Es difícil comprender de qué se trata la Bogotá Humana cuando el Alcalde pisotea los derechos de los niños por cuenta de un pacto político con los sindicatos de educadores.
El martes 9 de septiembre la Secretaría de Educación de Bogotá sorprendió con un comunicado en el que cancelaba las clases para 876.000 niños del Distrito. Para los que somos educadores, una medida tan extrema merece toda nuestra atención, por lo que vale la pena preguntarse qué hay detrás del cálculo político de la administración.
Es la tercera vez que el Alcalde Petro cancela las clases en Bogotá. En las dos ocasiones anteriores esgrimió supuestas razones de orden público, pero nunca le contó a la ciudad en qué consejo de seguridad, ni bajo qué análisis objetivo de riesgo, se justificó tal decisión. Lo curioso es que justo en esas dos ocasiones la fecha de cancelación coincidió con marchas de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), por lo que la medida le permitía a los maestros salir a protestar sin preocuparse por que les descontaran de su sueldo ese día laboral.
La ley permite que un mandatario local realice modificaciones extraordinarias del calendario escolar por razones de orden público, pero resulta muy sospechoso que el gobierno distrital tomara estas decisionesjusto cuando marcha el sindicato de educadores y, en cambio, no lo haya hecho en las decenas de marchas que ha habido en Bogotá en el último año y medio.
Perola decisión de cancelar las clases del día 10 de septiembre tiene un cariz que lanza serios interrogantes sobre las motivaciones que tiene el Alcalde para hacerlo de manera tan regular. Públicamente, la Secretaría de Educación emitió un comunicado diciendo que manifestaba “su apoyo a las reivindicaciones del pliego de peticiones de FECODE”, razón por la cual se cancelaban clases en todos los colegios del Distrito. Los motivos eran pues, puramente políticos y sindicales.
Sabemos que el Alcalde Petro es un hombre de convicciones firmes, pero en este caso sus compromisos políticos lo han puesto del lado de la ilegalidad. El decreto 1850 de 2002 deja muy claro que los secretarios de educación no pueden modificar a su antojo el calendario escolar, sin justificar previamente su decisión al Ministerio de Educación. Petro ni pidió permiso, ni tendría justificación y, en caso de creer que su apoyo a Fecode y a la ADE es una razón, como funcionario público habría incurrido en participación en política.
El señor Gustavo Petro tiene todo el derecho a apoyar las demandas sindicales de los maestros, pero el Alcalde de Bogotá prevarica cuando se atribuye competencias que no le corresponden por intereses puramente particulares.
Bogotá tiene un Alcalde obsesionado por hacer historia y ahora lo hizo: una entidad pública apoyó el cese de actividades de unos empleados públicos, pasando por encima del interés general y del derecho fundamental y prevalente de los niños a la educación.
Sabemos que en política nada es gratis. El nuevo presidente de Fecode, Luis Grubert, pertenece a Progresistas, así que no le cae nada mal en su llamado a paro nacional que una ciudad con 32.000 docentes oficiales le regale a sus bases un día libre.
Pero, ¿y a cambio de qué les hace Petro ese favor? Más de 200.000 maestros en Colombia están afiliados a Fecode, una fuerza electoral nada despreciable cuando el umbral pone en peligro la supervivencia de los partidos pequeños. Ahora bien, ¿basta apoyar el cese de actividades para que Fecode esté tranquilo y apoye a Progresistas? No lo creo, por eso no sería nada raro que otras peticiones que el sindicato del Distrito ha hecho al Alcalde se viabilicen en los próximos meses.
¿Hasta dónde estará dispuesto Petro a llegar para echarse al bolsillo los votos del sindicato? Que tiemblen los colegios en concesión porque esto es un mensaje inequívoco de que Petro acabará con ellos, a pesar de los probados beneficios que le ofrecen a miles de familias bogotanas.
Lo curioso, sin embargo, es que todo este cálculo político que Petro podría creer inteligente, tiene al menos dos factores que el burgomaestre parece no haber sopesado de la mejor manera.
Por un lado, es seguro que la Procuraduría le abrirá una investigación al Secretario estrella Óscar Sánchez por este caso y que, al igual que en el caso de Alonso Salazar, el Procurador podrá hacer efectiva una sanción por participación en política y/o prevaricato por acción.
Pero hay otro escenario que tal vez Petro no tenga tan claro. Un sector de la ADE ha expresado su desacuerdo con el proyecto de renovación del CAN y ha sellado una alianza con la MANE para presionar su cancelación. Esto supone un golpe al POT que tanto ha defendido Petro. ¿Tendremos que pensar que Petro negociará su amado POT con el sindicato y, peor aún, con un sector del movimiento estudiantil al que él mismo denunció por haber recibido contratos de la alcaldía de Samuel Moreno?
Amanecerá y veremos. El caso es que a todos nos queda muy claro que para Petro los niños son apenas una variable en su cálculo electoral: una variable a despreciar.
