El Plan Colombia, estrategia antinarcóticos y contrainsurgente, es presentado al mundo y al país como un éxito militar y político. Nada más falaz, si tenemos en cuenta el daño y tragedia causado a la población civil durante el conflicto armado de más de cinco décadas.
En primer lugar, un balance sobre el Plan Colombia debe hacerse teniendo en cuenta no solo los intereses de los que lo diseñaron e implementaron, las élites en el poder en Colombia y los Estados Unidos, quienes hoy nos recuerdan sus éxitos; sino también los intereses y la voz de las víctimas de un largo conflicto armado que causó centenares de miles de asesinatos, desaparecidos, secuestrados, violados/as y millones de desplazados.
Segundo, si bien el Plan Colombia se implementó en una primera fase como una estrategia para combatir el tráfico de drogas ilícitas y reducir el flujo y los cultivos de coca al 50% durante sus primeros 6 años (1999 – 2005); además de mejorar la seguridad retomando las áreas controladas por grupos armados ilegales; en el informe presentado por la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Joe Biden en el 2008, se afirma que este objetivo no se cumplió, y que había que darle un nuevo impulso.
Esta estrategia de guerra fue concebida durante los períodos presidenciales de Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (Estados Unidos 1997-2001), para "poner fin a las amenazas a la democracia que plantea el tráfico de drogas y el terrorismo, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, restablecer el control del Estado y la legitimidad en áreas de importancia estratégica previamente dominadas por grupos armados ilegales, a través de un enfoque por fases que combina seguridad, lucha contra el narcotráfico, y las iniciativas de desarrollo económico y social".
Por eso hacer el balance sobre su impacto y resultados, no sólo debe tener en cuenta el inmenso costo del mismo, 10 billones de dólares, o el debilitamiento de la insurgencia de que hablan los estrategas que lo diseñaron; es fundamental contar, además, con la voz de las millones de víctimas que la guerra causó y donde el Plan Colombia fue determinante.
Antecedentes del Plan Colombia
Los antecedentes del Plan están en el cambio de la correlación de fuerzas entre insurgencia y Estado ocurrida a partir de la segunda mitad de los años 90. La presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) se dio en un contexto de ofensiva de las guerrillas de las FARC, que lo llevaron a iniciar los diálogos del Caguán durante su gobierno buscando ganar tiempo para diseñar el Plan Colombia, con la ayuda y asesoría de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
Aquel momento de preocupación que se vivía entre las elites en el poder, lo registró así la prensa: “La segunda mitad de la década de los años 90 fue, tal vez, la más aciaga de las etapas que han padecido las Fuerzas Armadas de Colombia. Se vivieron la tomas de Mitú, capital de Vaupés, que duró tres días en poder de las FARC, donde fueron asesinados 20 policías y secuestrados 81; la masacre de Puerres (Nariño), con 31 soldados asesinados en septiembre de 1996; de la vereda El Billar, Cartagena del Chairá (Caquetá), en marzo de 1998 con 64 soldados muertos, 19 heridos y 43 secuestrados, y la toma del cerro de Patascoy (Nariño) el 21 de diciembre de 1997, con 11 militares muertos y 18 secuestrados.”
Ante esta delicada situación, las élites en el poder alcanzan un amplio consenso sobre la necesidad de reorganizar, fortalecer y pedir asesoría, entrenamiento y ayuda militar de los Estados Unidos para contener el avance de la guerrillera y buscar su derrota.
Para Pastrana y sus asesores del Pentágono el objetivo principal con los diálogos era frenar el avance de la guerrilla, retomar el control de amplios territorios cambiando el balance de fuerzas, superando la desmoralización de las tropas. De ahí el contenido contrainsurgente del Plan y la importancia de ganar tiempo, mientras se fortalecían y dotaban de más y mejores equipos de guerra las Fuerzas Armadas, que en adelante aparecerían ante la opinión y el país rejuvenecidas por una campaña publicitaria e ideológica permanente, lanzada a través de los grandes medios de comunicación y agencias de inteligencia, mostrándolas como los verdaderos héroes de la patria y las garantes de la seguridad de todos los colombianos. Al tiempo que se utilizaba la misma campaña para lanzar una ofensiva publicitaria de desprestigio y guerra sucia contra la insurgencia, que generara en el imaginario público la idea de que aquellas guerrillas históricas, ahora eran unos simples narcoterroristas que habían perdido su norte político y la condición originaria de rebeldes en armas, contra un Estado opresor.
El ex presidente Pastrana mismo ha reconocido en innumerables ocasiones que el objetivo con los diálogos no era la paz con las guerrillas, sino el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la recuperación del terreno perdido ante el avance sostenido y en progreso de éstas.
Para la guerrilla los diálogos se rompieron por la falta de decisión y voluntad política del Estado y sus Fuerzas Armadas en contener el paramilitarismo que se expandía por el país. Pero habría que preguntarse si al Estado en aquel momento le convenía deshacerse de una aliado estratégico como el paramilitarismo, que llevó a cabo la misión de generar terror como ningún otro ejército podía hacerlo, en las bases y apoyos de la guerrilla (población civil). De ahí el apoyo y asesoría por parte de las Fuerzas Armadas estatales al paramilitarismo, permitiéndole desarrollar las operaciones de guerra sucia y terrorismo contra la población. Que como se vio durante los años siguientes, sembró de muerte y desolación campos y ciudades.
Sin duda, al conocer que su enemigo histórico en realidad se estaba preparando militarmente para enfrentarlas, a través de una estrategia integral contrainsurgente, pensar que los diálogos se iban a sostener era ingenuo.
La CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado en el diseño del Plan Colombia
En un amplio artículo publicado por The Washington Post de diciembre del 2013, se explica y describe con detalle el papel de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia estadounidenses en la guerra en Colombia. Allí se afirma, con base en entrevistas a altos funcionarios estadounidenses y colombianos, cómo a través de un programa de operación encubierta, la CIA ayudó a las Fuerzas Armadas colombianas a asesinar más de 20 comandantes de la guerrilla. Los fondos de donde proviene la financiación de la operación encubierta,“ un multimillonario presupuesto para operaciones secretas [que]no hace parte del paquete de $ 9,000,000,000 de dólares de la mayoría de ayuda militar de EE.UU. del llamado Plan Colombia”.
La operación encubierta consiste en proporcionar dos servicios esenciales: inteligencia en tiempo real que permite ubicar los líderes de las FARCy el ELN, y, a partir de 2006, una herramienta particularmente eficaz con la que matarlos. Una bomba convencional de 500 libras con un equipo de orientación con Sistema GPS de $ 30.000 dólares que la transforma en una bomba inteligente de alta precisión. Las bombas inteligentes, también llamadas munición guiada de precisión o PGM, son capaces de matar a una persona en la selva densa y tupida si su ubicación exacta puede ser determinada y las coordenadas programadas en el cerebro pequeño de la computadora de la bomba.
De esta forma, se afirma en el artículo, fueron asesinados altos mandosde la guerrilla como Raúl Reyes en el 2008, en Ecuador, hecho que desató un conflicto diplomático entre el gobierno de Álvaro Uribe y el de Rafael Correa; el Negro Acacio, Martín Caballero, y decenas de mandos medios y combatientes.
Para asegurarse de que los militares colombianos no harían un mal uso de las bombas, los agentes de inteligencia “aparecieron con una solución novedosa. La CIA mantendría el control de la clave cifrada insertada en la bomba, que descifraba las comunicaciones con los satélites GPS de tal forma que pudieran ser leídos por los ordenadores de la bomba. La bomba no podía alcanzar su objetivo sin la clave. Los colombianos tendrían que pedir la aprobación para algunos objetivos, y si hacían mal uso de las bombas, la CIA podría negar la recepción de GPS para uso futuro.”
Sin embargo, el artículo del The Washington Post no suministra información del impacto de esa guerra fallida contra las drogas, de más de 40 años, que se inició desde los años 70 durante el gobierno de Richard Nixon contra la población campesina y civil; ni sobre los bombardeos indiscriminados y fumigaciones de cultivos de pan coger, que sigue empleando el ejército que fortalecieron con la ayuda, asesoría y entrenamiento militar, a través del Plan Colombia, causando terror sobre poblaciones que sufren por no tener otra alternativa de subsistencia que cultivos de coca, y de vivir en territorios en disputa militar.
Nadie duda de la participación e injerencia abierta y directa del gobierno de los Estados Unidos en el largo conflicto armado. Los beneficios son mutuos: defender un aliado como Colombia para seguir con el TLC, la extracción de petróleo, carbón, oro, minerales estratégicos, adquisición de materias primas a bajo costo, asegurar la inversión de capitales extranjeros, mantener las siete bases militares en abierta violación a la soberanía y sin consulta previa a la ciudadanía, y buscar estabilizar y terminar con una guerra de guerrillas que no pudo derrotar, aunque sí cambiar la correlación de fuerzas y llegar a un consenso con sus aliados colombianos, para establecer unos diálogos de paz que pongan fin al conflicto armado.
En un país que aún no transita de la guerra a la paz, la reconciliación y normalización de la vida democrática, no hay mucho para celebrar, menos cuando sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres en lugar de disminuir aumenta.
En cambio el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria histórica, si entrega cifras. Allí se indica que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como consecuencia del conflicto armado, de los cuales 180.000 eran civiles; 25 mil fueron desaparecidos; 27 mil secuestrados; casi 6 millones desplazados de sus tierras y expropiados de sus bienes; y más de 5 mil fueron asesinados, mal llamados falsos positivos, por las Fuerzas Armadas y reportados como guerrilleros caídos en combate.
Si se tiene en cuenta los intereses políticos, económicos y militares de los autores del Plan, Estados Unidos y la élite dominante colombiana, éste arroja un resultado bastante positivo, a pesar de su prolongación en el tiempo, el elevado costo, y una guerrilla debilitada. Pero si se consideran los intereses de la población afectada, principalmente campesinos pobres, comunidades afro e indígenas y sectores urbanos empobrecidos y desplazados, el Plan Colombia significa una trágica y horrorosa experiencia una vez que sus derechos fueron vulnerados, perdieron sus seres queridos, sus tierras, sus bienes, además de haber soportado el sufrimiento y horror de la guerra.
Para lograr una verdadera reconciliación entre toda la familia colombiana, algo muy probable hoy, se requiere como condición que todos los que causaron, apoyaron y asesoraron la guerra asuman su responsabilidad histórica, contando la verdad de lo que pasó con las múltiples y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, restituyendo el honor y dignidad a millones de víctimas de comunidades campesinas, afros, indígenas, trabajadores, estudiantes, profesores, intelectuales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, reparando sus pérdidas materiales, devolviendo sus tierras, y comprometiéndose a nunca más permitir esta larga noche de horror.
Por eso los autores y estrategas del Plan Colombia, no podrán salir de más de cinco décadas de guerra en Colombia con las manos limpias, las tienen manchadas con la sangre de miles de ciudadanos colombianos inocentes.
Un acuerdo de paz para que sea estable y duradero pasa por un compromiso serio con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Celebremos cuando el fin de la guerra sea un hecho real y con ella culmine la larga noche de terror. La reconciliación sea el camino que conduzca a una paz estable y duradera, y a la construcción de la justicia social.
