De acuerdo con el organismo de control fiscal, la deuda institucional de mayor impacto con estas comunidades es la no reglamentación de la Ley 70 de 1993.
“Lo que hemos observado en la práctica es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”, dijo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sobre las evaluaciones realizadas por el organismo de control en este tema.
En ese sentido, la Contraloría precisó que de acuerdo con las bases del PND 2018-2022, el Gobierno de Iván Duque se comprometió a que, a junio de 2020 se reglamentaría la totalidad de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, al cierre del PND, quedan tres capítulos pendientes de reglamentar: Capítulo IV – uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, Capítulo V – recursos mineros, y Capítulo VII – planeación y fomento del desarrollo económico.
Y es que la contraloría detalla que de acuerdo a los compromisos suscritos con estas comunidades a diciembre de 2020, se presentaba un cumplimiento de apenas el 5% en la ejecución del presupuesto de $19 billones concertado para hacer realidad los 239 acuerdos establecidos con las comunidades en el PND de 2018 a 2022.
Consideró Rodríguez Becerra que hay que mirar el grado de satisfacción que logran las comunidades con la aplicación de las políticas públicas e ir más allá del discurso, para construir una sociedad más igualitaria, donde las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras tengan un papel protagónico y no se quede todo en un reconocimiento retórico para las mismas.
