lironda de lo que verdaderamente se viene para el pueblo colombiano con la hoja de ruta de la clase dominante en el poder.
No es sino mirar la reforma tributaria, ley de financiamiento, para concretar en la práctica el verdadero sentido y los reales alcances del famoso Plan Nacional de Desarrollo: pacto por Colombia, pacto por la equidad.
Después de anunciar con bombos y platillos los 11 “pactos” transversales que integran el proyecto, queda uno maravillado con la esperanza de llegar por fin a la tierra prometida: Ciencia y tecnología, sostenibilidad ambiental, transporte y logística, transformación digital, calidad y eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, recursos minero energéticos, identidad y creatividad( economía naranja), construcción de Paz, equidad para grupos étnicos, inclusión y dignidad para las personas en situación de discapacidad, e igualdad de la mujer.
Es decir, toda una novela apasionante de 1.300 páginas, digna de la mejor literatura que se haya escrito después del “Macondo” de García Márquez, que, a no ser por el estrellón de la reforma tributaria, estaríamos aplaudiendo con devoción religiosa las maravillas del mamotreto que la clase dominante presenta al país, como si fuera el Plan de Desarrollo pactado democráticamente por los diferentes sectores de la sociedad colombiana.
Después de escuchar las letanías de todos los planes de gobierno que en el mundo han sido, este se nos viene encima con algunos acentos determinantes en la “Nueva Seguridad Democrática” , y en lo más novedoso, al decir de algunos comentaristas: la seguridad para la conservación del agua, la fauna y la flora, y, o milagro, para la explotación de las minas y de los hidrocarburos preservando la ecología de la naturaleza; en otras palabras, “producir conservando y conservar produciendo”, como tan poética y profundamente lo declara el Gobierno.
En realidad la participación cívica en las cadenas de la seguridad ciudadana, no es más que la entrega de la seguridad como obligación del estado para con la ciudadanía, deshojándose del mandato constitucional para transferirlo como una obligación de terceros ante la insuficiencia institucional de proteger la vida, honra y bienes a todos los ciudadanos de este país.
Se repite la cadena de la “seguridad democrática”, de un millón de informantes para dentro de un año, sin la debida evaluación de lo que significó esta política de seguridad durante el de gobierno de Uribe: los falsos positivos, las chuzadas a los opositores, a defensores de derechos humanos, a la oposición política, y a los integrantes de las altas cortes, transformando el Estado de derecho, en un aparato policivo para la defensa de los pocos prevalidos del régimen.
Edulcorando el veneno con el argumento sibilino de que no habrá pagos en efectivo para los “sapos” denunciantes, y que solo se usaran las armas de los celulares para el trabajo de la “inteligencia” y del espionaje de los informantes, que continuarán con el anonimato para salvaguardarse de las venganzas de sus delaciones.
No hay derecho a pensar con tanta ingenuidad, manipulada con el cinismo más espantoso: por lo pronto se anuncian medidas contra las manifestaciones públicas, la judicialización y criminalización de la protesta social, la suspensión de las consultas populares a las comunidades en los territorios donde se realizarán proyectos mineros y energéticos, para lo cual ya le están abriendo camino a la explotación de hidrocarburos con el fracking, “con todos los requisitos legales para la conservación del medio ambiente”, según el concepto de la comisión de especialistas que formó el Gobierno para la asesoría en esta materia, muchos de los cuales están impedidos por conflictos de inhabilidades.
Pero no termina aquí el asunto. Lo de la seguridad democrática con la cadena de informantes de la participación ciudadana, no es nada más ni nada menos que allanar el sendero para militarización de la vida nacional con la perspectiva de ir ablandando la opinión para la intervención militar en el hermano país de Venezuela, auspiciada, financiada, organizada y realizada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos, con el apoyo de los demás gobiernos títeres y arrodillados de América Latina y de Europa.
El Plan de Desarrollo para los cuatro años de gobierno Uribe-Duque, no pasa de ser “el mismo perro con distinta guasca”, la misma fórmula guerrerista del FMI, la OCDE, y el BID, para cumplir con los planes de acumulación de las transnacionales, que necesitan cubrir las crisis del capitalismo con las guerras coloniales para la realización de la industria militar, el despojo de las riquezas naturales de los países en “subdesarrollo” y para conservar la hegemonía terrorista y antidemocrática del capital financiero internacional.
No hay tal pacto por Colombia, no hay tal pacto por la equidad, lo que en realidad se estila en el Plan “Nacional” de Desarrollo es un pacto de la gran oligarquía dominante con el imperialismo norteamericano contra las necesidades básicas de los sectores populares. La reforma tributaria es una muestra irrebatible de las “buenas intenciones” de la clase dominante. Así las cosas solo queda el camino del verdadero y auténtico pacto de la unidad popular.
