Según el Instituto de Estadísticas de Naciones Unidas, Colombia invierte en investigación y ciencia el 0,3 % de su PIB y cuenta con 58 científicos por millón de habitantes. El Reino Unido invierte el 1,7 % de su PIB en este mismo sector para sumar 4227 científicos por millón de habitantes, y Francia el 2,3 % y tiene 4233 científicos por millón de habitantes. El Reino Unido invierte 5,7 veces más porcentaje de PIB en ciencia que nosotros, Francia 7,7 veces más, y tienen casi 73 veces más científicos por millón de habitantes que Colombia. Con los datos anteriores en mente, pensemos en esto: Francia prohibió el fracking en 2011 y el Reino Unido estableció una moratoria similar en 2019. Cuando el camino de la prohibición es el que se impone en países con décadas de inversión destinada a la construcción de un sólido conocimiento científico, el gobierno de las jugaditas, aupado por el ambientalismo de salón, quiere con su “ciencia” del conflicto de interés desconocer el rumbo de un mundo que se aleja de los hidrocarburos para condenar a nuestros territorios a un futuro aún más tóxico, cuando ya la crisis climática nos amenaza hasta en forma de huracán de máximo poder destructivo, como vimos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina las pasadas semanas.
En la interpretación uribista de la ciencia, son las petroleras y el Ministerio de Minas quienes diseñan el proyecto, toman los datos y luego hacen la evaluación: los mismos que serían beneficiados del resultado, financian y llevan a cabo la “investigación”; como si un día se decidiera por decreto que las empresas tabacaleras estarían encargadas de cuantificar los daños causados por el cigarrillo. Sin importar la oposición generalizada al fracking, las advertencias de Contraloría, Procuraduría y Consejo de Estado, en un escenario de pandemia enrarecido además por amenazas de muerte a líderes ambientales opositores, el gobierno aceleró todos los procesos para así entregar, a través de la ANH, el primer contrato de pilotos a Ecopetrol. Como escenario de experimentación para una enfermedad ya evaluada por la ciencia (Francia, Reino Unido y otras regiones), se impuso al corregimiento kilómetro 8 del municipio de Puerto Wilches (Santander), el proyecto piloto Kalé 1, que desde su misma concepción en términos de escala espacial y temporal, de llevarse a cabo, no recopilaría información representativa sobre una técnica intensiva en ocupación de territorios, cuyos efectos se manifiestan después de años de explotación, como se ha recopilado en comunidades afectadas de Estados Unidos y Argentina.
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Según las proyecciones de Ecopetrol presentadas al Concejo de Barrancabermeja, su pozo consumiría 47,7 millones de litros de agua y 230 toneladas de arena
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En este sentido valdría la pena señalar al menos dos aspectos llamativos de las presentaciones que por estos días hace Ecopetrol: los intensivos consumos de agua y arena. Con respecto al agua, el promedio contaminado durante el fracturamiento en las cuencas de los Estados Unidos en 2018 fue aproximadamente de 46,1 millones de litros por pozo. Según las proyecciones de Ecopetrol, presentadas ante el Concejo de Barrancabermeja, su pozo consumiría una cantidad todavía mayor: 47,7 millones de litros que serían extraídos por medio de un pozo, de agua no potable, de un acuífero profundo. Aquí comienzan los ejercicios que no son representativos de lo que sería una explotación a escala comercial, sin posibilidades económicas si se hiciera con agua que tuviera que extraerse perforando pozos. La realidad en Estados Unidos y Argentina habla de agua tomada de fuentes superficiales, que además de los graves impactos ambientales asociados, debe ser transportada en carrotanques, lo que implicaría más de 1200 viajes por las deterioradas vías de la región para fracturar solamente un pozo.
Para el caso de la arena, según la misma presentación de Ecopetrol, proyectando 20 etapas de fracturamiento, se mencionan 230 toneladas, valor que podríamos suponer corresponde a cada etapa si se revisa la presentación que hace la ANH ante la Comisión V de la Cámara de Representantes, que menciona un uso típico de arena entre 300.000 y 500.000 libras. Para 20 etapas se emplearían entonces 4.600 toneladas de “arena”, que para el proyecto piloto, de nuevo, mencionan sería “propante” sintético, importado en su totalidad. De nuevo, esta no es una realidad en la escala comercial, que necesita minería para la extracción de esta cantidad de material con las afectaciones ambientales inherentes, e implicaría 450 viajes adicionales de volquetas para un solo pozo. Según un estudio en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos, los costos de mantenimiento por el aumento del tráfico de camiones en las carreteras estatales en 2011 estaban entre 13.000 y 23.000 dólares por pozo, y el tráfico de camiones necesario para entregar agua a un solo pozo de fracking causa tanto daño a las carreteras locales como casi 3,5 millones de viajes de automóvil. Esta es la “ciencia” de un gobierno, que en compañía de un “ambientalismo” a su servicio, vela por intereses económicos particulares sin importar que, en Estados Unidos, la quiebra del fracking sea masiva. Y para Puerto Wilches, la política de tierra arrasada.
