El artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 faculta al distrito para promulgar la norma, objeto del debate. Esta consiste en exonerar del pico y placa, de manera anual, a los ciudadanos que paguen 4.2 millones de pesos. Esto no tiene muy contentos a un grupo de bogotanos.
A priori, esta medida es una locura. Se les vendió la movilidad a los ricos, las élites dominan las carreteras de Bogotá, el que tiene plata puede saltarse la norma, todos estos son vagos raciocinios que se encargan de polarizar a la población bogotana.
Sin embargo, esto no es del todo como lo pintan. Como diría Bastiat, debemos analizar lo que no se ve. Empecemos por las formas que usan los capitalinos para transitar durante el pico y placa, de manera legal.
La parte de la población que no tiene un alto poder adquisitivo no tiene otra solución que utilizar el TransMilenio y el SITP para movilizarse. Es decir, no realizarían el pago por la exoneración y su situación no cambiaría.
No obstante, los capitalinos con altos ingresos tienen un margen de maniobra más amplio para transitar a pesar de la restricción. Unos gastaron millones de pesos blindando sus vehículos para quedar exentos, otros compraron un segundo vehículo con una placa opuesta a la que ya poseían. Si observamos detenidamente, esta parte de la población le otorgó grandes beneficios a la industria automotriz.
Usar medios de transporte que se impulsan con combustibles fósiles tiene costos directos, como la gasolina y los impuestos, e indirectos, como la contaminación. Esta última es extremadamente nociva para el medio ambiente y por ende para los bogotanos.
Lo que busca el distrito, a través de la Secretaría de Movilidad, es captar recursos destinados para transitar durante el pico y placa y utilizarlos para combatir la problemática ambiental. Esta medida beneficia a todo ciudadano bogotano, independientemente de si pague o no la tasa.
Más que un aumento de la desigualdad, esta propuesta de Peñalosa es una búsqueda del aumento del bienestar colectivo. Nadie se beneficia de consumir aire contaminado y ni hablar de los costos que esto desencadena para el, ya reventado, sistema de salud. Pero, en mi opinión, se debería acompañar la norma de un plan de inversiones financiado con el recaudo. Este debe tener como destino una modernización del sistema de transporte público, fomentando la implementación de energías sostenibles junto con un aumento en la eficiencia de las rutas.
Como resultado, tendríamos una mejor movilidad sumada con mejores condiciones para habitar la capital y nos comprometeríamos con la problemática ambiental. Una medida popular y eficiente, digna de la capital del país.
