Piedad Córdoba espera una decisión del Consejo de Estado que tumbe la muerte política que le decretó el procurador Alejandro Ordóñez por la llamada Farc política, un fallo que en principio le despejaría su horizonte político. Pero la exsenadora tiene otro obstáculo que no le permitiría regresar al ruedo político y electoral ya que sobre ella pesa otra sanción disciplinaria que está aún vigente.
En mayo de 2012 el Procurador la inhabilitó por 14 años acusada de haberle aportado recursos a la campaña del aspirante a la Cámara por Antioquia, Ricardo Montealegre, siendo Senadora. Según Ordóñez, la exsenadora "desconoció la prohibición constitucional para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos". Así las cosas, Piedad Córdoba estaría inhabilitada para participar en política u ocupar cargo público.